OCCIDENTE Y EL DESAFÍO DE LA INMIGRACIÓN

Hace no pocas semanas la decisión del presidente Sarkozy de expulsar de Francia a unas centenas de inmigrantes rumanos, todos, o al menos la mayoría, gitanos, levantó ampollas entre una buena parte de la ciudadanía francesa. Francia es una de las grandes receptoras de inmigrantes del orbe occidental, particularmente de aquellos inmigrantes originarios de antiguas excolonias del Magreb o del África ecuatoriana. Corría el 2005 cuando en diversas urbes galas tuvieron lugar durante varios días una serie de disturbios públicos entre los inmigrantes de lo que se llama “tercera generación” y las fuerzas del orden francesas, graves altercados que aparte de dejar tras de sí una estela de destrozos y estragos alertaron no sólo a la población nativa francesa, si no también al resto de vecinos europeos sobre la mala adaptación de parte de los nuevos ciudadanos a sus patrias de acogida. Los millones de euros destinados a la financiación de programas de integración han supuesto un derroche de recursos inútil; muchos inmigrantes no sólo no se han integrado y siguen viviendo en sus particulares guetos, si no que incluso una minoría se ha revelado contra la sociedad de acogida.

La inmigración ha supuesto un punto positivo para las naciones occidentales. Hay inmigrantes que han dado a sus nuevas patrias tanto, o quizá más, como de ellas han recibido. Muchos de los grandes hombres de América tienen raíces en otros países. En Francia el propio presidente Sarkozy es hijo de padre húngaro. El viceprimer ministro británico, Nick Clegg, está casado con una española. En España, país tradicionalmente emigrante, ya fuera por ansia de oro y tierras o por penuria económica y represión política, son ya millones los extranjeros que conviven con los nativos. Es evidente que la inmigración enriquece la cultura nacional, sobre todo cuando en países como Francia ésta se antoja aburrida y monolítica. Y no sólo la cultura, también la economía. Sectores capitales para la economía nacional española, como la construcción o las tareas agrícolas, son en gran parte sostenidos con la barata mano de obra extranjera. No obstante los problemas derivados de la inmigración son causados por la intervención de los poderes públicos.

Partamos de un ejemplo simple pero ilustrativo para tratar la problemática de la inmigración. Imaginemos que uno mismo organiza en su casa, de la que es propietario, una fiesta para sus amistades. Y ocurre que se cuela un indeseable, es decir, alguien que no estaba invitado al convite. El extraño comienza a devorar los manjares que he pagado de mi bolsillo, y viendo el percal, decido echarlo a trompicones de mi morada y darle con la puerta en las narices. Posiblemente nadie medianamente cabal se atreverá a acusarme de “insolidario”. ¿Entonces por qué motivo ha de ser una falta de solidariedad por parte del gobierno de la República Francesa el proceder a la expulsión de personas que viven sin oficio ni beneficio a costa del sistema de Seguridad Social pagado por todos los contribuyentes franceses? El problema central de la inmigración no es la llegada de gentes deseosas de trabajar y vivir en un nuevo país de acogida, si no la existencia de un cierto número de “polizones” o “free riders” que se aprovechan de la amplísima cobertura social de los gobiernos europeos -aunque esto también ocurre en algún que otro estado americano- sin aportar nada a cambio a los nativos salvo delincuencia y mendicidad. Tejas, estado que comparte una amplísima frontera con los vecinos Estados Unidos Mexicanos, tiene pocos problemas con la inmigración ilegal. Los inmigrantes que pisan suelo tejano saben que no disponen de la caridad del estado, y por esa misma razón Tejas sólo acoge a los inmigrantes deseosos de trabajar por su nuevo país de residencia. La mayor parte de los polizones que cruzan el borde exterior de la República se dirigen hacia estados como California o Nueva York, donde el sistema de Seguridad Social está más extendido. En suma existe una relación de causalidad entre el número de inmigrantes que se desplazan de una nación a otra y la extensión de la cobertura de la Seguridad Social. Las políticas sociales son un reclamo para los polizones que principalmente llegan al país de forma clandestina o "ilegal". Por eso mismo la postura de la izquierda más altermundista no puede ser más contradictoria: inmigración sí, pero aún a costa de afrontar las externalidades derivadas del problema del polizón.

De buena fe que el problema de la inmigración se deriva de la elevada estatificación de las naciones occidentales. Es el estado quien determina el óptimo de población inmigrante, el que dice quien entra y quien no en el país, el que regulariza de forma arbitraria a millones de inmigrantes que no disponen de medios de subsistencia como tampoco de un contrato de trabajo. Como bien señala un gran francés, Pascal Salin, “la mejor política de inmigración es no tener ninguna”. ¿A qué se referirá el economista liberal, valga la redundancia, con tal afirmación? Lo que critica Salin es que el estado se ha arrogado la potestad de regular los flujos migratorios, cuando la inmigración debe ser una materia sometida a los intereses de la nación, esto es, el conjunto de los ciudadanos libres que ejercen de forma mancomunada un derecho de propiedad sobre cierto territorio. La nación debe ser la que a través de la fórmula del contrato fije las reglas y la que excluya a ciertas personas de vivir y de trabajar en el país de acogida. Así se evitarían los problemas derivados de la deficiente integración de ciertos grupos de inmigrantes. "La libertad de migración no significa, pues, que un “extranjero” tiene derecho de ir adonde quiera, sino que puede ir libremente allí donde existe voluntad de recibirlo”, afirma Salin. El gobierno, principalmente el nacional, no puede obligar a los nativos a aceptar a nuevos vecinos en su comunidad, máxime cuando no existe voluntad de acogida. De la forzosa integración de ciertos colectivos surgen brotes de xenofobia o de racismo entre la población originaria que pueden parecernos absurdos, pero que son completamente comprensibles: así ocurre con los mexicanos en Arizona y California, los árabes en Suiza y los Países Bajos, los africanos subsaharianos en Francia o los gitanos rumanos en España. Los ciudadanos de dichos lugares ven, con mayor o menor razón, al inmigrante como un individuo que se aprovecha de los beneficios de vivir en un estado con un sistema de Seguridad Social tan extendido.

Pareja a la inmigración está la cuestión del estado de bienestar. Quien decide abandonar su patria y aventurarse a vivir y trabajar en otro país debe saber que lo hace por su cuenta y riesgo. En ese sentido el estado de bienestar es un mecanismo de promoción de la inmigración ilegal, por eso mismo si queremos admitir el principio de la libertad de migración debemos aceptar la demolición del estado de bienestar como algo necesario. El inmigrante que, como ocurre en Tejas, llega a Cataluña con un contrato de trabajo para trabajar en una empresa local deberá costearse su propia supervivencia la igual que deberán hacerlos los nacionales; mediante un seguro médico privado o una cuenta de pensiones basada en el sistema de capitalización, por poner algunos ejemplos. Puede existir la posibilidad de que una persona física o una institución privada decida actuar de “fiador” del inmigrante recién llegado, garantizando a las instituciones públicas su viabilidad financiera y asumiendo una suerte de responsabilidad subsidiaria frente a la Administración. Si hay tanto solidario manifestándose en pro de los inmigrantes, ¿por qué no organizan una asociación o fundación con la que ayudarlos, en lugar de solicitar que sea el estado, y por ende los contribuyentes, los que subsidien a todos aquellos que llegan con lo puesto a la frontera? En cualquier caso el municipio ha de ser el gobierno que gestione las relaciones del inmigrante con la sociedad receptora: permiso de residencia efectiva, regularización fiscal, acceso a prestaciones sociales mínimas, etcetera. Hay quien asume que las autoridades nacionales pueden establecer algo parecido a un mercado de permisos de residencia y trabajo, pero esa posibilidad no hace sino conceder al gobierno la facultad para decidir quien entra y con qué condiciones en el país.

Cuestión importante es la concesión de determinados derechos políticos, propios de la condición de ciudadano, a los inmigrantes; problemático es el acceso al sufragio activo o pasivo. Señala Jesús Huerta de Soto en un paper titulado A Libertarian Theory of Free Immigration que “[los inmigrantes] no tienen derecho a usar el mecanismo de la coerción política –el voto democrático- para promover políticas fiscales redistributivas o para intervenir en los procesos espontáneos de los mercados nacionales a los que han accedido […] Sólo después de un dilatado período de tiempo, una vez considerada la posibilidad de que los inmigrantes hayan absorbido los principios culturales de su nueva sociedad, se les podría conceder la plena ciudadanía, incluyendo los derechos de sufragio activo y pasivo. A propósito de esto, la regla establecida en la Unión Europea, donde los ciudadanos de cualquier otro estado miembro de la UE pueden votar en las elecciones al municipio donde residen, es altamente cuestionable”.

Es destacable señalar que los inmigrantes sólo han de observar las leyes del país, particularmente la ley penal y la legislación civil en materia de derechos reales, contratos y familia, y no cuestiones de índole consuetudinaria -como el cerrar los negocios en domingo-. Así son un verdadero dislate las propuestas de los conservadores basadas en un “contrato de integración” en el que el inmigrante debe observar y cumplir con las costumbres de la comunidad local o con la moral del país de acogida. Lo que fundamentalmente interesa a la nación de acogida es que el inmigrante no se convierta en un criminal o que atente contra los derechos de sus vecinos, su modo de vida es indiferente siempre que no suponga una alteración del orden público -siempre cabría evitar prácticas salvajes como la mutilación genital o la violencia en el ámbito doméstico-. En caso de que el inmigrante cometa un delito tipificado como tal en la ley penal, además de aplicarle la misma pena que se le impondría a una persona nacional, cabría castigar con la expulsión –definitiva según que casos- al reo declarado culpable en un proceso con todas las garantías. Esta posibilidad está recogida en el Código Penal español.

En suma, de todo lo detallado en el presente texto se desprende la siguiente idea: todo ser humano tiene el derecho innato a buscar su felicidad, aún cuando ello implique abandonar su patria natal y desplazarse a otro lugar en busca de nuevas oportunidades. La sociedad de acogida, y no el estado, es la legitimada para ejercer las correspondientes exclusiones a ciertos tipos de inmigrantes, pues dichas exclusiones se basan en el derecho de propiedad. El inmigrante deberá asumir por su cuenta y riesgo su estancia en el país receptor, respetando la ley nacional y los derechos de sus nuevos vecinos. Pasado un lapso de tiempo prudencial que indique que el inmigrante se ha adaptado sin mayores problemas a la vida en su nueva nación, procederá concederle la nacionalidad con todos los derechos políticos aparejados. En todo caso la libertad migratoria es incompatible con la existencia de un sistema de Seguridad Social; para practicar una no-política de inmigración deberá efectuarse una reforma orientada a fortalecer las iniciativas privadas basadas en la responsabilidad individual.