Los defensores del proteccionismo estatal en materia laboral viven instalados en lo que Friedrich Hayek llamaba "el espejismo de la justicia social". Los sindicatos mayoritarios, callados durante toda la legislatura anterior y la mayor parte de la presente, se disponen en unos días a convocar una huelga general en protesta por los recortes de "derechos sociales" y por la "reforma del desempleo". Obviamente es de suponer que los sindicatos no defienden los intereses de los trabajadores, por que entonces abrazarían, o al menos entenderían necesaria, la reciente reforma laboral, que como ya señalamos aquí es con todo insuficiente.
Vivimos en tiempos extraños: los sindicalistas, como también los políticos, los burócratas, los economistas, los juristas, todos en general, hablan del "derecho a la huelga" como un concepto indiscutible, entre tanto el cierre patronal no es considerado como un derecho equiparable al de huelga. Por otro lado todas las anteriores categorías se compadecen de la posición de debilidad de los trabajadores frente a la omnipotencia del despiadado empresario y ante la dinámica impacable y salvaje del sistema capitalista, paradójicamente cuando la parte débil de la relación contractual-laboral es el empresario. Para el empresario la quiebra de la empresa supone la pérdida de todo el capital sin que tenga derecho a una percepción pública por desempleo. El trabajador en cambio es la parte privilegiada: su capital son sus aptitudes profesionales, susceptibles de poder ser utilizadas en cualquier otra actividad o en otra empresa, y el riesgo de quedarse sin empleo queda neutralizado con la cobertura al desempleo que proporciona el sistema público. Pese a la evidente posición de debilidad del empresario o del patrono a ninguno de los actores implicados, ya sea el gobierno, la oposición, los sindicatos, las asociaciones de empresarios, se le ha ocurrido actuar promoviendo un cierre masivo de las empresas del país, o pidiendo al legislador que instaure un "derecho de los patronos o de los empresarios".
Para un liberal la huelga es ciertamente un tema complejo. Ante todo no es un derecho, al menos según lo previsto por las constituciones clásicas, como la americana o la británica -ese conjunto de normas jurídicas singulares que conforman un orden constitucional no escrito-. En todo caso la huelga, al igual que el cierre patronal, es una situación de fuerza entre los trabajadores, o entre los sindicatos de trabajadores, y el patrón en el seno de la empresa. Hay quien ha señalado que los problemas con el cumplimiento de los servicios mínimos derivados del ejercicio de la huelga se solventarían con una "ley de huelga". Lo cierto es que las condiciones del ejercicio de la huelga deberían ser pactadas por las partes que suscriben el contrato, y de manera supletoria por los convenios colectivos con valor normativo. Ante todo el "derecho de huelga", al igual que el "no-derecho" al cierre patronal no pueden amputar "derechos auténticos" como el de libre circulación, el de la libre empresa, el de propiedad, et alii. La huelga no puede servir de pretexto para que los representantes unitarios, los propios trabajadores o los llamados piquetes informativos -muchas de las veces coactivos- extorsionen al resto de ciudadanos. Tales extorsiones impuestas a la población, por ejemplo en aquellos casos de incumplimiento de los servicios mínimos, son habituales en un régimen fascista pero en cambio son inadmisibles en un estado de derecho. Por suerte, y a pesar de la exasperante actitud condescendiente de Moncloa, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid ha comprendido el sentido de la máxima "salus publica suprema lex esto" y ha sabido no ceder al chantaje sindical.
Los sindicatos, hábiles en la práctica de la demagogia, intentan confundir tanto a los trabajadores a quienes dicen defender como a la opinión pública. Su interés no es el de lograr un mercado laboral flexible que sea competitivo -es decir, basado en la búsqueda de diferencias entre los oferentes y los demandantes de trabajo- y que proporcione incentivos a las personas innovadoras. Su interés reside en el mantenimiento de un mercado hiperregulado y sobreprotegido, donde los sindicatos ostenten numerosos privilegios, como el de determinar las condiciones de la contratación a través de los convenios colectivos. Ahora que la realidad hace ver a muchos que la desregulación del mercado laboral para dar alas a la libertad contractual, los tributos proporcionales y no confiscatorios y la liberalización del perverso sistema de Seguridad Social son la receta para el crecimiento económico, el empleo y la inversión, tanto el gobierno como su comparsa sindical parecen haber escogido el camino equivocado.
Vivimos en tiempos extraños: los sindicalistas, como también los políticos, los burócratas, los economistas, los juristas, todos en general, hablan del "derecho a la huelga" como un concepto indiscutible, entre tanto el cierre patronal no es considerado como un derecho equiparable al de huelga. Por otro lado todas las anteriores categorías se compadecen de la posición de debilidad de los trabajadores frente a la omnipotencia del despiadado empresario y ante la dinámica impacable y salvaje del sistema capitalista, paradójicamente cuando la parte débil de la relación contractual-laboral es el empresario. Para el empresario la quiebra de la empresa supone la pérdida de todo el capital sin que tenga derecho a una percepción pública por desempleo. El trabajador en cambio es la parte privilegiada: su capital son sus aptitudes profesionales, susceptibles de poder ser utilizadas en cualquier otra actividad o en otra empresa, y el riesgo de quedarse sin empleo queda neutralizado con la cobertura al desempleo que proporciona el sistema público. Pese a la evidente posición de debilidad del empresario o del patrono a ninguno de los actores implicados, ya sea el gobierno, la oposición, los sindicatos, las asociaciones de empresarios, se le ha ocurrido actuar promoviendo un cierre masivo de las empresas del país, o pidiendo al legislador que instaure un "derecho de los patronos o de los empresarios".
Para un liberal la huelga es ciertamente un tema complejo. Ante todo no es un derecho, al menos según lo previsto por las constituciones clásicas, como la americana o la británica -ese conjunto de normas jurídicas singulares que conforman un orden constitucional no escrito-. En todo caso la huelga, al igual que el cierre patronal, es una situación de fuerza entre los trabajadores, o entre los sindicatos de trabajadores, y el patrón en el seno de la empresa. Hay quien ha señalado que los problemas con el cumplimiento de los servicios mínimos derivados del ejercicio de la huelga se solventarían con una "ley de huelga". Lo cierto es que las condiciones del ejercicio de la huelga deberían ser pactadas por las partes que suscriben el contrato, y de manera supletoria por los convenios colectivos con valor normativo. Ante todo el "derecho de huelga", al igual que el "no-derecho" al cierre patronal no pueden amputar "derechos auténticos" como el de libre circulación, el de la libre empresa, el de propiedad, et alii. La huelga no puede servir de pretexto para que los representantes unitarios, los propios trabajadores o los llamados piquetes informativos -muchas de las veces coactivos- extorsionen al resto de ciudadanos. Tales extorsiones impuestas a la población, por ejemplo en aquellos casos de incumplimiento de los servicios mínimos, son habituales en un régimen fascista pero en cambio son inadmisibles en un estado de derecho. Por suerte, y a pesar de la exasperante actitud condescendiente de Moncloa, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid ha comprendido el sentido de la máxima "salus publica suprema lex esto" y ha sabido no ceder al chantaje sindical.
Los sindicatos, hábiles en la práctica de la demagogia, intentan confundir tanto a los trabajadores a quienes dicen defender como a la opinión pública. Su interés no es el de lograr un mercado laboral flexible que sea competitivo -es decir, basado en la búsqueda de diferencias entre los oferentes y los demandantes de trabajo- y que proporcione incentivos a las personas innovadoras. Su interés reside en el mantenimiento de un mercado hiperregulado y sobreprotegido, donde los sindicatos ostenten numerosos privilegios, como el de determinar las condiciones de la contratación a través de los convenios colectivos. Ahora que la realidad hace ver a muchos que la desregulación del mercado laboral para dar alas a la libertad contractual, los tributos proporcionales y no confiscatorios y la liberalización del perverso sistema de Seguridad Social son la receta para el crecimiento económico, el empleo y la inversión, tanto el gobierno como su comparsa sindical parecen haber escogido el camino equivocado.
Yo siempre he sido partidario del modelo irlandés (buena edudcación, alta tecnología, impuestos bajos). El problema radica que en España es justo al revés. Una educación de risa, una "productividad" tercermundista basada en mano de obra barata y unos impuestos altísimos que masacran a los empresarios. No es de extrañar que el paro sea crónico.
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