Pensiones: la estafa de los sistemas de reparto

Con el ministro del Kaiser, Otto von Bismarck, Alemania no sólo se convirtió en una nación militarista e industriosa, sino en el modelo de estado providencia que en las siguientes décadas habría de guiar al resto de naciones de Europa. El llamado "socialismo prusiano", digamos el equivalente de la Sociedad Fabiana de la Gran Bretaña victoriana; antecedente directo de la moderna socialdemocracia y de la democracia cristiana, preconizaba la intervención del estado en asuntos laborales y sociales. Bismarck dijo, según Guglielmo Ferrero, que "el liberalismo es una chiquillada, la revolución es la fuerza". Entre las numerosas medidas proteccionistas dictadas por el gobierno imperial para frenar el empuje del marxismo entre los sindicatos de trabajadores y los partidos políticos figuraba la instauración de un sistema público de pensiones y seguros frente a la vejez, la viudedad, la enfermedad y el desempleo.

En España el eco de la legislación alemana en materia de pensiones estatales tuvo como respuesta la Ley de Accidentes de Trabajo, de 30 de enero de 1900, ley importante por que establecía un sistema de seguros sostenido públicamente, transformaba la responsabilidad culposa en una responsabilidad por riesgo y sentaba la primera piedra del sistema público que hoy conocemos. Sin embargo no es hasta la etapa desarrollista del Franquismo cuando se regula el sistema público de pensiones como tal a través de una Ley de Bases de la Seguridad Social (1963) que completa a la anterior Ley de Seguridad Social de 1956 y de una Ley General de la Seguridad Social (1974). Estas tres normas, refundidas por el Real Decreto Legislativo 1/1994, son las principales fuentes del sistema de prestaciones estatales. El hito más importante del Franquismo, junto con el despegue económico -fruto de la liberalización de los mercados, no lo olvidemos- fue la instauración de un sistema público de pensiones que adelantó a las medidas previstas en las normas que en materia de mutualidades se habían venido adoptando durante la posguerra -véase, por ejemplo, la Ley de Mutualidades de 1942-. Con todo se puede decir que la Seguridad Social es un invento franquista, un enorme aparato burocrático con fines proteccionistas puesto en marcha por un gobierno autoritario. Como en la Alemania bismarquiana. Ello pese a que los mayores defensores de los sistemas públicos de pensiones sean los socialdemócratas junto con los cristiano-demócratas. Pues vaya.

Hasta los años 1980 la mayoría de los sistemas de protección social puestos en marcha por los gobiernos occidentales seguían el ejemplo del decimonónico modelo alemán. Así ocurría con las pensiones. El truco de las pensiones estatales está en que se organizan en base a un sistema llamado "de reparto". Cada trabajador cotiza con una parte de su salario base, de sus complementos salariales y de las pagas extraordinarias del mismo modo que hacen las sociedades con una parte significativa de sus beneficios brutos. Todos estos fondos se destinan a una "caja común" que administra la Tesorería General de la Seguridad Social, dinero que pasa de ser propiedad de cada persona obligada a cotizar a ser una masa patrimonial de la cual es titular el estado. Las cantidades ingresadas por los trabajadores en activo sirven para pagar las pensiones de los pensionistas actuales. Así no pilla a nadie desprevenido el hecho de que cada cuatro años los políticos jueguen a "ver quien da más" en el tema de las pensiones. Los pensionistas también votan. Los fondos públicos de pensiones no son propiedad de las personas que contribuyen -mediante coacción legal, todo sea dicho- a sostenerlos. Son propiedad del estado, son administrados por burócratas y son negociados por los políticos. Por si no bastase con esto, las sociedades desarrolladas se enfrentan a los caprichos de la demografía: menos trabajadores de refresco que vengan a ocupar los puestos que abandonan los jubilados, que cada vez lo son en mayor número y viven más años. Alguien inteligente se preguntará; ¿Oiga, y un sistema de esta naturaleza, basado en aquello que decía Maynard Keynes de que "a largo plazo todos estamos todos muertos" y no en el ahorro, no corre el riesgo de derrumbarse con la facilidad con que lo hace un castillo de naipes? Realmente la quiebra de la Seguridad Social es una cuestión de tiempo, pese a que todavía entre alguna gente cunda el predicamento de que sólo el estado pueda garantizar a largo plazo la seguridad de unos sistemas "equitativos" de ahorro -como el de pensiones-, frente a la falacia, repetida hasta la saciedad, consistente en denunciar el cortoplacismo de los sistemas privados, que además se suponen "insolidarios".

Chile supo transitar bajo la batuta del liberal José Piñera del modelo de reparto a un modelo de capitalización individual donde cada contribuyente cotiza obligatoriamente -el precio a pagar es la existencia de la coacción gubernamental- según sus necesidades personales a unos fondos que en cualquier caso son de su propiedad. El mercadeo político en torno a las pensiones es mínimo. El modelo chileno fue el precursor de los diferentes sistemas instaurados durante los 1990 en las repúblicas vecinas. En Europa el paraíso de la "justicia social" que era la Suecia socialdemócrata abandonó el monopolio estatal para pasar a un sistema multipilar en el que se combinan el sistema de reparto con un porcentaje de capitalización, las cotizaciones obligatorias con las aportaciones voluntarias. No es que el sueco tenga las virtudes del modelo chileno, pero ya se sabe; "a falta de pan, buenas son tortas". Pese a todo lo que sucede en otras naciones, en España todos los partidos con representación parlamentaria insisten en la viabilidad del sistema de reparto, como bien acordaron en el Pacto de Toledo. Frente a la actitud de los grandes partidos y los grupos de intereses particulares, gran parte de la ciudadanía ha comprendido los peligros que acechan a la vuelta de la esquina, como denuncian los firmantes de la Declaración de Salamanca. Y no sólo eso. Los sistema de reparto no sólo son criticables precisamente por estar basados en el cortoplacismo más enervante. Son criticables por que son perversos e inmorales. Se ha enmascarado bajo la dulzura y el candor que desprenden términos como el de "solidaridad", "justicia social" o "equidad" lo que en realidad es una estafa piramidal sostenida mediante el robo consentido por la ley.

En efecto el esquema de Ponzi, llamado así en honor a su creador, el italiano Carlo Ponzi, es el presupuesto teórico de todas las estafas piramidales. También de las pensiones de la Seguridad Social. Se prometen unos grandes beneficios futuribles a cambio de una módica aportación dineraria o en especie. Los recién llegados al negocio financian a los anteriores inversores. Y así hasta que no quedan más personas que quieran invertir su dinero. Y al final la pirámide se desploma, como atestiguan los millares de afectados por la estafa de Fórum Filatélico y de Afinsa. A Carlo Ponzi lo metieron catorce años en prisión. Los manuales de economía lo presentan como el prototipo de estafador mientas el esquema de Ponzi está tipificado como delito de estafa en muchos países, incluido el Reino de España. Irónicamente, el sistema de pensiones español recibe las alabanzas de todos los políticos, los burócratas, los economistas, los juristas, et cetera, que rechazan cualquier participación de la iniciativa privada en la gestión de los fondos de pensiones. Todo sea por robarle la cartera al desprevenido trabajador en nombre de su seguridad futura.