Dinero y bancos centrales (II): Historia del Banco de España

El Banco de España, como todos sus homólogos occidentales, no era ab initio un monopolio estatal. Al igual que en el caso del Banco de Francia, es por obra y gracia del estado como un banco privado que competía con otras entidades bancarias dentro de un sistema liberal ha acabado por convertirse en un monopolio que tiene la potestad para determinar el funcionamiento del dinero que manejamos en nuestras carteras. Para comprender el alcance del Banco de España, así como su trayectoria, debemos retroceder en el tiempo algo más de doscientos años. Exactamente, el 2 de junio de 1782 una Real Cédula fundaba, por mandato de Carlos III, el Banco Nacional de San Carlos, primer banco moderno en el ámbito nacional y antecesor directo del actual Banco de España. Con un capital inicialmente privado, el banco estuvo bajo la protección del patrimonio real, de ahí que el nombre fuera tomado del rey Carlos III. Su creación obedeció en un principio al crecimiento de la deuda pública, razón que siempre estuvo presente en la trayectoria del banco a pesar de las diversas reformas experimentadas en el tiempo.

El primer director del Banco Nacional de San Carlos fue Fernando Cabarrús, un banquero de origen francés residente en Madrid y principal promotor de la fundación del banco, quien en 1780 convenció a la Real Hacienda de la posibilidad de emitir y colocar los denominados vales reales como nueva clase de deuda pública. El principal y primerísimo problema al que el banco tuvo que hacer frente fue la depreciación que soportaban los vales reales. La solución pasó por autorizar al banco a adquirir tales títulos a la vista y mediante pago en metálico. En los primeros años el banco estuvo capacitado para emitir billetes al portador, facultad que ejerció en pocas y contadas ocasiones. Los negocios del banco fueron, en un principio, boyantes, a posteriori las intervenciones militares que la Corona mantuvo entre 1793 y 1814 -entre ellas la Guerra de Independencia- llevaron al Banco a una difícil situación. En 1814 la deuda del Estado respecto al banco era de 300 millones de reales, suma considerable para la época, y pese a ello el banco permaneció en funcionamiento aún con las reducidas operaciones de descuentos en Madrid y de negociación de letras en otras ciudades. La esperanza de los accionistas estaba puesta en la devolución total del crédito, o de al menos parte del mismo, por parte de la Real Hacienda, cosa que ocurrió en 1829 cuando el entonces Ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, instituyó el sistema de Presupuestos Anuales de Gastos e Ingresos, una práctica que se venía dando desde tiempo atrás.

Por los cálculos del sistema presupuestario, la Real Hacienda se veía necesitada de una entidad financiera que a corto plazo estuviese posibilitada de adelantar recursos al Gobierno con el fin de paliar la descompensación entre las salidas y las entradas de dinero en el Tesoro. López Ballesteros pensó entonces en dotar al Banco de San Carlos con un fondo de 40 millones de reales. Los accionistas del banco decidieron fundar una nueva institución, el Banco Español de San Fernando. Esta nueva entidad financiera nació con la facultad de emisión, a la cual recurrió con extrema prudencia, siendo por aquel entonces el único banco emisor, situación que se prolongaría hasta 1844. En dicho año nacieron otros dos bancos con la potestad para imprimir y poner en circulación papel-moneda; el Banco de Isabel II, sito en Madrid al igual que el de San Fernado, y el Banco de Barcelona. Dos años después, en 1846, fue creado el Banco de Cádiz con la función de distribuir en esa ciudad los billetes emitidos por el Banco de Isabel II. En Madrid, el Banco de Isabel II se presentó como principal competidor del Banco Español de San Fernando en la circulación de papel-moneda. En este campo, el Banco de Isabel II demostró una enorme iniciativa y la valía de sus innovadores métodos. En materia de concesión de créditos, tanto la nueva institución como su rival el Banco Español de San Fernando, seguían prácticas de actuación diferentes. El Banco Español de San Fernando mantenía sus tradicionales negocios con el Estado, mientras que el Banco de Isabel II preferentemente se centró en satisfacer las demandas de crédito del sector privado, en pleno período alcista tanto en las inversiones como en la producción. Empero, el Banco de Isabel II cometió el error de conceder créditos a unos determinados deudores asumiendo un alto riesgo ante la poca solvencia de los mismos. La crisis financiera de 1847 sumió al banco al borde de la suspensión de pagos, por lo que el más que probable riesgo de bancarrota se evitó con la fusión al Banco Español de San Fernando. La entidad resultante de la fusión de ambos bancos conservó el nombre de Banco Español de San Fernando.

El reconstituido Banco Español de San Fernando tuvo que afrontar los problemas financieros derivados de la fusión con el Banco de Isabel II. Con el fin de sanear las cuentas de la entidad, en 1849 fue nombrado director del banco Ramón Santillán, un experto en finanzas públicas que anteriormente había ocupado el Ministerio de Hacienda. Santillán superó el trance con éxito y ya en los primeros años de 1850, ante la conveniencia de extender la actividad crediticia y la emisión de papel-moneda al resto del territorio nacional -por aquel entonces el ámbito de actuación del banco se circunscribía a Madrid-, planteó que el Banco Español de San Fernando bajo el nombre de Banco de España abriera sucursales en las principales ciudades, salvo en Barcelona y Cádiz puesto que ya contaban con sus propios bancos emisores. Tras la Vicalvarada de 1854, el Gobierno autorizó la creación de bancos emisores provinciales, independientes del Banco de España, cuyo nombre quedó finalmente instituido en 1856. Esto, sumado al hecho de que alrededor de veinte ciudades españolas dispusiesen de bancos propios emisores de papel-moneda, fue el motivo del fracaso del ambicioso plan de Santillán. El ámbito de acción del Banco de España quedó reducido a la capital y a las ciudades de Alicante y Valencia, en las cuales se abrieron las primeras sucursales. En 1874, a raíz de las necesidades financieras derivadas de las guerras carlista, cantonal y colonial que asfixiaban al Gobierno de la República presidido por el general Serrano, se dispuso como contraprestación de un crédito de enorme importancia la concesión del monopolio de emisión de papel-moneda al Banco de España. Los bancos provinciales tuvieron que optar por permanecer como bancos comerciales sin facultad para imprimir billetes, o por integrarse en el Banco de España en calidad de sucursales del mismo. Es éste el origen de la red de sucursales bancarias que el Banco de España tuvo en su momento por todo el territorio nacional, un total de 55 hacia 1887 y que aumentaría hasta 70 en años posteriores.

Con la intervención gubernamental las relaciones entre el Banco de España y los bancos privado quedarían reguladas por la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, el primer intento serio de convertir a un banco emisor en un banco central. A través de esta Ley el Banco de España vio ampliar su capital, le fue confiada la inspección de la banca privada y se estableció un tipo de interés preferente para las operaciones de redescuento con los bancos privados. También se comenzó a regular a través del banco la política cambiaria con el exterior. Fue en la defensa del tipo de cambio de la peseta en donde se gestaría una creciente oposición entre el Gobierno y el Banco de España a lo largo de los años 20 y los primeros seis años de la década de 1930. Los choques entre el Gobierno y el Banco se debían a la posibilidad de disponer de las grandes reservas de oro acumuladas por el Banco desde comienzos del siglo XX, de las cuales se deshicieron las autoridades del Gobierno legítimo de la República en la compra de armamentos y municiones durante la Guerra Civil. Con la dictadura militar del general Franco, la política financiera y el papel que en ella tendría el Banco de España se correspondieron con la ideología autoritaria del nuevo Régimen. La Ley de Ordenación Bancaria de 1946 otorgaba al Gobierno la mayoría de las competencias en política monetaria, lo cual dejaba en mal lugar al Banco de España, pues su papel activo se veía reducido al de un mero apéndice administrativo del Ministerio de Hacienda. Ya con el Plan de Estabilización de 1959 se aminoraron las tendencias dirigistas en la economía por lo que los criterios de mercado tuvieron una mayor consideración en la toma de decisiones y en el mismo sentido se materializó una cierta tendencia aperturista respecto al exterior. Tales cambios tuvieron por resultado la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca de 1962, así como otras normas complementarias, entre las cuales es de destacar el Decreto-Ley de 7 de junio del mismo año, de Nacionalización y Reorganización del Banco de España, en base al cual la entidad abandonó su carácter de sociedad privada. La Ley de Bases seguía otorgando la facultad de dictar la política monetaria al Ministerio de Hacienda, pero al mismo tiempo se reconocía al Banco un cierto criterio de autoridad y unas competencias de tipo funcional destinadas a ejecutar y desenvolver las medidas oportunas en materia monetaria.

Con la llegada de la etapa democrática, el Banco de España completó en varias etapas su configuración como Banco Central encargado de la regulación y control del sistema financiero. El Banco vería garantizada su autonomía funcional a la hora de ejecutar la política monetaria en primer lugar con la Ley de Órganos Rectores del Banco de España, de junio de 1980, y en segundo lugar con la Ley de Autonomía, de junio de 1994. La entrada del Reino de España en la Comunidad Europea y la consecuente adaptación a los criterios de convergencia con la Unión Económica y Monetaria europea, ampliados tras Maastricht, han integrado al Banco de España en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, del que el banco es miembro junto con los bancos centrales del resto de naciones de la Unión Monetaria y el Banco Central Europeo.