Pro Libertas et Concordia

NOMBRE DE DOMINIO Y SERVIDOR

2011-01-31T14:22:00.004+01:00

Como todavía no tengo tiempo para jugar con la edición HTML de las plantillas, ni tampoco me he planteado si seguir con el dominio cronicasgallegas.blogspot.com o cambiarlo por otro que se corresponda con la estética y contenido del nuevo sitio, podréis seguir accediendo al blog como si se tratase del antiguo. Prometo que en cuanto pueda me pondré con tiempo y calma a modificar la dirección de dominio y el diseño de la plantilla.

Me gustaría que me dieseis vuestra opinión; ¿Blogger o Wordpress? Por supuesto cualquier tipo se sugerencias serán bien recibidas en mi cuenta de e-correo de Google Mail.

CHANGE

2011-01-31T02:38:00.007+01:00

Si creyese en la reencarnación del Hinduismo probablemente desearía volver a nacer como un americano. De hecho soy de los que consideran que la mayor parte del acervo cultural occidental se lo debemos a los anglosajones. Quizá de mi supuesto americanismo venga esta afición por cambiar de aires cada cierto tiempo. Unas veces, en realidad todas, he decidido llamar a los operarios de mudanzas e irme a otra bitácora. En verdad que me entusiasma escribir en un blog, utilizando la terminología anglosajona al uso. Desde que por septiembre de 2007 me animé a escribir en diversos foros de la politizada Comunidad de El País uno ha aprendido, ha madurado y ha conocido a mucha gente simpática -y no tan simpática-. Ocurre que de vez en cuando me doy por los grandes períodos de descanso, por poner la cabeza a remojo y las ideas en barbecho posiblemente por que me quedo sin ideas y tampoco esto consiste en aburrir al modesto número de visitantes que leen mis escritos. Otras veces es que simplemente ando liado con mi vida académica, o simple y llanamente tengo cosas más entretenidas, como el leer.

Lo cierto es que de un modo u otro estoy en la recta final de mi carrera universitaria. Estos últimos cuatro años en Santiago han sido por el momento los mejores de mi vida. Dentro de uno, o con mala pata, dos años tendré que tomar una decisión acerca de mi futuro académico y profesional. Está claro que todos los estudios de posgrado llevan a Madrid o a Barcelona, y con fortuna, es decir con suerte y dinero, quizás al extranjero. De momento tocará escudriñar los horizontes plausibles de la profesión del jurista, por eso mismo he decidido darle este lavado de cara a mi bitácora, para encontrarme a mí mismo. Abreviando, esto tiene visos de comenzar a marchas forzadas debido a que los días de febrero son poco propicios para aventuras blogueras. Hasta finales de febrero no creo que me ponga con el resto de cosas que han quedado pendientes de un cambio de imagen, así que me huelo que en ese ínterin no publicaré ningún escrito.

De todas formas pueden quedar tranquilos ya que el que les escribe hará acto de aparición en cuanto las vicisitudes del atentar matrimonio y de las operaciones vinculadas le permitan hacer frente a sus quehaceres blogueros.

Dinero y bancos centrales (II): Historia del Banco de España

2010-10-18T18:17:00.005+02:00

El Banco de España, como todos sus homólogos occidentales, no era ab initio un monopolio estatal. Al igual que en el caso del Banco de Francia, es por obra y gracia del estado como un banco privado que competía con otras entidades bancarias dentro de un sistema liberal ha acabado por convertirse en un monopolio que tiene la potestad para determinar el funcionamiento del dinero que manejamos en nuestras carteras. Para comprender el alcance del Banco de España, así como su trayectoria, debemos retroceder en el tiempo algo más de doscientos años. Exactamente, el 2 de junio de 1782 una Real Cédula fundaba, por mandato de Carlos III, el Banco Nacional de San Carlos, primer banco moderno en el ámbito nacional y antecesor directo del actual Banco de España. Con un capital inicialmente privado, el banco estuvo bajo la protección del patrimonio real, de ahí que el nombre fuera tomado del rey Carlos III. Su creación obedeció en un principio al crecimiento de la deuda pública, razón que siempre estuvo presente en la trayectoria del banco a pesar de las diversas reformas experimentadas en el tiempo.

El primer director del Banco Nacional de San Carlos fue Fernando Cabarrús, un banquero de origen francés residente en Madrid y principal promotor de la fundación del banco, quien en 1780 convenció a la Real Hacienda de la posibilidad de emitir y colocar los denominados vales reales como nueva clase de deuda pública. El principal y primerísimo problema al que el banco tuvo que hacer frente fue la depreciación que soportaban los vales reales. La solución pasó por autorizar al banco a adquirir tales títulos a la vista y mediante pago en metálico. En los primeros años el banco estuvo capacitado para emitir billetes al portador, facultad que ejerció en pocas y contadas ocasiones. Los negocios del banco fueron, en un principio, boyantes, a posteriori las intervenciones militares que la Corona mantuvo entre 1793 y 1814 -entre ellas la Guerra de Independencia- llevaron al Banco a una difícil situación. En 1814 la deuda del Estado respecto al banco era de 300 millones de reales, suma considerable para la época, y pese a ello el banco permaneció en funcionamiento aún con las reducidas operaciones de descuentos en Madrid y de negociación de letras en otras ciudades. La esperanza de los accionistas estaba puesta en la devolución total del crédito, o de al menos parte del mismo, por parte de la Real Hacienda, cosa que ocurrió en 1829 cuando el entonces Ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, instituyó el sistema de Presupuestos Anuales de Gastos e Ingresos, una práctica que se venía dando desde tiempo atrás.

Por los cálculos del sistema presupuestario, la Real Hacienda se veía necesitada de una entidad financiera que a corto plazo estuviese posibilitada de adelantar recursos al Gobierno con el fin de paliar la descompensación entre las salidas y las entradas de dinero en el Tesoro. López Ballesteros pensó entonces en dotar al Banco de San Carlos con un fondo de 40 millones de reales. Los accionistas del banco decidieron fundar una nueva institución, el Banco Español de San Fernando. Esta nueva entidad financiera nació con la facultad de emisión, a la cual recurrió con extrema prudencia, siendo por aquel entonces el único banco emisor, situación que se prolongaría hasta 1844. En dicho año nacieron otros dos bancos con la potestad para imprimir y poner en circulación papel-moneda; el Banco de Isabel II, sito en Madrid al igual que el de San Fernado, y el Banco de Barcelona. Dos años después, en 1846, fue creado el Banco de Cádiz con la función de distribuir en esa ciudad los billetes emitidos por el Banco de Isabel II. En Madrid, el Banco de Isabel II se presentó como principal competidor del Banco Español de San Fernando en la circulación de papel-moneda. En este campo, el Banco de Isabel II demostró una enorme iniciativa y la valía de sus innovadores métodos. En materia de concesión de créditos, tanto la nueva institución como su rival el Banco Español de San Fernando, seguían prácticas de actuación diferentes. El Banco Español de San Fernando mantenía sus tradicionales negocios con el Estado, mientras que el Banco de Isabel II preferentemente se centró en satisfacer las demandas de crédito del sector privado, en pleno período alcista tanto en las inversiones como en la producción. Empero, el Banco de Isabel II cometió el error de conceder créditos a unos determinados deudores asumiendo un alto riesgo ante la poca solvencia de los mismos. La crisis financiera de 1847 sumió al banco al borde de la suspensión de pagos, por lo que el más que probable riesgo de bancarrota se evitó con la fusión al Banco Español de San Fernando. La entidad resultante de la fusión de ambos bancos conservó el nombre de Banco Español de San Fernando.

El reconstituido Banco Español de San Fernando tuvo que afrontar los problemas financieros derivados de la fusión con el Banco de Isabel II. Con el fin de sanear las cuentas de la entidad, en 1849 fue nombrado director del banco Ramón Santillán, un experto en finanzas públicas que anteriormente había ocupado el Ministerio de Hacienda. Santillán superó el trance con éxito y ya en los primeros años de 1850, ante la conveniencia de extender la actividad crediticia y la emisión de papel-moneda al resto del territorio nacional -por aquel entonces el ámbito de actuación del banco se circunscribía a Madrid-, planteó que el Banco Español de San Fernando bajo el nombre de Banco de España abriera sucursales en las principales ciudades, salvo en Barcelona y Cádiz puesto que ya contaban con sus propios bancos emisores. Tras la Vicalvarada de 1854, el Gobierno autorizó la creación de bancos emisores provinciales, independientes del Banco de España, cuyo nombre quedó finalmente instituido en 1856. Esto, sumado al hecho de que alrededor de veinte ciudades españolas dispusiesen de bancos propios emisores de papel-moneda, fue el motivo del fracaso del ambicioso plan de Santillán. El ámbito de acción del Banco de España quedó reducido a la capital y a las ciudades de Alicante y Valencia, en las cuales se abrieron las primeras sucursales. En 1874, a raíz de las necesidades financieras derivadas de las guerras carlista, cantonal y colonial que asfixiaban al Gobierno de la República presidido por el general Serrano, se dispuso como contraprestación de un crédito de enorme importancia la concesión del monopolio de emisión de papel-moneda al Banco de España. Los bancos provinciales tuvieron que optar por permanecer como bancos comerciales sin facultad para imprimir billetes, o por integrarse en el Banco de España en calidad de sucursales del mismo. Es éste el origen de la red de sucursales bancarias que el Banco de España tuvo en su momento por todo el territorio nacional, un total de 55 hacia 1887 y que aumentaría hasta 70 en años posteriores.

Con la intervención gubernamental las relaciones entre el Banco de España y los bancos privado quedarían reguladas por la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, el primer intento serio de convertir a un banco emisor en un banco central. A través de esta Ley el Banco de España vio ampliar su capital, le fue confiada la inspección de la banca privada y se estableció un tipo de interés preferente para las operaciones de redescuento con los bancos privados. También se comenzó a regular a través del banco la política cambiaria con el exterior. Fue en la defensa del tipo de cambio de la peseta en donde se gestaría una creciente oposición entre el Gobierno y el Banco de España a lo largo de los años 20 y los primeros seis años de la década de 1930. Los choques entre el Gobierno y el Banco se debían a la posibilidad de disponer de las grandes reservas de oro acumuladas por el Banco desde comienzos del siglo XX, de las cuales se deshicieron las autoridades del Gobierno legítimo de la República en la compra de armamentos y municiones durante la Guerra Civil. Con la dictadura militar del general Franco, la política financiera y el papel que en ella tendría el Banco de España se correspondieron con la ideología autoritaria del nuevo Régimen. La Ley de Ordenación Bancaria de 1946 otorgaba al Gobierno la mayoría de las competencias en política monetaria, lo cual dejaba en mal lugar al Banco de España, pues su papel activo se veía reducido al de un mero apéndice administrativo del Ministerio de Hacienda. Ya con el Plan de Estabilización de 1959 se aminoraron las tendencias dirigistas en la economía por lo que los criterios de mercado tuvieron una mayor consideración en la toma de decisiones y en el mismo sentido se materializó una cierta tendencia aperturista respecto al exterior. Tales cambios tuvieron por resultado la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca de 1962, así como otras normas complementarias, entre las cuales es de destacar el Decreto-Ley de 7 de junio del mismo año, de Nacionalización y Reorganización del Banco de España, en base al cual la entidad abandonó su carácter de sociedad privada. La Ley de Bases seguía otorgando la facultad de dictar la política monetaria al Ministerio de Hacienda, pero al mismo tiempo se reconocía al Banco un cierto criterio de autoridad y unas competencias de tipo funcional destinadas a ejecutar y desenvolver las medidas oportunas en materia monetaria.

Con la llegada de la etapa democrática, el Banco de España completó en varias etapas su configuración como Banco Central encargado de la regulación y control del sistema financiero. El Banco vería garantizada su autonomía funcional a la hora de ejecutar la política monetaria en primer lugar con la Ley de Órganos Rectores del Banco de España, de junio de 1980, y en segundo lugar con la Ley de Autonomía, de junio de 1994. La entrada del Reino de España en la Comunidad Europea y la consecuente adaptación a los criterios de convergencia con la Unión Económica y Monetaria europea, ampliados tras Maastricht, han integrado al Banco de España en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, del que el banco es miembro junto con los bancos centrales del resto de naciones de la Unión Monetaria y el Banco Central Europeo.

Dinero y bancos centrales (I): ¿Qué son los bancos centrales?

2010-10-13T17:08:00.006+02:00

Ante todo surge una pregunta obligada; ¿Qué es el dinero? Pues bien, el dinero es un conjunto de activos económicos que utilizan los individuos para comprar bienes y servicios. Es decir, el dinero es esa riqueza física efectiva que diariamente utilizamos para comprar un pantalón o pagar la matrícula de la Universidad. Dentro de los diversos tipos de dinero encontramos el dinero fiduciario. A diferencia del dinero mercancía, el dinero fiduciario es un tipo de dinero carente de valor intrínseco. Un billete de 10 euros es un simple papel que es dinero, y por tanto un valor efectivo, sino por decreto gubernamental. El gobierno del país determina que los billetes y monedas son dinero válido por ley, lo que supone que tanto billetes como monedas son dinero de curso legal forzoso -valga la redundancia- con un valor determinado que los individuos utilizan para comprar bienes y servicios, así como para pagar las deudas públicas o privadas. Por lo tanto el gobierno es un factor fundamental a la hora de establecer y regular un sistema monetario de tipo fiduciario. Sin embargo es un organismo concreto el encargado de velar por el correcto funcionamiento de un sistema de dinero fiduciario, ese es el banco central de un país.

El banco central es una institución de naturaleza pública encargada de supervisar el sistema bancario y regular la oferta monetaria a través de una determinada política monetaria. Entre los ejemplos más típicos de banco central están el Banco de Inglaterra, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, el Banco de Francia, el Bundesbank y su hermano mayor el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y quizá el más conocido; la Reserva Federal americana (Fed). La Reserva Federal es el modelo por antonomasia de banco central. En 1914, tras las quiebras bancarias de 1907, el Congreso de los Estados Unidos decidió instaurar un banco central nacional convencido de la necesidad de crear una institución reguladora que se encargase de velar por el correcto funcionamiento y garantizar la estabilidad del sistema monetario. Con carácter previo ya habían existido dos bancos nacionales que en puridad eran bancos comerciales que por decreto gubernamental gozaban de una posición privilegiada frente a los bancos privados. El Primer Banco Nacional fue abolido por el Presidente Jefferson, mientras que el Segundo Banco Nacional se disolvió durante el mandato presidencial de Andrew Jackson.

El esquema orgánico de la Fed gira en torno a la Junta de Gobernadores, compuesta por siete miembros nombrados por el Presidente con la ratificación del Senado por un mandato de catorce años a fin de evitar cualquier tipo de perturbaciones o presiones a corto plazo a la hora de ejecutar la política monetaria. Sus funciones; regular el funcionamiento de los bancos, garantizar la estabilidad del sistema bancario y controlar la oferta monetaria. Todas estas competencias son en gran parte ejercitadas por los bancos regionales dependientes de la Fed; la Reserva Federal se encarga de controlar la situación financiera de todos y cada uno de esos bancos así como de facilitar las transacciones bancarias a través de la compensación de los cheques. Por otro lado la Fed actúa como prestamista de último recurso; en otras palabras, concede préstamos a aquellos bancos que no han podido hacerlo en otra parte, para sí garantizar la estabilidad del conjunto del sistema bancario. Empero la tarea fundamental, y por lo tanto más importante, de la Fed es el control de la oferta monetaria, o lo que es lo mismo, la cantidad de dinero que existe en los mercados. En ese sentido, la Fed, como cualquier otro banco central, es el principal instrumento de fijación y ejecución de la política monetaria.

El banco central del país, en calidad de máxima autoridad monetaria, dispone de tres mecanismos de intervención y control de la oferta monetaria. El primero de ellos son las operaciones de mercado abierto, el segundo, las reservas obligatorias, y el último, los tipos de descuento. Las operaciones de mercado abierto son el mecanismo más usado por los bancos centrales. El banco central realiza operaciones de mercado abierto cuando compra o vende bonos del estado al público. Este tipo de operaciones tienen por objetivo la regulación de la oferta monetaria. Si, por ejemplo, el Banco de España desea aumentar la oferta monetaria dirige una serie de directrices a sus operadores en el mercado para que compren bonos, de forma que los billetes que son utilizados para compra en el mercado aumentan el volumen de dinero en circulación, que es depositado en los bancos o bien es utilizado como efectivo. Sin embargo los billetes depositados en las cuentas de los bancos tienen una cuantía mayor que su valor nominal en el mercado, ya que elevan el nivel de reservas y en consecuencia la cantidad de dinero que el sistema bancario puede crear. Sensu contrario, sí lo que se desea es reducir la oferta monetaria, el banco central vende bonos del estado al público en los principales mercados del país. De este modo, el público paga los bonos con el dinero que existe en efectivo o en los depósitos bancarios, reduciendo la cantidad de dinero en circulación. La utilización del dinero de los depósitos de los bancos disminuye el nivel de las reservas, por lo que los bancos reducen el volumen de préstamos y dejan de crear dinero.

Otro de los mecanismos para intervenir la oferta monetaria son las reservas obligatorias. El banco central dispone una cantidad mínima de reservas que deben mantener los bancos para garantizar los depósitos: la llamada -y demonizada- reserva fraccionaria. Las reservas obligatorias influyen en el volumen de dinero en circulación ya que un aumento de las mismas obliga a los bancos a reducir la cantidad de préstamos, esto deriva en un crecimiento del nivel de reservas y en una reducción del multiplicador de dinero –volumen de dinero que genera el sistema bancario con cada unidad monetaria de reservas- y de la oferta monetaria. Los tipos de descuento son el tercer, pero no menos importante, mecanismo regulador de la oferta monetaria. El tipo de descuento es el tipo de interés de los préstamos que un banco central concede a los bancos comerciales. El nivel de las reservas de los bancos comerciales está estrechamente ligado al tipo de descuento que fijan las autoridades monetarias. Si un banco comercial cualquiera concede demasiados préstamos o sufre una serie de retiradas de dinero considerables tiene un nivel de reservas inferior a lo obligado. Ello le obliga a solicitar un préstamo al banco central con el fin de aumentar el coeficiente de reservas, lo que contribuye a que el sistema cree más dinero. Las subidas en los tipos de descuento actúan como factor disuasivo a la hora de solicitar préstamos al banco central, con lo que se reducen las reservas y a su vez la oferta monetaria. Por su parte, las bajadas en los tipos son un aliciente para los bancos ya que les animan a solicitar préstamos al banco central, por ello las reducciones de los tipos de descuento aumentan la cantidad de reservas y la oferta monetaria. Por otro lado, los tipos de descuento funcionan como un “colchón” ante las crisis bancarias, ya que los créditos que el banco central cobra con el tipo de descuento pueden ser utilizados en caso de necesidad para auxiliar a aquellas entidades financieras con grandes dificultades en momentos de inestabilidad.

La crisis financiera del 2008 ha abierto aún más la tradicional brecha entre los postulados neokeynesianos y los monetaristas poniendo sobre la mesa la pregunta; ¿Qué papel deben tener los bancos centrales en una economía tan globalizada como la actual? Tradicionalmente los neokeynesianos han aceptado la existencia de esa autoridad monetaria que es el banco central. Para los neokeynesianos el papel del banco central ha de ser el de intervenir directamente en la economía a través de una política monetaria no-neutral, a fin de corregir los excesos en que puedan incurrir los agentes privados. Por su parte, los monetaristas formulan una defensa del libre mercado a través de la hipótesis de que "la estabilidad económica está ligada a la no-intervención de los gobiernos”. Así el banco central sería un "convidado de piedra" encargado de velar por la correcta estabilidad del sistema a través de un rígido control de la cantidad de dinero en circulación y de unos tipos de interés estables. En este sentido, los monetaristas defienden que a pesar de la capacidad de las autoridades monetarias para fijar la oferta de dinero -en términos nominales-, es el ajuste entre la oferta y la demanda el que genera estabilidad y palia los excesos o defectos que pueda presentar un sistema semicentralizado, es decir, un sistema de libre mercado "supervisado" por bancos centrales. Milton Friedman formuló una crítica respecto al papel de las autoridades monetarias en relación a la oferta monetaria, criticando la actuación del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos tras el crack de 1929.

Las críticas de la Escuela de Chicago -Milton Friedman- o de la Escuela Austríaca -Ludwig von Mises y muy especialmente Friedrich Hayek en su obra La desnacionalización del dinero- a los bancos centrales son acertadas, ya que la posición monopolística del banco central a la hora de regular la oferta monetaria es la causante, no pocas veces, de inestabilidad [macro]económica. El monopolio legal sobre el dinero impide el funcionamiento del sistema de responsabilidad inherente a una economía libre, de ahí que Hayek ya defendiese en su día la abolición de los bancos centrales y su sustitución por un sistema de bancos privados. Ya fuera del idealismo de la Escuela Austríaca, son interesantes ciertas propuestas destinadas a asegurar la estabilidad del sistema aún manteniendo operativos los distintos bancos centrales. El modelo suizo, basado en un Banco Nacional que tiene naturaleza de sociedad no dependiente del gobierno federal, da un importante margen de participación a los bancos privados, que son inversores de pleno derecho del banco. El funcionamiento del Banco Nacional de Suiza ha permitido que la economía del país creciese a ritmo constante sin sufrir las perturbaciones económicas de entreguerras o la espiral inflacionaria que desde la década de 1950 ha experimentado la economía americana. Todos los avatares sufridos por las principales economías mundiales desde la I Guerra Mundial no son sino achacables a las malas prácticas monetarias impulsadas por los gobiernos a través de monopolios como los bancos centrales.

Pensiones: la estafa de los sistemas de reparto

2010-10-10T12:52:00.021+02:00

Con el ministro del Kaiser, Otto von Bismarck, Alemania no sólo se convirtió en una nación militarista e industriosa, sino en el modelo de estado providencia que en las siguientes décadas habría de guiar al resto de naciones de Europa. El llamado "socialismo prusiano", digamos el equivalente de la Sociedad Fabiana de la Gran Bretaña victoriana; antecedente directo de la moderna socialdemocracia y de la democracia cristiana, preconizaba la intervención del estado en asuntos laborales y sociales. Bismarck dijo, según Guglielmo Ferrero, que "el liberalismo es una chiquillada, la revolución es la fuerza". Entre las numerosas medidas proteccionistas dictadas por el gobierno imperial para frenar el empuje del marxismo entre los sindicatos de trabajadores y los partidos políticos figuraba la instauración de un sistema público de pensiones y seguros frente a la vejez, la viudedad, la enfermedad y el desempleo.

En España el eco de la legislación alemana en materia de pensiones estatales tuvo como respuesta la Ley de Accidentes de Trabajo, de 30 de enero de 1900, ley importante por que establecía un sistema de seguros sostenido públicamente, transformaba la responsabilidad culposa en una responsabilidad por riesgo y sentaba la primera piedra del sistema público que hoy conocemos. Sin embargo no es hasta la etapa desarrollista del Franquismo cuando se regula el sistema público de pensiones como tal a través de una Ley de Bases de la Seguridad Social (1963) que completa a la anterior Ley de Seguridad Social de 1956 y de una Ley General de la Seguridad Social (1974). Estas tres normas, refundidas por el Real Decreto Legislativo 1/1994, son las principales fuentes del sistema de prestaciones estatales. El hito más importante del Franquismo, junto con el despegue económico -fruto de la liberalización de los mercados, no lo olvidemos- fue la instauración de un sistema público de pensiones que adelantó a las medidas previstas en las normas que en materia de mutualidades se habían venido adoptando durante la posguerra -véase, por ejemplo, la Ley de Mutualidades de 1942-. Con todo se puede decir que la Seguridad Social es un invento franquista, un enorme aparato burocrático con fines proteccionistas puesto en marcha por un gobierno autoritario. Como en la Alemania bismarquiana. Ello pese a que los mayores defensores de los sistemas públicos de pensiones sean los socialdemócratas junto con los cristiano-demócratas. Pues vaya.

Hasta los años 1980 la mayoría de los sistemas de protección social puestos en marcha por los gobiernos occidentales seguían el ejemplo del decimonónico modelo alemán. Así ocurría con las pensiones. El truco de las pensiones estatales está en que se organizan en base a un sistema llamado "de reparto". Cada trabajador cotiza con una parte de su salario base, de sus complementos salariales y de las pagas extraordinarias del mismo modo que hacen las sociedades con una parte significativa de sus beneficios brutos. Todos estos fondos se destinan a una "caja común" que administra la Tesorería General de la Seguridad Social, dinero que pasa de ser propiedad de cada persona obligada a cotizar a ser una masa patrimonial de la cual es titular el estado. Las cantidades ingresadas por los trabajadores en activo sirven para pagar las pensiones de los pensionistas actuales. Así no pilla a nadie desprevenido el hecho de que cada cuatro años los políticos jueguen a "ver quien da más" en el tema de las pensiones. Los pensionistas también votan. Los fondos públicos de pensiones no son propiedad de las personas que contribuyen -mediante coacción legal, todo sea dicho- a sostenerlos. Son propiedad del estado, son administrados por burócratas y son negociados por los políticos. Por si no bastase con esto, las sociedades desarrolladas se enfrentan a los caprichos de la demografía: menos trabajadores de refresco que vengan a ocupar los puestos que abandonan los jubilados, que cada vez lo son en mayor número y viven más años. Alguien inteligente se preguntará; ¿Oiga, y un sistema de esta naturaleza, basado en aquello que decía Maynard Keynes de que "a largo plazo todos estamos todos muertos" y no en el ahorro, no corre el riesgo de derrumbarse con la facilidad con que lo hace un castillo de naipes? Realmente la quiebra de la Seguridad Social es una cuestión de tiempo, pese a que todavía entre alguna gente cunda el predicamento de que sólo el estado pueda garantizar a largo plazo la seguridad de unos sistemas "equitativos" de ahorro -como el de pensiones-, frente a la falacia, repetida hasta la saciedad, consistente en denunciar el cortoplacismo de los sistemas privados, que además se suponen "insolidarios".

Chile supo transitar bajo la batuta del liberal José Piñera del modelo de reparto a un modelo de capitalización individual donde cada contribuyente cotiza obligatoriamente -el precio a pagar es la existencia de la coacción gubernamental- según sus necesidades personales a unos fondos que en cualquier caso son de su propiedad. El mercadeo político en torno a las pensiones es mínimo. El modelo chileno fue el precursor de los diferentes sistemas instaurados durante los 1990 en las repúblicas vecinas. En Europa el paraíso de la "justicia social" que era la Suecia socialdemócrata abandonó el monopolio estatal para pasar a un sistema multipilar en el que se combinan el sistema de reparto con un porcentaje de capitalización, las cotizaciones obligatorias con las aportaciones voluntarias. No es que el sueco tenga las virtudes del modelo chileno, pero ya se sabe; "a falta de pan, buenas son tortas". Pese a todo lo que sucede en otras naciones, en España todos los partidos con representación parlamentaria insisten en la viabilidad del sistema de reparto, como bien acordaron en el Pacto de Toledo. Frente a la actitud de los grandes partidos y los grupos de intereses particulares, gran parte de la ciudadanía ha comprendido los peligros que acechan a la vuelta de la esquina, como denuncian los firmantes de la Declaración de Salamanca. Y no sólo eso. Los sistema de reparto no sólo son criticables precisamente por estar basados en el cortoplacismo más enervante. Son criticables por que son perversos e inmorales. Se ha enmascarado bajo la dulzura y el candor que desprenden términos como el de "solidaridad", "justicia social" o "equidad" lo que en realidad es una estafa piramidal sostenida mediante el robo consentido por la ley.

En efecto el esquema de Ponzi, llamado así en honor a su creador, el italiano Carlo Ponzi, es el presupuesto teórico de todas las estafas piramidales. También de las pensiones de la Seguridad Social. Se prometen unos grandes beneficios futuribles a cambio de una módica aportación dineraria o en especie. Los recién llegados al negocio financian a los anteriores inversores. Y así hasta que no quedan más personas que quieran invertir su dinero. Y al final la pirámide se desploma, como atestiguan los millares de afectados por la estafa de Fórum Filatélico y de Afinsa. A Carlo Ponzi lo metieron catorce años en prisión. Los manuales de economía lo presentan como el prototipo de estafador mientas el esquema de Ponzi está tipificado como delito de estafa en muchos países, incluido el Reino de España. Irónicamente, el sistema de pensiones español recibe las alabanzas de todos los políticos, los burócratas, los economistas, los juristas, et cetera, que rechazan cualquier participación de la iniciativa privada en la gestión de los fondos de pensiones. Todo sea por robarle la cartera al desprevenido trabajador en nombre de su seguridad futura.

Nacionalidades históricas y regiones sin historia

2010-10-04T17:27:00.013+02:00

Claudio Sánchez Albornoz patrocinaba en los inicios de la aventura democrática de la Transición el ideal pancastellano como una necesidad impregnada de realismo frente al resurgimiento de las llamadas "nacionalidades históricas" -Catalunya, Euskalerría, Galicia- y a la aparición por doquier de comunidades autónomas que fueron el producto de las exigencias de ciertos sectores nacionalistas. Decía el jurista e historiador castellano nacido en Madrid que los castellanos deberían formar "un frente cerrado y poderoso para constituir una región autónoma, que pueda defenderse de los zarpazos de los demás y mirar el porvenir con esperanza". "Si por mí fuera constituiriamos una unidad desde el Cantábrico a Andalucía", concluye en el manifiesto Por la Castilla total. Sin embargo, y aquí cabe discrepar con nuestro autor, los políticos encerraron a León y a Castilla la Vieja, dos regiones separadas, dentro de la misma comunidad autónoma y trocearon el país castellano en cinco territorios autónomos. Por otro lado en el Sur se consumó el sueño de Blas Infante de unir a los antiguos reinos andaluces, aún cuando históricamente se había venido distinguiendo entre la Andalucía Baja y la Andalucía Alta -Andalucía propiamente dicha, y Granada, respectivamente-. La utilización errónea e intencionada del término "nacionalidad histórica" en la Constitución, así como su diferenciación del uso cotidiano "región", no sólo reconocía de facto y de iure la existencia de comunidades autónomas de primera y de segunda, sino que con todo era injusta con las Castillas. La Castilla que junto con León y Galicia y bajo la corona de Alfonso VII y de Alfonso X soñó un imperio de proyección europea, el estado que sojuzgó al imperio de los incas y de los aztecas, no sólo ha sido desmembrado, sino que también se le ha negado su historia y su sustantiva importancia en el conjunto de imperfecta unidad nacional.

Castilla fue quien impulsó el proyecto de la unificación ibérica a pesar de la contumaz actitud de Portugal, de férrea autonomía de los territorios vasco-navarros sujetos por un pacto foral a la Corona y de la peculiar relación con las provincias de la Corona aragonesa. Castilla fue el primer estado en levantarse contra las maneras autoritarias de la Corona, si bien también fue el primero en sucumbir al proceso de uniformismo político, jurídico y económico que en su interior estaba experimentando. No hay que olvidar que sin embargo el mal ejemplo castellano fue el modelo al que los ministros reales recurrieron para consolidar el poder real en detrimento de la diversidad de las Españas y también a la postre de la unidad de la Monarquía. Portugal se batió contra Castilla por su independencia en al menos dos ocasiones separadas por casi dos siglos, Vascongadas y Navarra, pese a que el pacto foral empujó a tales provincias a integrarse en la Monarquía, luego que viesen amenazados sus fueros siguieron el camino que ya en el 1700 emprendieron los territorios aragoneses: la guerra con el Rey. Es claro que Castilla salió tan mal parada como Cataluña, Navarra o Galicia bajo el autoritarismo austracista, el absolutismo borbónico y el nacionalismo centralizador del XIX. Pero no es menos cierto que todo los éxitos y los poderes cosechados por la burocracia real con la weltpolitik de Carlos I, el reformismo de Nueva Planta de Felipe V y el parlamentarismo pretoriano de Isabel II fueron posibles gracias a la formación de un volksgeist sustentando en la tradicional hegemonía política, militar, económica y cultural castellana. La historia de la península ibérica desde la Baja Edad Media hasta nuestros días es la historia del conflicto constante entre lo castellano y lo español, entre el centro y la periferia.

En estos tiempos presentes de reivindicación nacionalista, justificables como reacción frente al centralismo y condenables por el sacrificio de las libertades en pro de un mitificado ideal nacional, los castellanos permanecen callados. En Castilla hay pocas proclamas regionalistas, precisamente por que sobre la ruina de la región se ha erigido un nacionalismo obsesionado con la homogeneización y el centralismo que habla la lengua de Castilla, toma los usos y costumbres castellanos y desprecia la humana diversidad nacional. Así es lógico que los castellanos no se sientan como lo que son, y a diferencia de lo que ocurre en Suiza, quien hable castellano sea un buen español y no suceda lo mismo con los que hablen gallego, vasco o valenciano. Así España ha sido vetada en ciertas regiones mientras los nacionalistas de la Meseta han ido asumiendo que su nacionalismo es español y no castellano. Castilla, -esta vez sí- "región ilustre, nervio de la nacionalidad" ha sido deshecha por políticos vendepatrias y por el silencio del pueblo castellano. Hoy más que nunca, para bien y para mal, es necesaria una Castilla unida, ergo fuerte, dentro de una España ampliamente descentralizada.

Huelga y demagogia sindical

2010-09-26T22:25:00.013+02:00

Los defensores del proteccionismo estatal en materia laboral viven instalados en lo que Friedrich Hayek llamaba "el espejismo de la justicia social". Los sindicatos mayoritarios, callados durante toda la legislatura anterior y la mayor parte de la presente, se disponen en unos días a convocar una huelga general en protesta por los recortes de "derechos sociales" y por la "reforma del desempleo". Obviamente es de suponer que los sindicatos no defienden los intereses de los trabajadores, por que entonces abrazarían, o al menos entenderían necesaria, la reciente reforma laboral, que como ya señalamos aquí es con todo insuficiente.

Vivimos en tiempos extraños: los sindicalistas, como también los políticos, los burócratas, los economistas, los juristas, todos en general, hablan del "derecho a la huelga" como un concepto indiscutible, entre tanto el cierre patronal no es considerado como un derecho equiparable al de huelga. Por otro lado todas las anteriores categorías se compadecen de la posición de debilidad de los trabajadores frente a la omnipotencia del despiadado empresario y ante la dinámica impacable y salvaje del sistema capitalista, paradójicamente cuando la parte débil de la relación contractual-laboral es el empresario. Para el empresario la quiebra de la empresa supone la pérdida de todo el capital sin que tenga derecho a una percepción pública por desempleo. El trabajador en cambio es la parte privilegiada: su capital son sus aptitudes profesionales, susceptibles de poder ser utilizadas en cualquier otra actividad o en otra empresa, y el riesgo de quedarse sin empleo queda neutralizado con la cobertura al desempleo que proporciona el sistema público. Pese a la evidente posición de debilidad del empresario o del patrono a ninguno de los actores implicados, ya sea el gobierno, la oposición, los sindicatos, las asociaciones de empresarios, se le ha ocurrido actuar promoviendo un cierre masivo de las empresas del país, o pidiendo al legislador que instaure un "derecho de los patronos o de los empresarios".

Para un liberal la huelga es ciertamente un tema complejo. Ante todo no es un derecho, al menos según lo previsto por las constituciones clásicas, como la americana o la británica -ese conjunto de normas jurídicas singulares que conforman un orden constitucional no escrito-. En todo caso la huelga, al igual que el cierre patronal, es una situación de fuerza entre los trabajadores, o entre los sindicatos de trabajadores, y el patrón en el seno de la empresa. Hay quien ha señalado que los problemas con el cumplimiento de los servicios mínimos derivados del ejercicio de la huelga se solventarían con una "ley de huelga". Lo cierto es que las condiciones del ejercicio de la huelga deberían ser pactadas por las partes que suscriben el contrato, y de manera supletoria por los convenios colectivos con valor normativo. Ante todo el "derecho de huelga", al igual que el "no-derecho" al cierre patronal no pueden amputar "derechos auténticos" como el de libre circulación, el de la libre empresa, el de propiedad, et alii. La huelga no puede servir de pretexto para que los representantes unitarios, los propios trabajadores o los llamados piquetes informativos -muchas de las veces coactivos- extorsionen al resto de ciudadanos. Tales extorsiones impuestas a la población, por ejemplo en aquellos casos de incumplimiento de los servicios mínimos, son habituales en un régimen fascista pero en cambio son inadmisibles en un estado de derecho. Por suerte, y a pesar de la exasperante actitud condescendiente de Moncloa, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid ha comprendido el sentido de la máxima "salus publica suprema lex esto" y ha sabido no ceder al chantaje sindical.

Los sindicatos, hábiles en la práctica de la demagogia, intentan confundir tanto a los trabajadores a quienes dicen defender como a la opinión pública. Su interés no es el de lograr un mercado laboral flexible que sea competitivo -es decir, basado en la búsqueda de diferencias entre los oferentes y los demandantes de trabajo- y que proporcione incentivos a las personas innovadoras. Su interés reside en el mantenimiento de un mercado hiperregulado y sobreprotegido, donde los sindicatos ostenten numerosos privilegios, como el de determinar las condiciones de la contratación a través de los convenios colectivos. Ahora que la realidad hace ver a muchos que la desregulación del mercado laboral para dar alas a la libertad contractual, los tributos proporcionales y no confiscatorios y la liberalización del perverso sistema de Seguridad Social son la receta para el crecimiento económico, el empleo y la inversión, tanto el gobierno como su comparsa sindical parecen haber escogido el camino equivocado.

Drogas: Liberalización vs. Prohibicionismo

2010-09-23T00:07:00.004+02:00

Es poco común encontrar a algún hombre (en este caso mujer) de Estado reconocer sus errores. Araceli Manjón-Cabeza, a la sazón profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, ex magistrada suplente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ex directora general del Plan Nacional sobre Drogas, escribe en un atípico y acertado artículo sobre la inocuidad de las políticas prohibicionistas en materia de drogas. Tal vez después de años de infaustas políticas públicas basadas en la criminalización de la producción, la comercialización y el consumo de drogas ha llegado la hora de replantearse una eventual liberalización, como la que se efectuó en Portugal hace ya unos cuantos años. Ahora que la cruzada en defensa de la salud pública ha dirigido sus envites contra el alcohol y el tabaco quizá la descriminalización y la posterior legalización de las drogas sea una oportunidad para hacer retroceder todas aquellas regulaciones perversas erigidas en aras de la protección del individuo frente a sí mismo. Y no sólo eso, pues la legalización sería la peor noticia posible para los grandes cárteles del narco en México o en Colombia. Por no hablar de que el fin de la persecución internacional supondría un mazazo a todas aquellas redes terroristas que se financian a través del negocio de la droga; véase AlQaeda en Afganistán con la producción de opio.

"Los excesos y los fracasos del prohibicionismo acabarán siendo el mejor argumento de las tesis liberalizadoras"; sentencia nuestra autora.

Drogas, ¿seguir con la prohibición?

ESPACIOS NO TAN PÚBLICOS

2010-09-17T20:56:00.010+02:00

Hay quienes dicen que la calle es un espacio público destinado al uso y disfrute de cualquiera. En la calle la gente se manifiesta, se reúne, fuma, bebe, conduce o incluso alguien pinta un cuadro o toca para los viandantes. La calle es entendida por el más común de los hombres como el espacio público por antonomasia, sin embargo ocurre como en tantas otras situaciones que aquellos que usan y disfrutan de las calles no respetan los derechos de los propietarios colindantes. Cualquiera que viva en una ciudad universitaria conocerá de primera mano como grupos de jóvenes descontrolados se apoderan de las calles en plena noche y causan molestias a los residentes y a los comerciantes. Los universitarios, e incluso los bachilleres, ávidos de alcohol y otras drogas, se divierten al socaire de la dejadez de las autoridades municipales, que en la teoría son quienes deben poner orden en las calles. Ante este panorama los propietarios de viviendas y de establecimientos comerciales se ven indefensos. Sin duda que las privaciones a los propietarios se enmarcan dentro de una vorágine generalizada de desprecio hacia uno de los derechos esenciales de la persona: la propiedad. Es difícil resolver el problema del botellón o de los estacionamientos de vehículos máxime cuando hasta la propia Constitución no reconoce la propiedad como un derecho fundamental del individuo, asumiendo, sensu contrario, la existencia de una maraña de límites abusivos fundamentados en la quimera del interés general.

Los principios generales del Derecho, como casi siempre, suelen ofrecer mejores soluciones que el derecho positivo. Así un contrato en forma de pacto o de acuerdo entre todos los copropietarios colindantes de cierta calle, plaza o parque, pongamos, que establezca una serie de normas de convivencia entre los propietarios de viviendas, los de establecimientos comerciales y los viandantes sería una solución alternativa a las decisiones poco acertadas arbitradas por la autoridad competente. Imaginemos una calle que por derecho sea una copropiedad en manos de los propietarios de las fincas urbanas, de viviendas y de establecimientos comerciales; una calle privada. Los copropietarios asumirían de manera conjunta los derechos derivados de la titularidad del derecho de propiedad sobre la calle; determinando si la calle es peatonal o está abierta al tráfico rodado, fijando el límite máximo de decibelios aplicable a bares, pubs y discotecas o incluso acordando la posibilidad de que de noche la calle esté cerrada a los juerguistas y a los maleantes, como era habitual en muchas de las calles privadas del París decimonónico. Así mismo los copropietarios afrontarían de forma mancomunada el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la intervención del municipio, como por ejemplo el pago de aquellas contribuciones especiales derivadas del mantenimiento del firme de la calzada, de las aceras o de la señalización viaria. En cualquier caso quedaría a salvo el derecho de tránsito de los vehículos y peatones, mediante la típica servidumbre de paso.

Si en la mayoría de las ciudades europeas ya no quedan prácticamente calles privadas, muchas ciudades useñas todavía disfrutan de un régimen privado de las calles. Así sucede en Saint Louis, Missouri, o en Nueva York, ciudad donde existen sobre cerca de 900 calles privadas. Sólo en Inglaterra y Gales existen 40.000 vías, ya sean calles, caminos o carreteras secundarias, de titularidad privada. Hay que reconocer que la mera existencia de una calle privada es algo controvertido. Pero baste decir que en lugar de la decisión de autoridad que muchas de las veces va en contra de los deseos de los propietarios y de los conductores -como resulta del afán por "peatonalizar" sistemáticamente muchas calles de nuestras ciudades- un régimen privado de las calles satisfaría mejor los intereses de todas las partes implicadas. Los propietarios podrían excluir todas aquellas perturbaciones en sus legítimos derechos, los universitarios ansiosos por festejar el inicio del nuevo curso podrían beber en la calle siempre y cuando no atentasen contra las normas que los copropietarios hubiesen acordado democráticamente. En cualquier caso siempre es preferible el acuerdo pacífico a la coacción legal o reglamentaria. Si los residentes o los propietarios de los inmuebles adyacentes a la calle acuerdan permitir que los jóvenes beban en la calle, ¿qué problema hay?

El problema del llamado botellón o del ruido de ciertos locales nocturnos viene dado por una confusa determinación de los derechos de propiedad. Las calles amanecen sucias después de una noche de desenfreno universitario, o del mismo modo al cabo de cierto tiempo acaban por aparecer socavones, por que son consideradas espacios públicos, razón poderosa por la cual los vecinos se despreocupan de su control y mantenimiento como también lo hace el municipio, que rehúye su responsabilidad. Lo mismo ocurre con los montes, las playas o los ríos; al no existir un derecho de propiedad definido sobre dichos espacios nadie se ocupa de prevenir los incendios, de limpiar los arenales o de evitar vertidos tóxicos. La adopción de un régimen de copropiedad privada para las calles implicaría atribuir una responsabilidad a los copropietarios tanto frente a ellos mismos como ante terceros y ante la Administración municipal. El que uno sea responsable es sumamente positivo; otorga derechos e impone obligaciones, y a fin de cuentas contribuye a formar una sociedad de ciudadanos libres, propietarios y responsables.

OCCIDENTE Y EL DESAFÍO DE LA INMIGRACIÓN

2010-09-14T16:22:00.015+02:00

Hace no pocas semanas la decisión del presidente Sarkozy de expulsar de Francia a unas centenas de inmigrantes rumanos, todos, o al menos la mayoría, gitanos, levantó ampollas entre una buena parte de la ciudadanía francesa. Francia es una de las grandes receptoras de inmigrantes del orbe occidental, particularmente de aquellos inmigrantes originarios de antiguas excolonias del Magreb o del África ecuatoriana. Corría el 2005 cuando en diversas urbes galas tuvieron lugar durante varios días una serie de disturbios públicos entre los inmigrantes de lo que se llama “tercera generación” y las fuerzas del orden francesas, graves altercados que aparte de dejar tras de sí una estela de destrozos y estragos alertaron no sólo a la población nativa francesa, si no también al resto de vecinos europeos sobre la mala adaptación de parte de los nuevos ciudadanos a sus patrias de acogida. Los millones de euros destinados a la financiación de programas de integración han supuesto un derroche de recursos inútil; muchos inmigrantes no sólo no se han integrado y siguen viviendo en sus particulares guetos, si no que incluso una minoría se ha revelado contra la sociedad de acogida.

La inmigración ha supuesto un punto positivo para las naciones occidentales. Hay inmigrantes que han dado a sus nuevas patrias tanto, o quizá más, como de ellas han recibido. Muchos de los grandes hombres de América tienen raíces en otros países. En Francia el propio presidente Sarkozy es hijo de padre húngaro. El viceprimer ministro británico, Nick Clegg, está casado con una española. En España, país tradicionalmente emigrante, ya fuera por ansia de oro y tierras o por penuria económica y represión política, son ya millones los extranjeros que conviven con los nativos. Es evidente que la inmigración enriquece la cultura nacional, sobre todo cuando en países como Francia ésta se antoja aburrida y monolítica. Y no sólo la cultura, también la economía. Sectores capitales para la economía nacional española, como la construcción o las tareas agrícolas, son en gran parte sostenidos con la barata mano de obra extranjera. No obstante los problemas derivados de la inmigración son causados por la intervención de los poderes públicos.

Partamos de un ejemplo simple pero ilustrativo para tratar la problemática de la inmigración. Imaginemos que uno mismo organiza en su casa, de la que es propietario, una fiesta para sus amistades. Y ocurre que se cuela un indeseable, es decir, alguien que no estaba invitado al convite. El extraño comienza a devorar los manjares que he pagado de mi bolsillo, y viendo el percal, decido echarlo a trompicones de mi morada y darle con la puerta en las narices. Posiblemente nadie medianamente cabal se atreverá a acusarme de “insolidario”. ¿Entonces por qué motivo ha de ser una falta de solidariedad por parte del gobierno de la República Francesa el proceder a la expulsión de personas que viven sin oficio ni beneficio a costa del sistema de Seguridad Social pagado por todos los contribuyentes franceses? El problema central de la inmigración no es la llegada de gentes deseosas de trabajar y vivir en un nuevo país de acogida, si no la existencia de un cierto número de “polizones” o “free riders” que se aprovechan de la amplísima cobertura social de los gobiernos europeos -aunque esto también ocurre en algún que otro estado americano- sin aportar nada a cambio a los nativos salvo delincuencia y mendicidad. Tejas, estado que comparte una amplísima frontera con los vecinos Estados Unidos Mexicanos, tiene pocos problemas con la inmigración ilegal. Los inmigrantes que pisan suelo tejano saben que no disponen de la caridad del estado, y por esa misma razón Tejas sólo acoge a los inmigrantes deseosos de trabajar por su nuevo país de residencia. La mayor parte de los polizones que cruzan el borde exterior de la República se dirigen hacia estados como California o Nueva York, donde el sistema de Seguridad Social está más extendido. En suma existe una relación de causalidad entre el número de inmigrantes que se desplazan de una nación a otra y la extensión de la cobertura de la Seguridad Social. Las políticas sociales son un reclamo para los polizones que principalmente llegan al país de forma clandestina o "ilegal". Por eso mismo la postura de la izquierda más altermundista no puede ser más contradictoria: inmigración sí, pero aún a costa de afrontar las externalidades derivadas del problema del polizón.

De buena fe que el problema de la inmigración se deriva de la elevada estatificación de las naciones occidentales. Es el estado quien determina el óptimo de población inmigrante, el que dice quien entra y quien no en el país, el que regulariza de forma arbitraria a millones de inmigrantes que no disponen de medios de subsistencia como tampoco de un contrato de trabajo. Como bien señala un gran francés, Pascal Salin, “la mejor política de inmigración es no tener ninguna”. ¿A qué se referirá el economista liberal, valga la redundancia, con tal afirmación? Lo que critica Salin es que el estado se ha arrogado la potestad de regular los flujos migratorios, cuando la inmigración debe ser una materia sometida a los intereses de la nación, esto es, el conjunto de los ciudadanos libres que ejercen de forma mancomunada un derecho de propiedad sobre cierto territorio. La nación debe ser la que a través de la fórmula del contrato fije las reglas y la que excluya a ciertas personas de vivir y de trabajar en el país de acogida. Así se evitarían los problemas derivados de la deficiente integración de ciertos grupos de inmigrantes. "La libertad de migración no significa, pues, que un “extranjero” tiene derecho de ir adonde quiera, sino que puede ir libremente allí donde existe voluntad de recibirlo”, afirma Salin. El gobierno, principalmente el nacional, no puede obligar a los nativos a aceptar a nuevos vecinos en su comunidad, máxime cuando no existe voluntad de acogida. De la forzosa integración de ciertos colectivos surgen brotes de xenofobia o de racismo entre la población originaria que pueden parecernos absurdos, pero que son completamente comprensibles: así ocurre con los mexicanos en Arizona y California, los árabes en Suiza y los Países Bajos, los africanos subsaharianos en Francia o los gitanos rumanos en España. Los ciudadanos de dichos lugares ven, con mayor o menor razón, al inmigrante como un individuo que se aprovecha de los beneficios de vivir en un estado con un sistema de Seguridad Social tan extendido.

Pareja a la inmigración está la cuestión del estado de bienestar. Quien decide abandonar su patria y aventurarse a vivir y trabajar en otro país debe saber que lo hace por su cuenta y riesgo. En ese sentido el estado de bienestar es un mecanismo de promoción de la inmigración ilegal, por eso mismo si queremos admitir el principio de la libertad de migración debemos aceptar la demolición del estado de bienestar como algo necesario. El inmigrante que, como ocurre en Tejas, llega a Cataluña con un contrato de trabajo para trabajar en una empresa local deberá costearse su propia supervivencia la igual que deberán hacerlos los nacionales; mediante un seguro médico privado o una cuenta de pensiones basada en el sistema de capitalización, por poner algunos ejemplos. Puede existir la posibilidad de que una persona física o una institución privada decida actuar de “fiador” del inmigrante recién llegado, garantizando a las instituciones públicas su viabilidad financiera y asumiendo una suerte de responsabilidad subsidiaria frente a la Administración. Si hay tanto solidario manifestándose en pro de los inmigrantes, ¿por qué no organizan una asociación o fundación con la que ayudarlos, en lugar de solicitar que sea el estado, y por ende los contribuyentes, los que subsidien a todos aquellos que llegan con lo puesto a la frontera? En cualquier caso el municipio ha de ser el gobierno que gestione las relaciones del inmigrante con la sociedad receptora: permiso de residencia efectiva, regularización fiscal, acceso a prestaciones sociales mínimas, etcetera. Hay quien asume que las autoridades nacionales pueden establecer algo parecido a un mercado de permisos de residencia y trabajo, pero esa posibilidad no hace sino conceder al gobierno la facultad para decidir quien entra y con qué condiciones en el país.

Cuestión importante es la concesión de determinados derechos políticos, propios de la condición de ciudadano, a los inmigrantes; problemático es el acceso al sufragio activo o pasivo. Señala Jesús Huerta de Soto en un paper titulado A Libertarian Theory of Free Immigration que “[los inmigrantes] no tienen derecho a usar el mecanismo de la coerción política –el voto democrático- para promover políticas fiscales redistributivas o para intervenir en los procesos espontáneos de los mercados nacionales a los que han accedido […] Sólo después de un dilatado período de tiempo, una vez considerada la posibilidad de que los inmigrantes hayan absorbido los principios culturales de su nueva sociedad, se les podría conceder la plena ciudadanía, incluyendo los derechos de sufragio activo y pasivo. A propósito de esto, la regla establecida en la Unión Europea, donde los ciudadanos de cualquier otro estado miembro de la UE pueden votar en las elecciones al municipio donde residen, es altamente cuestionable”.

Es destacable señalar que los inmigrantes sólo han de observar las leyes del país, particularmente la ley penal y la legislación civil en materia de derechos reales, contratos y familia, y no cuestiones de índole consuetudinaria -como el cerrar los negocios en domingo-. Así son un verdadero dislate las propuestas de los conservadores basadas en un “contrato de integración” en el que el inmigrante debe observar y cumplir con las costumbres de la comunidad local o con la moral del país de acogida. Lo que fundamentalmente interesa a la nación de acogida es que el inmigrante no se convierta en un criminal o que atente contra los derechos de sus vecinos, su modo de vida es indiferente siempre que no suponga una alteración del orden público -siempre cabría evitar prácticas salvajes como la mutilación genital o la violencia en el ámbito doméstico-. En caso de que el inmigrante cometa un delito tipificado como tal en la ley penal, además de aplicarle la misma pena que se le impondría a una persona nacional, cabría castigar con la expulsión –definitiva según que casos- al reo declarado culpable en un proceso con todas las garantías. Esta posibilidad está recogida en el Código Penal español.

En suma, de todo lo detallado en el presente texto se desprende la siguiente idea: todo ser humano tiene el derecho innato a buscar su felicidad, aún cuando ello implique abandonar su patria natal y desplazarse a otro lugar en busca de nuevas oportunidades. La sociedad de acogida, y no el estado, es la legitimada para ejercer las correspondientes exclusiones a ciertos tipos de inmigrantes, pues dichas exclusiones se basan en el derecho de propiedad. El inmigrante deberá asumir por su cuenta y riesgo su estancia en el país receptor, respetando la ley nacional y los derechos de sus nuevos vecinos. Pasado un lapso de tiempo prudencial que indique que el inmigrante se ha adaptado sin mayores problemas a la vida en su nueva nación, procederá concederle la nacionalidad con todos los derechos políticos aparejados. En todo caso la libertad migratoria es incompatible con la existencia de un sistema de Seguridad Social; para practicar una no-política de inmigración deberá efectuarse una reforma orientada a fortalecer las iniciativas privadas basadas en la responsabilidad individual.

ALEMANIA Y EL DEBATE SOBRE EL SERVICIO MILITAR

2010-09-06T12:49:00.018+02:00

Alemania, levantada de las ruinas de la II Guerra Mundial, pasó de ser una potencia militar a ser una nación eminentemente comercial en apenas un par de décadas. Todo un milagro, como para reírse a carcajadas del desarrollismo franquista. Los alemanes han sustituido la blitzkrieg por las exportaciones en su afán por el dominio de Europa y del mundo, conquistando el planeta con su ingenio científico y su músculo industrial. Sólo el gigante comunista chino ha logrado desbancar recientemente a la industriosa Alemania del podio de principal nación exportadora al resto del mundo. Pese a que podamos pensar que los mercantilistas germanos no necesitan de las armas para garantizar su independencia nacional Alemania dispone de uno de los mayores contingentes militares de Europa occidental. La Bundeswehr, esto es, la Fuerza de Defensa Federal, es una de las fuerzas armadas mejor equipadas y entrenadas de las que componen la OTAN, y hoy por hoy es la que mayor número de efectivos tiene -algo más de 550.000 militares- después de las de la República Francesa -en torno a 780.000-. Siguiendo el modelo prusiano de ejército, entendido éste como "la nación en armas", Alemania cuenta con 200.000 militares profesionales, 55.000 conscriptos o reclutados y una reserva militar de poco más de 300.000 reservistas.

El servicio militar es una tradición arraigada en la Europa continental, sin embargo es en épocas recientes cuando las naciones anglosajones, con una inicial concepción del ejército como la fuerza armada privativa del monarca, comienzan a implantar el modelo de conscription o reclutamiento forzoso. Fueron la absolutista Francia y la autoritaria Prusia las pioneras en levantar ejércitos genuinamente nacionales, es decir, compuestos por todo paisano con aptitud para combatir. Decían el XVIII que Prusia era "un ejército con nación". El espíritu prusiano pasó a los regimentos del Kaiser, de éstos al Reichswehr de Weimar y luego a la Wehrmacht. Hasta la Nationale Volksarmee, las fuerzas armadas de Alemania oriental, que heredaron la tradición prusiana, fueron la fuerza más profesionalizada del Pacto de Varsovia. Tanto el ejército francés como el prusiano fueron uno de los grandes apoyos de que se valieron los reyes de tales naciones para reforzar sus regios y extensos poderes. El ejército era el instrumento con el que moldear al ciudadano a gusto del gobernante, tanto en Francia como en Prusia, y más recientemente en España, el servicio militar era también la forma de subyugar a los pueblos díscolos. Decían los jacobinos que "la reacción habla vasco"; así el ejército republicano, al igual que las reales academias de la lengua y la enseñanza estatal fue un medio con el que uniformizar al pueblo francés. La mili española copió el ejemplo francés a la hora de castellanizar mediante la milicia a catalanes, vascos o gallegos.

Frente al modelo prusiano, cuyas bases sentó rico Federico II el Grande, estaba la mentalidad anglosajona. Oliver Cromwell se enfrentó a las tropas mercenarias del rey Carlos I con un ejército compuesto por el paisanaje inglés, el Ejército Continental comandado por George Washington y sostenido en los minutemen o milicianos combatió a los regulares británicos y a los mercenarios alemanes al servicio de la metrópoli. Los ejércitos de la Gran Bretaña, de la Commonwealth y de los Estados Unidos eran en origen contingentes militares profesionales de reducido tamaño, a los que eventualmente se podían sumar los millares de efectivos de las milicias. Las victorias iniciales de la Confederación del sur sobre los norteños fueron posibles gracias a la rapidez con la que los estados organizaron ejércitos propios sobre la base de las milicias estatales y locales. Junto con los profesionales y los milicianos, en los ejércitos occidentales muchas de las veces entraban en combate mercenarios pagados por la República o la Corona. Los británicos organizaban en batallones a los gurkhas nepalíes y a los cipayos indios, los españoles hacían lo propio con los regimientos valones o los regulares rifeños.

Thomas Jefferson decía que como las polis griegas o la Roma republicana los Estados Unidos deberían contar con un ejército popular conformado por todo ciudadano capaz de portar armas. En Suiza, Austria, Noruega o hasta hace bien poco en Suecia el ejército era básicamente una milicia obligatoria. En Alemania, como en Chile, el tradicional modelo militar prusiano cristalizó en la necesidad de un servicio militar. Ahora, con un ejército altamente profesionalizado, los alemanes comienzan a cuestionarse la idoneidad de la susodicha tradición castrense. La mayoría de las naciones pertenecientes a la OTAN han abolido el servicio militar y profesionalizado los ejércitos. Sin embargo en Alemania la conservadora CDU de Angela Merkel defiende la permanencia del servicio, muchos alemanes entienden que tal tradición es una de las más profundas señas de identidad nacional de la moderna Alemania democrática y federal. Los jóvenes reclutas, que toman juramento en la esplanada del Reichstag, son considerados "ciudadanos con uniforme" que prestan un servicio a la República. Sin embargo los liberales-demócratas del Guido Westerwelle entienden que el servicio debe desaparecer y ser relevado por un contingente plenamente profesional. En verdad que ante la elevada tecnificación de los ejércitos actuales es un tanto absurdo la existencia del servicio militar. Además hay que tener en cuenta los intereses del ciudadano que es obligado a prestar el servicio militar o la prestación sustituta obligatoria; para algunos una experiencia aprovechable y para otros, en cambio, una pérdida de tiempo. Con todo la reducción de los ejércitos es consecuencia directa de la política pacificadora de los gobiernos occidentales. En ese sentido una sociedad libre y pacífica se basta con una fuerza defensiva de tamaño proporcional, profesional, moderna y dedicada en exclusiva a velar por la integridad y la independencia de la nación.

¿TIENE EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA UN VALOR SUPERIOR A LAS CONSTITUCIONES NACIONALES?

2010-09-03T12:52:00.009+02:00

Discutía ayer con un colega sobre si el llamado derecho constitucional europeo, fundamentalmente los tratados internacionales -Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y Tratado de Derechos Fundamentales de la Unión Europea- es jerárquicamente superior a los ordenamientos constitucionales de los estados miembros. La Constitución política del Reino de España es la norma normarun de todo el ordenamiento nacional, es la ley fundamental del estado y tiene otorgado un valor jurídico supremo, quedando subordinados a la misma los tratados internacionales suscritos por España, que desde que son adoptados pasan a formar parte del derecho interno. Los tratados que rigen la constitución, organización y funcionamiento de la Unión Europea, al igual que todos los tratados internacionales firmados por España, tienen rango de normas constitucionales, pues en atención a la Sentencia 66/1985, de 23 de mayo -entre otras-, el Tribunal Constitucional afirma que los tratados internacionales forman parte del llamado bloque de la constitucionalidad, quedando eso sí subordinados a las previsiones de la Constitución.

Quienes salen en defensa del valor superior de los tratados europeos y de la primacía de dichas normas sobre las constituciones nacionales alegan que son las normas de derecho constitucional europeo las que modifican al derecho constitucional interno, y no a la inversa. Ocurre que como bien señaló el Tribunal Constitucional Alemán -BVerfG- los estados miembros conforman una asociación de gobierno y retienen su carácter de estado y su condición de soberanos, y por tanto la norma constitucional con valor netamente soberano es la constitución política de cada nación. La Unión Europea, dentro de sus particularismos, es un sujeto de derecho internacional, una organización internacional con caracteres confederales y federales. No es un estado, pues carece de soberanía; al ser una comunidad singular de estados soberanos dotada de competencias atribuidas por los estados parte en los tratados su derecho no puede gozar del privilegio de la soberanía, no puede modificar los ordenamientos constitucionales de cada país sin la pertinente reforma constitucional. No existe una constitución europea que pueda anteponerse a la Constitución española, a la Ley Fundamental de Bonn o a la constitución no escrita del Reino Unido, por que precisamente la constitución es la norma fundamental de un estado, y la Unión Europea no tiene rango de estado, al menos y afortunadamente por el momento. Los tratados en consecuencia tienen un valor superior a la ley del país, pero inferior a las constituciones de cada estado.

Muchos de los defensores de la superioridad del ordenamiento europeo basan su razonamiento en la teoría de la nulificación de J.C.Calhoun. Una norma europea puede contrariar lo previsto por la constitución de uno o varios estados, y por ello cada estado estaría legitimado para anular todo aquel contenido ultra vires que suponga una violación de su derecho constitucional. Volviendo a lo de antes, la Unión Europea y aquellas instituciones que ejercen en cierto modo un poder legislativo -el Parlamento y el Consejo- no tiene carácter soberano y por tanto sus actuaciones no pueden en ningún caso violar los ordenamientos constitucionales nacionales. De no ser así estaríamos admitiendo un putsch contra la legalidad constitucional. Como son los estados quienes negocian, elaboran y suscriben los tratados, quienes establecieron las instituciones europeas y siendo sus constituciones el origen de toda soberanía, el derecho europeo, no siendo constitucional y sí internacional, formando parte del derecho interno de cada estado, no puede contravenir las previsiones de la constitución.

LECTURAS RECOMENDADAS

2010-09-01T01:16:00.004+02:00

De putas, féminas y economistas por Remedios Morales

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MOTINES Y CAMISAS BLANCAS

2010-08-28T16:42:00.013+02:00

Dice The Economist que a Zapatero le quedan poco menos de dos telediarios como inquilino de La Moncloa. El semanario británico no da un respiro al de León; primero que si el tirón de orejas de los señores de la Comisión Europea para que el gobierno se apretase el cinturón, luego que si la prohibición de las corridas en Cataluña, ahora que si pocos dan un duro por el presidente de cara a las Generales de 2012. Es verdad, Zapatero ya no tiene xeito para controlar ni tan siquiera el motín de Tomás Gómez dentro del PSM; ha intentado colocar a una confiada Trinidad Jiménez que tira de sus logros a cargo del fantasmagórico Ministerio de Sanidad, cuando lo más decente que podría haber hecho la interfecta sería haberse apartado de la dirección de dicho ministerio. Reconozco que Tomás Gómez es un tipo que me parece de lo más competente dentro del PSOE, dicen que seica tiene carisma dentro de la militancia socialista madrileña, que si fue alcalde más votado de España -algo que no indica el mejor o peor pedigree de un político-, pero yo lo veo un valiente que se ha rebelado contra el dirigismo stalinista del partido y le ha metido el dedo en el ojo a Zapatero y a la dirección socialista, quizá sea por eso por que el bocazas de Pedro Castro ya se ha apresurado a estigmatizarlo como el candidato conservador.

Volviendo al comienzo de estas líneas, apunta The Economist que en 2012 muy probablemente ganará aquel partido que sepa dar esquinazo a su líder. Zapatero es un enfermo que huele a gangrena, pero ¿y Mariano Rajoy? Precisamente me puse con este pequeño escrito después de haber visto el acto en el que el vicario de Rajoy en la tierra, Esteban González Pons, ya experimentado en eso de comerse marrones desde el reciente asunto melillense, ungía a Francisco Camps como candidato del partido a la presidencia de la Generalitat. Camps, exaltado en la tribuna de oradores, proclamaba a los cuatro vientos que será por los siglos de los siglos presidente y que no hay collons de largarlo. Precisamente la combinación de camisa blanca y moreno marbellí propio de los tiempos de la economía del ladrillo de la que hacían gala Pons y Camps, junto con la tontería marianista de criticar al PSOE por no defender a los trabajadores -o por ser poco socialista, si me descuido-, es lo que me saca de mis casillas y lo que me impide darle mi confianza al PP. Rajoy es un señor bien cómodo en su papel de Ni-Ni -Ni pincha Ni corta-. Camps, un individuo que pese a ganar elecciones no es más que un reyezuelo que hace y deshace a voluntad en su feudo particular, ha logrado lo que quería; neutralizar la amenaza de perder la simpatía de los jerifaltes del nº13 de la calle Génova.

Con un gobierno camino de la unidad de cuidados intensivos, el PP no parece una alternativa seria de gobierno. No lo es al menos para aquellos que en nuestra inocencia y honradez todavía creemos en la mejor virtud del sistema democrático-representativo sobre los vicios del despotismo de los grandes partidos y en la preponderancia del bien de la res publica sobre las prebendas, los latrocinios y demás corruptelas inherentes a un sistema de democracia nominal como el español. Con un Zapatero oscurecido por el desafío de Tomás Gómez, los camisas blancas, sin nuevos Gürteles a la vista -al menos por el momento-, con sus morenos de la Costa del Sol, sus pelos engominados y sus particulares congresos valencianos a la búlgara, marchan sobre Madrid. Sálvese quien pueda.

JEFFERSONIANISMO

2010-08-27T18:37:00.010+02:00

Thomas Jefferson fue junto con su tocayo Thomas Paine el teórico político que después de John Locke más influyó en el pensamiento liberal de los Estados Unidos y de la Vieja Europa. Tras el triunfo de la Revolución en Francia, el Marqués de La Fayette, que había combatido con los americanos en la Guerra de Independencia, envió un presente a su antiguo camarada de armas y ahora correligionario, George Washington: las llaves de la prisión real de la Bastilla. Decía un anónimo francés de la época que “nadie puede dudar de que los principios políticos americanos abrieron las puertas de la Bastilla: esta llave vuelve al lugar que le corresponde”. Sin duda que tanto Jefferson como Paine fueron los principales inspiradores de los revolucionarios franceses. Ambos visitaron Francia e intercambiaron pareceres con los intelectuales del país, Jefferson fue embajador de los Estados Unidos ante el Rey de Francia de 1785 a 1789, Paine participó en los trabajos de redacción de la Constitución francesa de 1795. Pese a las críticas recibidas por adherirse a la Revolución de 1789, ninguno de los dos apoyó la posterior dictadura jacobina tras el derrumbe de la Monarquía de los Borbones. Paine fue encarcelado por causa de denunciar las prácticas abominables de los jacobinos. Jefferson, por su parte, defendía un republicanismo totalmente distinto del que promovían Robespierre, Marat o Danton, que bebían de la teoría comunitarista de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau basaba su contrato social en las polis griegas, mientras que Jefferson admitía que ciertas muescas de identidad del republicano clásico, como la preferencia por el sistema de oligarquías o el de las mayorías, podrían convertirse en una amenaza para la libertad individual. En palabras de un republicano liberal como Benjamin Constant; “la independencia individual es la primera necesidad de los modernos, por lo tanto no hay que exigir nunca su sacrificio para establecer la libertad política. En consecuencia, ninguna de las numerosas y muy alabadas instituciones que perjudicaban la libertad individual en las antiguas repúblicas, resulta admisible en los tiempos modernos”.

En la América revolucionaria la República era adorada como el régimen que combinaba la libertad con la igualdad; la sociedad libre con la igualdad ante la ley –no mediante la ley, a diferencia de lo que postulaban los seguidores de Rousseau-, la República era a fin de cuentas el gobierno de la virtud. A la República, sostenedora de la libertad, se contraponían la democracia y la monarquía. No es de extrañar que la palabra “democracia” no aparezca en la Declaración de Independencia o en la Constitución federal; los Padres Fundadores estaban fuertemente influenciados por los ideales de la República Romana y de las corrientes cristiano-protestantes y entendían la democracia como el mal antagónico de la monarquía: si la monarquía era la tiranía de un solo hombre la democracia era la tiranía de la mayoría de los hombres. Por eso mismo la Constitución, pese a la paradoja, es una norma que establece un gobierno democrático sin referirse expresamente a la propia democracia.

Con el triunfo de la Revolución, Jefferson y Madison formaron el Partido Republicano, que luego se convertiría en el Republicano-Demócrata. Como antítesis de Jefferson y los Antifederalistas estaban Alexander Hamilton y sus Federalistas. Inicialmente James Madison y John Adams formaban parte de la corriente federalista, pero luego se pasaron al partido de Jefferson. El Federalismo era una corriente ideológica marcadamente influenciada por el sistema británico, su principal promotor, Hamilton, abogaba por un gobierno central fuerte capaz de deshacer las resistencias estatales como si se tratasen de un terrón de azúcar introducido en agua, defendía el mercantilismo, esto, la promoción por parte del gobierno federal de ciertos sectores económicos considerados de interés nacional, así como una política comercial sustentada en elevados aranceles y una política exterior que a posteriori quedaría enmarcada dentro de la doctrina Monroe: “América para los americanos”. Hay quien dice que el movimiento paneuropeo tiene a El Federalista como libro de cabecera y que Jean Monnet sería el equivalente de Hamilton en la Europa de 1950, lo cierto es que las doctrinas hamiltonianas son tan antiamericanas como enemigas de la tradicional configuración descentralizada del continente europeo.

Al final, las ideas de Hamilton triunfaron pese a la desintegración del Partido Federalista y el acceso a la presidencia de Jefferson y Madison, que aminoraron el inicial entusiasmo federal creado en torno a la figura de Washington. Henry Clay recicló el planteamiento hamiltoniano y lo convirtió en el programa del Partido Nacional Republicano, mientras John Quincy Adams y Andrew Jackson, uno republicano y otro demócrata, mandaban al traste los logros conseguidos durante la etapa del tándem Jefferson-Madison en la Casa Blanca. En pleno apogeo de la Democracia jacksoniana Abraham Lincoln, un abogado whig de Kentucky, trató de darle un impulso político al American system sabiendo las pocas posibilidades que su mentor Clay tenía dentro del Partido Republicano; así recordó Abe su compromiso con el nacionalismo económico en una reunión del Grand Old Party en 1832, con motivo de su candidatura a congresista: “Soy el humilde Abraham Lincoln […].Mi programa es breve y dulce como el baile de una mujer vieja. Estoy a favor de la banca nacional, del sistema de mejoras internas y de una aduana proteccionista”. He ahí las tres vigas maestras propuestas por Hamilton, desarrolladas por Clay y ejecutadas por Lincoln y el Gran Triunvirato whig del Senado -el mismo Clay, John C. Calhoun en su etapa nacionalista y Daniel Webster-: mejoras internas –internal improvements- a modo de estímulo sobre sectores estratégicos como el ferrocarril, los canales o las carreteras, que a su vez servirían para reforzar intereses nacionales en detrimento de los estatales, tarifas arancelarias de entre el 20% y el 25% a las importaciones extranjeras a modo de protección frente a la competencia exterior, así como impuestos directos federales, y como colofón una banca central controlada por el gobierno federal, encargada de ejecutar una política crediticia expansiva destinada a financiar el creciente presupuesto federal mediante el peor tributo posible: la inflación.

La doctrina política jeffersoniana se basaba en los States’Rights, o derechos de los estados, como garantía de un gobierno federal “frugal y sencillo” y de un poder descentralizado y mayormente local. De ahí que se hiciesen llamar Antifederalistas. La expresión democracia representativa sintetizaba el republicanismo democrático y radical, teniendo por valores supremos la libertad y la responsabilidad individual y la igualdad ante Dios y ante la Ley. Jefferson recelaba de las grandes empresas, de la banca y de la aristocracia burguesa de las grandes ciudades. Prefería la propiedad pequeña y mediana, la que mayoritariamente existía en el mundo rural. Hay quien ha querido ver en esta postura una especie de alegato anticapitalista por parte del virginiano, pero lo cierto es que Jefferson no conoció en vida la teoría económica que formuló Karl Marx, que fue quien acuñó el término capitalismo, en un sentido crítico. Al contrario, los jeffersonianos han sido desde siempre librecambistas, simpatizantes del laissez-faire y, como defendía Adam Smith, partidarios de un control gubernamental a fin de evitar los posibles abusos sobre el consumidor y las influencias sobre los políticos por parte de las grandes empresas –argumentos ambos esgrimidos por la Sherman Antitrust Act de 1890-. Del mismo modo los demócratas jeffersonianos eran partidarios de la banca privada y del dinero seguro y no inflacionario, por esa misma razón Jefferson echó el cierre al Primer Banco Nacional, años más tarde, en 1833, el controvertido Andrew Jackson haría lo propio con el Segundo Banco Nacional.

Tras la Guerra Civil los demócratas jeffersonianos que habían apoyado la causa de los Estados Confederados –durante la contienda los confederados habían abrazado el proteccionismo que tanto aborrecían, practicando una suerte de "socialismo de guerra"- cayeron en desgracia. Entre 1865, año de la muerte de Lincoln y el triunfo de la Unión, y 1923, cuando el progresista John Calvin Coolidge reemplaza al fallecido Warren Harding, se sucede una mayoría republicana en la Casa Blanca. Tan sólo dos presidentes no conservadores: Andrew Johnson, del ala radical y anti-lincolniana del Partido Republicano, y Grover Cleveland, demócrata y presidente en dos ocasiones no consecutivas. La debacle sureña había traído el triunfo definitivo del Federalismo de Hamilton y del American system de Clay, aunque será un demócrata, Woodrow Wilson, quien resucitará la idea de una banca central. Los cuatro mandatos del incombustible Franklin Delano Roosevelt son el punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos por que suponen la aplicación intensiva del ideario federalista: centralismo político, auge del proteccionismo económico, grandes proyectos de obras públicas, intervención en la II Guerra Mundial. La posguerra trae consigo el fin de la Old Right y el surgimiento de un nuevo conservadurismo republicano que en las cuestiones de estado defiende lo mismo que el progresismo demócrata. Es con la candidatura presidencial de Barry Goldwater cuando el ideario jeffersoniano vuelve a la vida pública. Los años de Ronald Reagan en el 1600 de la Avenida de Pennsylvania suponen una vuelta los principios fundacionales de la nación, pero como alertó James M. Buchanan, durante la década de 1980 los liberales “se durmieron en los laureles”. Es con el despegue del neoconservadurismo de G.W. Bush y del progresismo de Barack Obama cuando los liberales de América y del resto del mundo, particularmente de España, se animan a salir de la trinchera. Jefferson, 200 años después, está más vivo que nunca.

ARMAS & SEGURIDAD

2010-08-25T11:35:00.006+02:00

El cine yankee bien sirve para ilustrar que la vida, la libertad y la propiedad son el credo trinitario de los Estados Unidos, de ahí que las armas sean un derecho constitucional concebido para asegurar el respeto a la ley y al derecho de cada particular. Recomiendo la película Gran Torino, que en este sentido es bastante aleccionadora. En el film el protagonista, Walt, sale rifle M1 Garand en mano a escarmentar a unos pandilleros que han invadido su jardín. Lo cierto es que en España, que en sus tiempos fue un país donde cada paisano guardaba un arma en el sótano o en el desván, cualquiera que tenga la temeridad dentro de los convencionalismos que rodean al ámbito académico de mostrarse partidario de liberalizar el uso de armas de fuego debe tener por seguro que será reprochado con el tono de una reprimenda como dirigida a un infante que no sabe lo que dice, cuando no identificarán al que pronunció tal aseveración con banderas confederadas, whiskey de Tennessee y duelos al caer el día en las calles polvorientas de un pueblo de Tejas.

Lo cierto es que en este país el tema de las armas es tabú. Un servidor, que veía con cierto escepticismo la tenencia de armas, ha pasado a ser un ferviente partidario de la Second Amendment. Dicen que Dios creó a los hombres y Samuel Colt lo hizo iguales. Me aventuraré a decir que tal vez la seguridad que proporciona una pistola compensaría la mano larga de ciertos indeseables con sus parejas. Lo que sí sé a ciencia cierta es que la policía, para bien y para mal, no es ubicua. También que el excesivo celo policial y la obsesión por la video-vigilancia conducen a menos libertad. Ocurre que en este país se valora más la seguridad que la libertad. Benjamin Franklin, uno de los redactores de la Constitución federal, dijo en cierta ocasión que quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad.

Centrándome en lo de las armas, no por que exista un derecho constitucional o legalmente reconocido a la tenencia de armas tiene por qué haber menos (o más) seguridad. La ciudad de El Paso, en la frontera exterior de los Estados Unidos es la más, o de las más, seguras del país, pertenece al Estado de Tejas, cuyas leyes son bastante laxas en materia de control sobre la tenencia de armas. Si cruzas la frontera con México, un país más restrictivo con la tenencia de armas que sus vecinos norteños -el artículo 10º de la Constitución mexicana reconoce el derecho a la tenencia de armas-, y te internas en las calles de Ciudad Juárez sabe Dios como volverás a casa. El mismo ejemplo vale para Detroit, una de las ciudades más violentas de América, y cualquier ciudad canadiense de la fronteriza Provincia de Ontario. Se alega en detrimento del derecho a poseer armas que Canadá es un país seguro por que son restrictivos con las armas, pero lo cierto es que los canadienses tienen un derecho a portar armas legalmente reconocido por la mayoría o por todas las provincias. Sin embargo nadie habla de los asesinatos u homicidios en Canadá, o aquí en el Viejo Continente, de los crímenes donde por el medio hay armas de fuego cometidos en países tan enamorados de las armas como Suiza, Suecia, Finlandia, Austria o Noruega -en cuya capital, Oslo, se entrega el Nobel de la Paz, ironías-. Suiza es un país donde cada ciudadano tiene el deber de guardar en casa el completo equipo de combate junto con el rifle de asalto reglamentario y sin embargo Ginebra registró en 1993 tantos crímenes como Nueva York en un día. Jamaica es un país violento y no existe el derecho a poseer armas de fuego. Esto demuestra que no es problema de cuan fácil sea conseguir un arma, o de cuantas armas legales existan en todo el país. No es un problema de las armas en sí, sino de la gente que las utiliza, es una cuestión de mentalidad y de nivel de vida. En Suiza o Suecia los incidentes con armas son bastante menos habituales de lo que se piensa, precisamente por que la posesión de un arma no implica un aumento de los delitos y un recrudecimiento de la violencia en las calles: no necesariamente en países con un alto nivel económico, y por ende con una clase media considerable que goza además de un nivel cultural respetable. Resultado: las calles y barrios de las ciudades y pueblos de dichas naciones europeas son de las más seguras del mundo.

Actualmente España es, después de Japón, la nación del mundo con una legislación más restrictiva en materia de posesión de armas. Si tuviese que contestar con un monosílabo a la pregunta de si España es una sociedad preparada para la libre tenencia de armas sin duda que contestaría: NO. España no tiene una cultura de armas sustentada o bien en una consuetudo inveterata y por tanto arraigada como la que existe en América, fruto de la historia y la idiosincrasia nacional de aquel país, o en Suiza, producto de la existencia de un ejército popular sostenido mediante el reclutamiento forzoso. Antes de procederse a declarar que todos los españoles tienen derecho a disponer de un arma para su defensa personal, ya sea mediante ley o reforma constitucional al efecto, habrá que crear una cultura de armas destinada a garantizar la posesión responsable de tales artilugios de uso potencialmente mortal. Yo puedo asegurar el uso lícito y responsable de un arma, pero me gustaría creer que mi vecino también.

INDIANAS, TINTINES Y ROBINSONES

2010-08-24T16:00:00.007+02:00

Es curioso. Una gente que tiene complejo de Indiana Jones y de Teresa del Calcuta a partes iguales, que se supone que asumen por cuenta propia los eventuales riesgos y desventuras de meterse en un jeep por medio del Sahel, y que luego son capturados por un grupo terrorista. Llega el momento de asumir responsabilidades, y entonces se produce el escaqueo. El gobierno, negando luego la mayor, paga un rescate millonario para sacar a los dos sacrificados aventureros de su aprieto. No sé ustedes, pero en mi casa suele decirse que "quien la hace la paga".

Imagínense por un momento que en lugar de hablar del Sahel estuviésemos hablando de la selva colombiana. O de las montañas chechenas, da igual. El caso es que nadie daría un duro por rescatar a uno, o a dos, o incluso a seis ciudadanos españoles. Cambiemos a los desarrapados terroristas de Al Qaeda por las FARC, el ELN o la guerrilla chechena. ¿Debería una nación civilizada pagar un rescate a un grupo terrorista o criminal, liberando presos de ellos a cambio de recuperar a nuestros rehenes? Mi respuesta es que no. No es ético que el gobierno esté destinando dinero del contribuyente, que es de nuestra propiedad, a pagar por la irresponsabilidad de ciertas personas, y lo más importante, a financiar a grupos terroristas. Además de no ser ético crea un peligroso precedente. Acuérdense del Alakrana. Idéntica laguna moral presenta el supuesto en que el gobierno organiza una operación militar de rescate. ¿No quedamos en que las fuerzas armadas están para defender el territorio? Ya que enviamos tropas al extranjero para rescatar a ciudadanos, ¿por qué no un guardia civil a modo de escolta para todo ciudadano que salga de nuestras fronteras, como si lo hace para ir a comprar tabaco a Andorra?

El caso es que al final, y me alegro por que estén enteros, los susodichos cooperantes han sido liberados. Sin embargo no deja de resultar un tanto chabacano, de mal gusto, una grosería, que los cautivos durante meses y sus familiares y amigos hayan organizado un espectáculo en el aeropuerto del Prat. Podría valer el descorchado de un cava en la intimidad de sus casas, pero no semejante despliegue publicitario. Su irresponsabilidad ha conllevado a que ganen los malos, habiendo montado una orgía de dinero público. El que creyéndose misionero decida lanzarse al vacío de la aventura debería saber que el riesgo resultante de su temeridad forma parte de su responsabilidad. Lo que es inmoral es que alguien, presa del peligro que ha causado, intente que el gobierno sea quien le saque las castañas del fuego. En otras culturas eso es inconcebible, tanto como que el gobierno negocie con terroristas y acceda a pagar un rescate. Que tome nota este gobierno claudicante y aficionado a hacer la táctica del avestruz, también aquellos snobs que se creen Indianas Jones, Tintines y Robinsones Crusoe.

LA JUSTICIA COMO MONEDA DE CAMBIO

2010-08-23T10:26:00.009+02:00

Mucho revuelo ha levantado entre las filas de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y en las bancadas del Partido Popular la sibilina intención del Ejecutivo de proceder a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -LO 6/1985, de 1 de julio- con la mira puesta en la descentralización del órgano de gobierno de la Judicatura, el Consejo General del Poder Judicial. Zapatero, con el agua al cuello, ha buscado en Francisco Caamaño el remedio a las ampollas levantadas entre el stablishment catalán por una sentencia, la del Estatut, que no gusta. Lo cierto es que me deja un tanto descolocado que aquellos que apoyaron las reformas de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas de Valencia y Andalucía, aceptando la posibilidad de que surgiesen órganos regionales de gobierno de los jueces en aquellos lares, ahora critiquen que el Ejecutivo, movido por sensibilidades electorales, que es lo más probable, intente reformar el esquema general del gobierno judicial dejando la puerta abierta a que Cataluña disponga de un Consejo de Justicia autonómico que asuma parte de las competencias atribuidas a su equivalente estatal.

Lo cierto es que contrariando la verborrea disparatada de Soraya Sáenz de Santamaría, la sentencia del Constitucional no ha declarado inconstitucional la posibilidad de que Cataluña tenga un sucedáneo del CGPJ. Lo que ha dicho el Tribunal es que es anticonstitucional que tal delegación de competencias haya sido dispuesta en el articulado del Estatuto, y que en todo caso de procederse a la constitución de un Consejo de Justicia autonómico se deberá reformar el Título II del Libro II de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En verdad que la reforma de los artículos de la LOPJ referidos al CGPJ no es contraria a la Constitución, precisamente por que el artículo 122 y los restantes del Título VI sólo disponen la existencia de un «órgano de gobierno» del poder judicial, remitiéndose a ley orgánica en lo que atañe a «su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario». Mientras la creación de un Consejo de Justicia autonómico para Cataluña no implique la rotura del principio de unidad jurisdiccional y del poder judicial único no hay nada que contraríe el tenor de los preceptos constitucionales.

La importancia dada al asunto y las reacciones suscitadas están más que justificadas; entre las funciones del gobierno judicial están el proponer el nombramiento de los presidentes del TS y del CGPJ, proceder eventualmente a la propuesta de renovación de los miembros del TC, inspeccionar los juzgados y tribunales a lo largo y ancho de la nación, o la «selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados». Como se puede observar funciones muy importantes que determinan la independencia judicial. El sentido del conflicto no está en la descentralización del gobierno judicial, sino en la posible repercusión que pueda tener para la independencia de la Judicatura que Zapatero aproveche la ocasión y mine el poder que ostenta el CGPJ, que es el encargado, al menos en la teoría, de pararle los pies al Ejecutivo.

La mejor constitución de la historia, al menos por el momento; la de los Estados Unidos de América, puso especial énfasis en garantizar una Judicatura neutral ajena a las actuaciones de la Legislatura y la Administración. En los Estados Unidos el presidente, bajo consejo y con el consentimiento del Senado, nombra a los nueve magistrados del Tribunal Supremo además de otros magistrados y jueces federales. Los jueces de distrito son también nombrados por el presidente a través de las recomendaciones de los senadores del partido del presidente. Nadie puede acusar a los jueces americanos de ser parciales o de estar al servicio del partido gobernante, precisamente por que los Padres Fundadores evitaron cometer los errores que han cometido los redactores de nuestra Ley Fundamental. El problema, en suma, no reside en que el gobierno judicial se descentralice hacia las regiones, sino más bien en la propia existencia del CGPJ. Con esto presente cualquier reforma de la LOPJ con ánimo de satisfacer a la sucursal catalana del PSOE no será más que un parche que no corregirá los fallos del sistema sino que los acrecentará aún a costa de que los políticos mercadeen con la justicia en beneficio exclusivo de los intereses de partido.

SUBMARINOS DE PELÍCULA

2010-08-22T13:05:00.014+02:00

Entre todas las armas bélicas ideadas por el hombre hasta la fecha diría que las que realmente revolucionaron el arte de la guerra y supusieron un salto tecnológico cualitativo en los armamentos fueron el carro de guerra, el cañón, la ametralladora y el submarino. Ya en su día el submarino, que junto al destructor fue una de las dos grandes aportaciones españoles al campo naval, suscitó admiración y recelo a parte iguales. Los británicos lo veían un arma "condenadamente poco inglesa", en cambio el Almirante von Tirpiz lo recibió con entusiasmo, pues el submarino era la pieza perfecta para compensar las carencias de la Marina de Guerra Imperial, a saber, la inferioridad numérica de la flota de superficie en contraste con los acorazados de la "era Dreadnought", el poderoso músculo naval de la Royal Navy. Lo cierto es que durante la II Guerra Mundial el peso de las campañas en Europa, África, Asia y Oceanía recayó sobre los submarinos, los carros de combate, los grandes bombarderos estratégicos y los portaaviones. Acabada la última Gran Guerra e iniciada la Guerra Fría el submarino pasó a un segundo plano, de hecho el primer combate naval desde 1945 en el que participaría un submarino se produjo en 1971, con la guerra entre India y Paquistán.

El submarino mantuvo el protagonismo perdido en la guerra pero en el cine. Al gran público le seducía la idea de una máquina bélica que pudiese atacar sin ser vista. Muy posiblemente a las tripulaciones de los convoyes aliados que se encargaban de abastecer a los soviéticos a través del septentrional puerto de Arkandelsk no le hiciese ni pizca de gracias hundirse en el gélido Océano Ártico. Creo que la misma reacción se daría entre los capitanes de las flotillas japonesas de suministro y de transporte que surcaban el Mar de Japón. El caso es que la II Guerra Mundial dio para muchas buenas películas bélicas. En Destination Tokio Cary Grant encarna a un capitán de un submarino que debe realizar una arriesgada misión de inteligencia naval. A aquella le siguió Hellscats of the Navy, una cinta prescindible inspirada en la película de Grant, con Ronald Reagan en el papel principal, de ahí su principal y casi único atractivo. Sin embargo es en 1981 cuando la alemana Das Boot bajo la dirección de Wolfgang Petersen da el golpe de efecto en el cine bélico. Considerada como una de las películas bélicas mejor ambientadas de la historia del cine, la trama se centra en la vida de la tripulación de un submarino alemán durante la II Guerra Mundial. El mensaje de la película, marcadamente antibelicista, entronca con la carga ideológica de filmes contemporáneos como Apocalypse Now (1979), Platoon (1986), La Chaqueta Metálica (1987) o Nacido el 4 de Julio (1989). Como curiosidad en Das Boot hay un momento en que el submarino recibe orden de dirigirse al puerto de Vigo; Galicia, España. Lo cierto es que mi ciudad natal fue base de operaciones de los submarinos alemanes que patrullaban el Atlántico, incluso en cierta ocasión el Bismarck recaló en la ría para aprovisionarse. Petersen no se molestó en idear una maqueta a escala de la ciudad en torno a los 1940, no; la ciudad se muestra de noche, en la lejanía, con el resplandor de las luces de las casas de la costa...todo ello con un toque de guitarra flamenca sonando de fondo.

Se podría decir que desde Das Boot no hubo más películas de submarinos que merezcan la pena. En 1990 Alec Baldwin y Sean Connery nos agasajan con una buena interpretación y una trama entretenida ambientada en la Guerra Fría, dirigida por John McTiernan: La Caza del Octubre Rojo. Hacia 1995 el exitoso productor Jerry Bruckheimer nos presenta Marea Roja, con Gene Hackman y Denzel Washington como protagonistas antagónicos al mando de un submarino nuclear que tiene por argumento central el ya presente en The Bounty (1984): un motín a bordo del buque que pone en peligro la misión. La fórmula de Marea Roja de enfrentar al personaje de Hackman con el de Washington, combinando escenas de acción y de suspense y el prodigio musical de Hans Zimmer al frente de la banda sonora, funcionó a las mil maravillas. Con razón la película fue candidata a tres Oscar en 1995; a mejor montaje, sonido y edición de sonido. La última película que tuvo como protagonista a un submarino fue U-571 (2000), inspirada en el argumento de Duelo en el Atlántico (1957) -Oscar a Mejores Efectos Especiales- sólo que en este caso el destructor americano es sustituido por un submarino americano de la I Guerra Mundial que tiene por misión robar de un submarino alemán la máquina de cifrado Enigma. Muchos actores famosos, hasta un cantante famoso como Jon Bon Jovi, buenos efectos especiales y mucha acción...pero por dejar de verla no se pierde mucho.

Si tuviese que recomendar alguna película para los aficionados a los submarinos sin duda que elegiría Das Boot -6 nominaciones a los Oscar- y Marea Roja -3 nominaciones-. Duelo en el Atlántico tiene su aquel, pero yo sólo el daría la medalla de bronce. Por cierto que Das Boot tuvo una secuela llamada en España Das Boot 2 La última misión; tediosa y carente de los puntos fuertes de la película original.

LUCES Y SOMBRAS SOBRE LA CONQUISTA AMERICANA

2010-08-19T11:19:00.024+02:00

Leopold von Ranke (1795-1886), en el prefacio de su Historia de los pueblos románicos y germánicos de 1494 a 1514 puso de manifiesto la necesidad de lograr una disciplina histórica científica y objetiva, con la complicada finalidad de «mostrar las cosas tal y como sucedieron» -«er will bloss zeigen wie es eigentlich gewesen»-. Pero el Romanticismo implicó la aparición de los mitos nacionales basados en una tergiversación de los hechos históricos, ignorando los historiadores de ciertas tendencias aquello que realmente había sido. Las repúblicas hispanoamericanas no quedaron al margen de polémicas interpretaciones nacionalistas de la historia, en estos casos cargando contra el «cetro opresor», el «vil feudalismo» o los «cobardes íberos» y ensalzando al «guerrero inmortal de Zempoala» a «Túpac Amaru» o a «Bolívar». Con los ecos del bicentenario de la independencia de las repúblicas americanas han sido muchos los que han descargado airadas críticas contra la Monarquía, personajes de la talla de Hernán Cortés o Francisco Pizarro o mismo contra la actitud de la Mater Hispania ante los abusos sobre los indios. Hugo Chávez, que parece sentir una aversión patológica por todo aquello que recuerde a España, obligó a modificar la bandera y el escudo municipal de Nueva Valencia del Rey, ya que ambos «eran los símbolos de la colonia», ello aún cuando los territorios americanos nunca fueron colonias de un inexistente imperio español.

Lo cierto es que la Monarquía española no fue un La historiografía tradicional nos presenta a las Españas como un imperio donde nunca se ponía el sol, pero lo cierto es que tal imperio, al menos refiriéndose a las Indias, no fue talimperio. El único rey de España -obviando a Alfonso VII de León, a Alfonso I de Aragón y a Sancho Garcés III de Pamplona- que fue Emperador fue Carlos I, que era rey de [las] España[s] y Emperador de Alemania. La historiografía tradicional nos presenta a las Españas como un imperio donde nunca se ponía el sol, pero lo cierto es que tal imperio, al menos refiriéndose a las Indias no fue tal. Imperio es una entidad política que en su seno alberga naciones, cada cual con su soberano. En Indias no había más soberano que el monarca ibérico. Toda la empresa de la conquista americana recayó en el Reino unido de Castilla y en el Reino de Portugal; cada Reino tenía su monarca, y los territorios obedecían al rey castellano, más tarde al español, así como al portugués -cuando no a la misma persona producida la unión ibérica bajo reinado de Felipe II-. Los territorios americanos estaban gobernados por virreyes, sí, como Cataluña en su época; si no concebimos a Cataluña como una colonia o un reino independiente dentro de un imperio ficticio, ¿por qué habría de ser así cuando hablamos de las Indias?

Otro tema polémico avivado de forma torticera por los indigenistas es el de los abusos que los indios sufrieron de mano de los conquistadores. Lo cierto es que es una polémica tan antigua que se remonta a los tiempos de la conquista. Ya a principios del siglo XVI se dio el problema de la justificación de la conquista y los justos títulos para determinar a cual rey y a cual nación pertenecían las nuevas tierras descubiertas al otro lado del Atlántico. El adalid de las críticas hacia la presencia española en las Américas fue Bartolomé de las Casas, quien denunciará los abusos de los conquistadores sobre los conquistados en su Historia de las Indias. Para solucionar dicha disputa jurídica y teológica en 1512 se convoca la llamada Junta de Burgos, donde se reconoce que los indígenas son hombres libres que deben someterse a la autoridad del rey de Castilla. A los juristas y teólogos reunidos en la susodicha Junta se les ocurrió que la mejor forma de explicar a los indios por qué motivo debían obediencia a los reyes peninsulares era mediante el requerimiento: una declaración que debía ser leída a los indios a fin de hacerles Las Casas negaba la legitimidad de la conquista y abogaba por la evangelización pacífica. Sepúlveda justificaba la presencia española por «la idolatría, la antropofagia y demás pecados contra natura» de los indígenas comprender la existencia de Dios, cómo se instituyó el Papado, cómo las bulas papales concedían el dominio de las Indias a los reyes castellanos y la razón por la cual el rey de Castilla podía exigirles devota obediencia. Alguno se preguntará como diantres un indígena podía jurar lealtad al rey de Castilla cuando carecía de las nociones espaciales y geográficas necesarias para saber de forma inteligible donde quedaba Roma, España o el Reino unido de Castilla. ¡Increíble pero cierto!

Interesante es la discusión doctrinal entre el citado Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Las Casas, que negaba la legitimidad de la conquista y abogaba por la evangelización pacífica -dirá alguno que qué pacifismo puede existir cuando un hombre pretende arrancarle a otro su culto- se enfrentó a Sepúlveda, que era defendor de los encomenderos en Méjico, en una junta celebrada en Valladolid durante los años 1550 y 1551. Menéndez Pidal (1869-1968) definió a Las Casas como un individuo con una doble personalidad; por un lado emprendedor, asceta y dado al proselitismo, y por el otro un paranoico causante de la Leyenda Negra y siempre dispuesto a poner la justicia de parte de los indios. Sepúlveda, según su contemporáneo Domingo de Soto, justificaba la presencia española por «la idolatría, la antropofagia y demás pecados contra natura» de los indígenas. Como alternativa a ambas doctrinas, Francisco de Vitoria desarrolló una postura ecléctica, condensada en la Relectio de Indis. Vitoria, que formaba parte de la tradición escolástica salmantina, expresaba en ocho títulos las razones por las cuales estaba justificada la intervención española. Vitoria partía de una concepción iusnaturalista que negaba la validez de las bulas papales como justo título de dominio, admitiendo la legítima propiedad de los indios sobre las tierras que habitaban. Muchas de las razones alegadas por Vitoria en justificación de la conquista se anticipaban a las que posteriormente sirvieron para configurar las bases del derecho internacional moderno. Así el título primero se fundamentaba en el derecho al libre tránsito y al comercio por el mundo que legitimaba a los españoles «a andar por aquellas provincias y a
Muchas de las razones alegadas por Vitoria en justificación de la conquista se anticipaban a las que posteriormente sirvieron para configurar las bases del derecho internacional moderno permanecer allí» -decía Bastiat aquello de «si los bienes no cruzan las fronteras lo harán los soldados»-. Otros títulos admitían la intervención por motivos humanitarios, que diríamos hoy, para evitar la antropofagia o derrocar a un gobierno tiránico entre los indios -como de hecho sucedía en el Imperio Azteca-, o la posibilidad de que los indios elijan voluntariamente someterse al rey español -«en lo que afecta al bien de la República, se observa lo que se establece por la mayor parte»; ¡¿germen del espíritu democrático en pleno siglo XVI?!-.

Los postulados de Vitoria, pese a salvar el abismo doctrinal entre las posiciones de Las Casas y Sepúlveda, no encontraron la aprobación real de Carlos I. Con Felipe II se dictan las Instrucciones y Ordenanzas para nuevos descubrimientos y poblaciones de 1556 y 1573, respectivamente, que reconocen la libertad de los indios y establecen la distinción entre territorios ocupados y territorios sin descubrir. En los primeros -ocupados- se exige para el reconocimiento de un dominio legítimo la sumisión voluntaria de los indígenas durante o después de la conquista efectiva. En los segundos -terrae nullius-, por el contrario, el dominio se otorga sobre las tierras, no sobre las gentes. Así las comunidades indígenas pueden ser independientes dentro de la Monarquía, sujetándose de forma libre a la Corona. Esto es un reconocimiento de las tesis de Vitoria, y al menos parcialmente de las de Las Casas.

Con todo la conquista no estuvo exenta de episodios de violencia entre conquistadores e indígenas. Para su periplo con poco menos de medio millar de hombres desde la caribeña isla de La Hispaniola a las mismas puertas de la metrópoli de Tenochtitlán Cortés requirió de alianzas con repúblicas enemigas de los aztecas como la de Tlaxcala, no sin antes cometer masacres como la de Cholula. Pero al menos el dominio de los reyes castellanos primero, luego de los monarcas españoles, sobre los indígenas se hizo observando principios como el de la sumisión voluntaria. Pese a la Leyenda Negra el dominio castellano/español sobre las Indias fue menos implacable que el de los franceses sobre las tribus indígenas de Nueva Francia, hoy prácticamente extinguidas, o el de los británicos y posteriormente los useños sobre naciones indias como la cherokee o la creek. Prueba de ello es que los grupos indígenas comprenden hoy día a millones de personas en países como Méjico, Perú o Paraguay, ésto pese a los intentos de ciertos movimientos revolucionarios de hacernos creer que la conquista de las Américas fue un genocidio intencionado por parte de los conquistadores -no creo que los españoles fuesen conscientes del daño que causarían entre los indios las enfermedades que portaban de Europa-, y no un proceso de fusión de civilizaciones cuyo resultado son las modernas naciones hispanoamericanas. ¿Alguien se imagina a los íberos actuales renegando de la herencia de Roma, del legado de los visigodos, suevos, alanos y vándalos, de la impronta árabe y bereber, de la influencia de las migraciones ultrapirenaicas durante siglos? Es algo absurdo, con el único fundamento de dar pie a conjeturas oscurantistas ya hace tiempo refutadas.

SUBIDAS DE IMPUESTOS: CONFISCATORIEDAD Y PÉRDIDA DE LA EFICIENCIA

2010-08-16T16:04:00.011+02:00

Posiblemente todos hemos visto la típica escena de las películas de vaqueros en la que un forajido asalta a un viajero incauto en un camino polvoriento alejado de la mano de Dios. En el Far West los ladrones intimidaban a sus víctimas a fin de robarles su dinero y demás propiedades con la célebre coletilla de «la bolsa o la vida». Lysander Spooner (1808-1887), jurista y pensador anarquista americano famoso por boicotear el monopolio del Servicio Postal de los Estados Unidos mediante la creación de una empresa privada dedicada al reparto de correos, comparó al gobierno con un asaltador de caminos. Al igual que el bandido, el inspector de hacienda exige al individuo la entrega de una cierta cantidad de su dinero bajo la amenaza de una sanción pecuniaria o, en el peor de los casos, de una pena de prisión. Spooner, que era un polemista, alegaba en defensa del símil entre los gobernantes y los bandidos que «la mayoría, si no todos los impuestos, son pagados bajo la amenaza de [esa] coacción. Pero el asaltador de caminos toma sobre sí la responsabilidad, peligro y delito de su propio acto. No pretende tener ningún derecho sobre tu dinero (...) ni tiene la impudicia suficiente de profesar que es un mero protector y que toma el dinero de los hombres contra su voluntad simplemente para permitirle protegerles».

Hoy día, en nuestro país los principios tributarios de capacidad económica y no confiscatoriedad han sido rebasados por una legislación tributaria dispuesta a tolerar el expolio de la voraz Administración sobre las maltrechas carteras del ciudadano. La nueva subida impositiva que Ante este panorama que se avecina el defraudador de impuestos se ha convertido en un patriota, pues cada euro que el estado no se apropia es un euro que se destina a la creación de riqueza asoma por el horizonte se hace para garantizar al país servicios públicos «de primera», para «protegernos». Nos exigen «nuevos esfuerzos» unos sinvergüenzas que no han hecho el menor esfuerzo por contener el desbocado gasto público o aminorar el creciente endeudamiento estatal. Piensa el ladrón que son todos de su condición y así cualquier individuo que ose alzar la voz frente a la rapiña de los poderes públicos será a los ojos de todos sus compatricios un «ladrón», un «criminal» y un «antipatriota». Sin duda que ante este panorama que se avecina el defraudador de impuestos se ha convertido en un patriota, pues cada euro que el estado no se apropia es un euro que se destina a la creación de riqueza.

Con una tasa de paro que ronda el 20% y una tasa de inflación que se acerca al 2%, más los miles de millones de euros endeudados por entes locales, comunidades autónomas y el gobierno central, la peculiar receta del gobierno es plantearse subir los impuestos. Sería demasiado ingenuo pensar que Rodríguez Zapatero, aquel que no tiene ni idea de economía, o que mi paisano José Blanco, aquel que se matriculó en Santiago para hacer Derecho y desde entonces nada más se supo, tendrán la más remota noción de como los impuestos afectan a la economía nacional. Ya conocemos la curva de Laffer y como los impuestos repercuten sobre la productividad, el ahorro, el consumo y la inversión. Ignorarán los más aficionados al milagro de la multiplicación de los panes y los peces por la vía de las subidas impositivas que éstas reducen los incentivos que tienen los particulares para realizar intercambios que les benefician mutuamente. Así los impuestos empeoran el bienestar de las personas, pues éstas dejan de percibir los eventuales beneficios que tendrían de haber culminado dichos intercambios, en suma se produce lo que los economistas llaman «pérdida irrecuperable de la eficiencia». Al final va a estar más que justificado aquello que decía Ludwig von Mises; «todo impuesto específico, así como todo el sistema de impuestos de una nación, se invalida a sí mismo por encima de una cierta tasa de impuestos».

GOBIERNO EUROPEO; ¿PARA QUÉ?

2010-08-13T23:46:00.011+02:00

A muchos de nuestros conciudadanos la sola existencia de las instituciones europeas les roba más bien poco tiempo de sus preocupaciones y quehaceres diarios. Empero la Unión Europea influye sobremanera en nuestra vida cotidiana, demasiado para ser un poder tan grande y tan alejado del ciudadano. Pese a ello son legión los euroentusiastas que piden mayores poderes para los burócratas de Bruselas, incluidos muchos liberales. Claman contra los males de la patria y se encomiendan al buró supremo, el gran salvador que conducirá a las naciones europeas a una nueva etapa de progreso, paz y seguridad. Bruselas como sede institucional de la Unión Europea aspira a ser la suma de la políglota y multicultural Babel y de la Roma republicana y avanzada. Paradójicamente la ciudad que pretende convertirse en el ombligo del mundo representa el más fiel reflejo de la decadencia de la modélica Europa social-democrática; es la capital del Reino de Bélgica, un país artificial, anodino y que no se entiende a sí mismo.

En verdad los ciudadanos parecen desconocer por completo esa realidad cambiante que es la Unión Europea. Ni siquiera los propios estudiosos del fenómeno paneuropeo saben a ciencia cierta con que material están trabajando: la Unión Europea; ¿sujeto de derecho internacional o constitucional? ¿Organización supranacional indeterminada y sui generis o confederación de estados con rasgos de organización internacional y de estado federal a partes iguales? Si a ello le sumamos que la mayor parte del llamado proceso de construcción europea se está negociando en la intimidad de los despachos y no en la publicidad de las urnas el desconcierto no puede ser mayor. ¿Cómo hemos pasado de ser una simple asociación de estados independientes y soberanos –valga la redundancia- con intereses económicos y aduaneros en común a una especie de confederación mal encajada? El eurodiputado Nigel Farage, posiblemente el más feroz crítico del reciente Tratado de Lisboa, expone desde las mismísimas entrañas de las instituciones europeas la mentalidad británica y muy probablemente la de muchos otros países: «en Gran Bretaña el debate original fue entrar en un mercado común. Nadie mencionó nada de una unión política, de la supremacía de la ley europea sobre la ley británica. […] Este Tratado [el de Lisboa] -la fracasada Constitución con otro nombre- entra en vigor sólo porque ha contado con la colaboración de gobiernos que no se han interesado en explicarle al público lo que verdaderamente implica este Tratado. Rehúsan educar a sus pueblos porque saben que implica su incriminación». Sería complicado imaginarse la bandera europea ondeando sobre Trafalgar Square, un pueblo tan orgulloso de sí mismo como el británico no lo toleraría. Sin embargo en España nuestros políticos, tan euromodélicos ellos, se apresuraron en ser los primeros del continente en orquestar el izado solemne de la bandera de doce estrellas. La voluptuosidad de las ceremonias de exaltación nacionalista hacen olvidar a nuestros políticos que para el español medio la Unión Europea no es más que el destino alejado del mundanal ruido al que enviar a los políticos veteranos, el hermano mayor que le llama a la atención a Zapatero, la Champions League de las democracias que para el ciudadano ser limita a una moneda única, una bandera con estrellas inspirada en la enseña nacional americana y un himno compuesto por un alemán nacionalista y demócrata llamado Beethoven que aborrecía al Emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte, tirano e insigne europeísta.

Sin darnos cuenta, a través de un coup d’etat planeado desde las propias instituciones nacionales de cada estado miembro, Bruselas ha ido acumulando cada vez más poderes sin que las naciones lo hayan consentido en las correspondientes consultas. ¿Serían tan valientes los gobiernos y la propia Unión Europea de someter cualquier transferencia de competencias soberanas a la aprobación popular vía referendum? Ni en sueños, menos aún después del rapapolvo irlandés al Tratado de Lisboa. Hace unos días alarmó a la prensa británica la posibilidad de que la Comisión Europea –el ejecutivo de la UE, para entendernos- pudiese autofinanciarse a través de impuestos propios creados por virtud de una reconocida potestad tributaria, digamos. Lo cierto es que desde hace años la UE ya está siendo financiada por todos los taxpayers europeos, en concreto mediante un porcentaje de los impuestos indirectos recaudados por los estados miembros. Ante un escenario donde el burócrata de Bruselas toma cada vez mayor protagonismo hasta la República Federal Alemana, nación que por mandato constitucional está obligada a ser europeísta, ha visto como su Bundesverfassungsgericht –el Tribunal Constitucional Federal- ha pegado un puñetazo sobre la mesa reafirmando de forma contundente la soberanía de la República. En la sentencia de 30 de junio de 2009, conocida como die Vertrag von Lissabon Entscheidung –la sentencia del Tratado de Lisboa-, el Tribunal afirma que la Unión Europea es una Herrschaftsverband o asociación de gobiernos basada en el derecho internacional. Es decir, con una parquedad de palabra encomiable los jueces alemanes mandan a paseo las teorías federalistas de Monnet, la doctrina de los poderes implícitos del TJUE, el proceso constitucional de Giscard d’Estaing y el núcleo federal europeo de Guy Verhofstadt. Dicen los jurisprudentes de Karlsruhe que no existe un demos europeo, que las competencias europeas son atribuidas y no propias, que el poder constituyente sigue correspondiendo a los estados soberanos; la República no puede ver arrebatada su soberanía y sus atributos de estado, tampoco su carácter democrático y federal, del mismo modo que aquellas competencias soberanas intransferibles tales como el derecho penal, el monopolio en el uso de la fuerza, diversas materias de índole fiscal y presupuestaria, la potestad legislativa en materia de derechos de la persona, la organización del sistema sanitario y la enseñanza, así como la determinación del régimen jurídico de los medios de comunicación y de las comunidades religiosas. Entonces, ¿para qué más Europa?

En el corazón de Europa, ajena al debate sobre el futuro de la integración, existe una nación pequeña, pacífica, libre y próspera. La Confederación Suiza, la primera nación de Europa, respira fuera de la burbuja europea, sin aceptar imposiciones de Bruselas o tener que compartir su vida nacional con vecinos impertinentes. Contrariando a quienes alegan que fuera de la Unión Europea e inmersos en la globalización apenas se puede garantizar la libertad, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos ahí sigue Suiza, una república federal y democrática, con sus puertas abiertas a los emprendedores, sus impuestos bajos, su alto nivel de vida y sus calles seguras. ¿Por qué abrazar sin pestañear la fórmula del transnationalstaat como sistema de jurisdicciones multinivel y desechar el intergubernamentalismo? ¿Qué necesidad hay de un gobierno económico europeo, de un ejército europeo, de un parlamento europeo, de un banco central europeo y demás parafernalias de estado cuando la constitución de Europa se ha basado tradicionalmente en la descentralización? ¿Por qué no una organización internacional de cooperación completada por sendos tratados de libre comercio, libre circulación, defensa y asistencia mutua y protección de los derechos humanos? En conclusión, habida cuenta de las resistencias nacionales sustentadas en la humana diversidad del continente y la cruenta historia de guerras, revoluciones, tiranías y despotismo de los pueblos europeos; ¿para qué un gobierno europeo, mucho más grande, poderoso, alejado y centralizado que cualquiera de los gobiernos nacionales? ¿Por qué reproducir los errores, esta vez magnificándolos, que en otras épocas nos llevaron al enfrentamiento?

UPyD, EL LIBERALISMO Y LA TRANSVERSALIDAD

2010-08-12T00:14:00.005+02:00

Con la Transición muchos de los antiguos acompañantes del Franquismo, léase Manuel Fraga o Adolfo Suárez, decidieron cambiarse la chaqueta y empezaron a hablar del centro-derecha, algo que en Europa llevaba una temporada de moda, con el fin de disimular su poco disimulada –perdón por la redundancia- militancia en las filas del glorioso Movimiento. Lo del discurso centrista caló hondo entre los votantes de la derecha conservadora, tanto que hasta Aznar hacia finales de los 1990 tiró electoralmente de aquello de ser de centro, algo que fue muy parodiado por los humoristas y periodistas de la época. Y pese a que todavía algún que otro político de tres al cuarto, de los de empanada y pulpo, que diría un conocido mío, arengue a sus incondicionales con su acusado centrismo nadie se cree ya esa cantinela del centro-derecha: el centrismo es la dialéctica baja en excesos verbales y carente de tintes ideológicos que usan los muy fachas para eludir la censura progre y sus reproches al estilo; Franco hizo X, por tanto X debe ser el diablo en pintura. El típico argumentum ad Hitlerum, sólo que cambiando al austríaco por el gallego.

Gordon Tullock allá por los 1970 había realizado una serie de estudios acerca del comportamiento del votante medio. Tullock llegó a concluir que los votantes se movían por criterios irracionales que en última instancia determinaban el resultado de unas elecciones. Sólo así se explica lo de Nixon y JFK en aquel debate transmitido por radio y televisión durante la campaña presidencial de 1960. O más recientemente que un vendedor de humo como Barack Obama ganase unas primarias y las presidenciales. Es obvio que el populismo le gana la partida a la coherencia, a los proclamados principios y a los discursos retóricos. En ese sentido, la llamada tranversalidad de los partidos no es más que una estrategia para difuminar los discursos de ideologías dispares entre sí y maximizar los votos. UPyD pretendió convertirse en un partido transversal de socialdemócratas, conservadores y liberales tomando como nexo común la defensa de la Constitución del 1978. Con todo, la novedad de UPyD fue el presentarse como un partido adalid de las libertades lingüísticas frente a los desmanes chovinistas de los gobiernos catalán, vasco, gallego y mallorquín, defensor del carácter unitario del estado frente a las tendencias federalizantes de los pactos de gobierno entre socialistas y nacionalistas, así como ser combativo con las corruptelas, latrocinios, nepotismos y desfalcos varios en los cuales estaban y están implicados los dos grandes partidos. Pero la gallina de los huevos de oro gracias a la cual Rosa Díez logró un escaño en la Carrera de San Jerónimo terminó por morirse, en parte gracias a la excesiva repercusión mediática, que ayudó a destapar el estalinismo de la dirección del partido y la falta de democracia interna, cuestiones ambas agravadas por la salida de Mikel Buesa y los [socio]liberales.

Con todo hoy por hoy UPyD no deja de ser el brazo izquierdo del PP afanado en captar el voto de los guerristas del PSOE. Es un partido claramente socialdemócrata, estatista hasta la médula, nacionalista sin ningún disimulo, el más claro defensor del centralismo en Madrid y Bruselas. Hasta hace ya unos cuantos días un parlamentario de UPyD en el Parlamento Vasco pidió la reinstauración del Impuesto sobre el Patrimonio, alegando que su supresión fue una «medida injusta, regresiva y antisocial», una retórica que recuerda con mucho a la de los socialistas. Por mucho que desde medios afines a la derecha se hayan esforzado en presentar a UPyD como un partido liberal, al menos parejo a los Liberal Democrats británicos o al Freie Demokratische Partei alemán, la verdad supera con creces a lo que nos han querido hacer creer. ¿Qué liberales puede haber en un partido que quiere fichar a José María Fidalgo, el ex secretario general del apoltronado y marxista sindicato CCOO? Lo dicho, si quieren buscar liberales en algún partido transversal desistan. Tampoco esperen encontrarlos en el PP de Mariano Rajoy, muy esforzado en querer convertirse en el sucesor del maoísta Partido de los Trabajadores.

«Mejor sólo que mal acompañado», dice el sabio refranero popular. Y con todo es que ante un panorama en que el actual sistema bipartito parece entregado a los cantos de sirena del estatismo keynesiano y presa de corruptelas institucionales varias se hace más que nunca imperioso un partido liberal en España, libre de las malas influencias del conservadurismo cañí y del socialismo populista.

RETROALIMENTACIÓN NACIONALISTA

2010-08-08T19:19:00.010+02:00

Las opiniones del mainstream político patrio me resultan la mayoría de las veces absurdas e impropias de lo que en el resto de naciones occidentales se entiende por una "situación política normal". Y sin embargo de vez en cuando algún político de los que pasan desapercibidos, algún académico ramplón o algún periodista mediocre que se las da de gurú sueltan por boca una buena reflexión. Así las cosas, leyendo esta mañana el periódico me encuentro con lo siguiente;

La España cañí y el Madrid y las provincias que defiende el PP y el independentismo en Catalunya son dos movimientos que se retroalimentan. [...] Tengo una visión de las cosas un poco más amplia, no soy nacionalista ni catalán ni español.

Esto lo ha dicho Celestino Corbacho, also known as el Ministro de Trabajo e Inmigración del Reino de España. Sin duda que es la primera vez que el Ministro y un servidor estamos de acuerdo en algo. Bueno, la verdad es que el hombre acusa una falta de protagonismo que evita que se queme a la misma velocidad que De la Vega, Rubalcaba o incluso el mismísimo Zapatero. Pero en efecto, el Ministro socialdemócrata ha dicho algo que merece la pena comentar. Según Corbacho los culpables del constante tira y afloja entre Madrid y Barcelona son, por un lado, el PP y los conservadores centralistas, y por el otro, los nacionalistas catalanes de CiU y ERC. Empero, obvia el político catalán el hecho de que su partido, el PSOE, y su sucursal provincial en Cataluña, el PSC, han sido copartícipes de la conflagración dialéctica surgida tras el alumbramiento del Estatuto Catalán de 2006, una polémica que avivada con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional parece secuestrar y banalizar el debate estatutario.

Es evidente a los ojos de cualquier ciudadano cabal que el modelo autonómico ha traído sus cosas buenas, pero también sus malas. Entre las malas, una asimetría entre lo que los redactores de la Constitución llamaron "nacionalidades históricas" -asunto el del significado de las palabras capital en Derecho constitucional- y las "regiones". Y ha sido la tensión con Madrid lo que ha posibilitado que provincias como Catalunya o Euskalerría, seguidas de cerca por Navarra, Galicia, Andalucía o Valencia, hayan disfrutado de unos niveles más altos de autogobierno. Esa constante disputa por los derechos históricos que habían sido previamente expoliados ha originado un hastío entre las regiones menos privilegiadas. Los políticos de Madrid aprovecharon el tirón de la etapa Aznar para reclamar un reforzamiento del poder central. Toda la teoría del cooperativismo entre gobierno central y los gobiernos regionales, así como el patriotismo constitucional al que se echaron en brazos los políticos de la Transición, quedó prácticamente en la cuneta cuando Maragall y sus socios independentistas y ecologistas decidieron ponerse a redactar un nuevo Estatuto que desafiaba la concepción unitarista del modelo territorial. Y tras el Catalán, otras regiones amenazaron con promulgar nuevos estatutos, hasta en Vascongadas el PNV intentó resucitar el Plan Ibarretxe.

Zapatero y sus adláteres intentaron aplacar los ánimos en ambos bandos sacándose de la chistera la fórmula de la "nación de naciones". Dejando de lado lo ilógico del término, el debate sobre los nuevos Estatutos, especialmente el Catalán, se centró casi exclusivamente en el empleo de término tales como "nación", "nacionalidad" o "realidad nacional". Así las pocas veces que alguien osó intentar reconducir el hilo de opinión a materias estrictamente técnicas y jurídicas y no meramente sentimentales o formales resonaron los ecos del mítico cantar de "se rompe España", al mismo tiempo que por parte catalana se reprochó a Madrid la falta de sensibilidad acerca del derecho de los catalanes a decidir su futuro. Y tras la sentencia del TC más de lo mismo. Y así cada vez que en un pueblo catalán orquestan un referendum secesionista sin más afán que el propagandístico, en Madrid tiemblan los cimientos de la patria. Por eso mismo las palabras del señor Corbacho no van ligeras de razón.

En España el votante medio del PP ve con malos ojos un modelo federal, que no sería más que un paso adelante a fin de corregir los errores del Título VIII y normalizar el sentimiento dual que muchos españoles albergan en su ser. Así, en una España que no es más que el disfraz bajo el cual se oculta un uniformismo político, cultural e idiomático que toma por patrón a Castilla, es de todo punto lógico que existan veleidades provincianas, ya sea en Cataluña o en León. Al catalán que ve como desde Madrid se le tacha de sedicioso por ir por libre le pasa lo que al quebequés que vive rodeado de canadienses anglófonos, lo mismo que al flamenco, al bávaro, al escocés o al provenzal: se siente irremediablemente desarraigado dentro la marca España. Un gran catalán y un gran español, Joan Maragall, en un artículo publicado en 1907, llegó a decir: "Espanyols? I tant! Ho som més que els castellans!". ¿Patria chica o patria grande?, se preguntarán algunos. Yo opino que las dos.

EL RÉGIMEN FORAL VASCO-NAVARRO Y LA ADMINISTRACIÓN ÚNICA

2010-08-05T16:59:00.015+02:00

Para muchos de nuestros políticos, economistas, juristas y para gran parte de nuestros conciudadanos la imagen de un régimen fiscal ampliamente descentralizado en el que las regiones compitan entre sí es una propuesta atrevida. Aún evitando polemizar y sin profundizar en el tema de la cuestión territorial he de decir que el modelo español no es más que un híbrido entre el stato regionale italiano y el unitarische bundesstaat alemán. Las Comunidades Autónomas, sin llegar a ser estados federados y siendo algo más que regiones administrativas disponen de amplios poderes de autogobierno, pero en cambio carecen de soberanía y de constitución propia, ambos requisitos indispensables para hablar sin tapujos de un modelo federal. El artículo 133.2 de la Constitución y la STC 239/2002 tratan el concepto de autonomía financiera, que puede ser definido como la capacidad gestora de todos los medios económicos de que dispone la Comunidad Autónoma para el desarrollo y ejecución de sus competencias. El lector avezado comprenderá rápidamente que la autonomía financiera deriva, consecuentemente, de la autonomía política, pero las posibilidades reales de lograr determinados fines políticos derivan de la disponibilidad de recursos económicos.

Dentro del sistema de financiación autonómica se distinguen dos grandes regímenes, el común y el foral, este último sólo aplicable a los territorios forales vasco-navarros. Por lo que se refiere al régimen común, el usual para la mayoría de las comunidades autónomas, debe en primer lugar distinguirse los recursos propios de los percibidos del Estado. Para estos últimos la LOFCA contemplaba originariamente y hasta la instauración del régimen definitivo en enero de 2002 la negociación entre el estado central y las diferentes comunidades. Con carácter reciente ha sido aprobado el nuevo sistema de financiación autonómica aplicable con base en el Acuerdo del Consejo de Política Financiera y Fiscal de 15 de julio de 2009. Igualmente dentro del régimen común hay que distinguir entre el régimen general y el régimen económico y fiscal particular que rige para las Canarias. El que nos interesa desde el punto de vista de la competencia fiscal dentro de la nación es el régimen foral.

En efecto, los regímenes de concierto y convenio vasco y navarro serían la excepción al sistema contemplado en el régimen común. El concierto vasco se encuentra regulado por la Disposición Adicional 1ª de la CE y las Leyes 12/1981, 27/1990 y 12/2002. Dicho concierto reúne tres características esenciales, el conocido como Régimen de Concierto Económico de la Ley 12/2002; que regula al sistema de forma indefinida, con la obligación de adaptarse a los cambios que tenga el sistema tributario estatal según la modificación contemplada en la Ley 28/2007. La segunda característica del concierto vasco es que la gestión de los tributos concertados se realiza por las Diputaciones Forales. Los tributos estatales, básicamente los tributos aduaneros, por la Agencia Tributaria. Por último, la tercera marca característica del régimen de concierto es el sistema de cuota o cupo, por el cual las tres diputaciones forales han de satisfacer al estado central aquellos gastos no asumidos por la CA y sufragados por el gobierno nacional. El Convenio Económico con Navarra se haya establecido por la Ley 28/1990, modificada por la Ley 48/2007, que regula un sistema de financiación próximo o semejante al concierto vasco. Sin embargo en el convenio navarro la cuota destinada por la CA al gobierno central tiene un distinto sistema de negociación.

Con todo considero que la extensión del régimen foral a las comunidades autónomas del régimen común tendría un efecto beneficioso para los ciudadanos. En primer lugar implicaría una menor intromisión del gobierno central en los asuntos regionales, ya que éste, falto de recursos, se concentraría en las competencias de índole propiamente nacional. En segundo lugar las regiones podrían competir entre sí concertando bilateralmente con el Estado las normas que rigen para tributos como el IRPF, IS, Sucesiones e ITPAJD. Y en tercer y último lugar se evitaría la concurrencia de varias administraciones a la hora de gestionar y recaudar los tributos, en sintonía con la propuesta de la administración única de Manuel Fraga Iribarne.

El modelo de administración única propuesto por Fraga Iribarne se puede resumir en el ejemplo de la relación entre el Estado Libre de Baviera y la República Federal Alemana; así la administración única sería "una propuesta de desarrollo político para España basada en la regla de que la distribución de competencias del Poder Público debe hacerse entre todas las Administraciones públicas -Ciudades, Provincias, Regiones y Reino- de modo que, en cada una de ellas, sea la Administración menor, o inscrita, la única encargada de ejecutar en su respectivo término las funciones administrativas que le correspondan como propias, así como las que en su respectivo territorio le hayan sido transferidas o delegadas por la Administración o Administraciones mayores, o circunscritas, y que lo puedan ser sin contradecir la propia naturaleza de cada Administración, ni quebrar la unidad de España" -La Administración Única, una propuesta desde Galicia, editorial Planeta, 1993-.

Sin duda que dentro de lo que permite la Constitución, el régimen fiscal vasco y navarro, o la propuesta de administración única, son la mejor opción para limitar el papel de cada gobierno en lo que a tributos se refiere, que cada región quien recaude sus tributos y los gestione de la forma que estime más conveniente, y negocie con el estado central las condiciones del régimen fiscal propio. Obviamente el gobierno central sigue disponiendo de las facultades necesarias para armonizar y coordinar los tributos, y eso es un problema. No es que el régimen foral sea la panacea, ni que el sistema de administración única sea la solución definitiva a la disparidad de normas y regímenes fiscales dentro de un mismo estado, pero al menos facilita la transición hacia un sistema federal, donde las regiones tengan su propia soberanía fiscal y el ámbito de actuación de cada administración -local, provincial y federal- esté perfectamente delimitado por la Constitución.

LA INELUDIBLE Y NECESARIA REFORMA LABORAL

2010-08-02T01:39:00.016+02:00

Desde hace un par de meses llevamos escuchando la perorata del gobierno y de la oposición parlamentaria acerca de como debería encauzarse la necesaria reforma del mercado nacional de trabajo. En verdad que un cambio se antoja necesario y conveniente, pero hay que decir que más que ante una reforma laboral parece que estemos ante el preludio de una refoma del despido, pues tanto las medidas de PSOE como las del PP parecen ir encaminadas única y exclusivamente a afrontar el hecho de que numerosas empresas tienen que prescindir de trabajadores, un punto de partida polémico y ciertamente desconcertante cuando la tasa de paro del país ronda el 20%. Frente a las doctrinas de los grandes partidos, y frente a las posiciones irreales de los partidos pequeños, pocos, prácticamente casi nadie, han propuesto un enfoque destinado a averiguar cuales son los verdaderos problemas que afectan hoy por hoy a nuestro mercado laboral y que soluciones se pueden tomar.

Sintetizando, se podría decir que la fuente de todos los problemas del mercado laboral español es su excesiva rigidez. Hoy por hoy el trabajo en España es una materia fuertemente regulada, con normas estatales que regulan desde el salario mínimo a la cuantía de las indemnizaciones por despido. El derecho del trabajo español, pese a las buenas intenciones del legislador, no hace sino perjudicar a quienes son los destinatarios de las medidas protectoras: los trabajadores. Ello se debe a lo que Friedrich Hayek llamaba "la pretensión del conocimiento"; en palabras de uno de sus seguidores, Pascal Salin, "se cree que se sabe lo que es mejor para cada uno sin valorar las consecuencias últimas de las imposiciones legales puestas a la libertad contractual". Así la "fatal arrogancia" del legislador no hace sino aumentar los males que se pretenden combatir: altos niveles de paro entre las personas de mediana edad y los jóvenes, precariedad laboral, contratación temporal, entre otras. Desde esta humilde tribuna digital me gustaría hacer un pequeño comentario acerca de la reforma liberal del mercado de trabajo, así como también de otras reformas que tangencialmente pueden afectar al empleo.

En primer lugar convendría aclarar que el loable objetivo del "pleno empleo" es irrealizable, pues nunca se podrá lograr que toda persona que se ofrezca en el mercado encuentre trabajo. Siempre habrá un desempleo friccional, aquel en que los trabajadores desempleados están buscando un empleo que satisfaga sus expectativas profesionales. Un error grave muy recurrente por parte de los políticos de izquierdas y de la prensa sensacionalista es alegar que las medidas liberalizadoras conducen a la instauración del despido libre. De hecho y de derecho España es un país donde el despido individual [procedente] es libre. El patrono sólo ve limitada su facultad para prescindir de un empleado cuando el despido no se basa en una causa objetiva o disciplinaria. Es entonces cuando estamos ante un supuesto de despido improcedente o nulo. Harina de otro costal son los llamados despidos colectivos, sujetos a condiciones legales más estrictas que los despidos individuales. Falacia universalmente aceptada es que un mercado laboral libre sería un sistema anárquico donde imperaría la ley de la selva; la ley del más fuerte. Obviamente los liberales admitimos ciertas normas de orden público en el plano laboral, como las que prohíben el trabajo infantil, las que establecen unas normas de seguridad, higiene y sanidad en los centros de trabajo o las que garantizan la jornada laboral de ocho horas. No es cierto pues que un mercado laboral libre sería aquel que describió Dickens en su célebre novela Oliver Twist, aunque también es cierto que, como señalaba Milton Friedman, si el pequeño Oliver huyó del campo a la ciudad, mucho peor debía ser la vida en el idílico rural que en la sucia y gris Londres.

Dicho esto, las grandes vigas maestras de la reforma liberal del mercado de trabajo son; 1) la liberalización de la contratación, y 2) la promoción del arbitraje laboral. Como bien señala el P-Lib, el PSOE pretende que el peso del control del despido recaiga sobre los juzgados y tribunales del orden social. Teniendo en cuenta el grado de carga de trabajo y de poca celeridad que sufre la justicia, esta propuesta es una temeridad. En ese sentido, los mecanismo de solución extrajudicial de conflictos laborales, como el ASEC III de 2004 son un buen punto de partida sobre el que promocionar la figura del arbitraje laboral, que ahorraría el constante recurso a la justicia cada vez que surge un conflicto por despido en la empresa, con la correspondiente repercusión en los costes y en el tiempo. El otro puntal de la reforma debe ser la liberalización de la contratación. Se trata en definitiva de liberar del corsé normativo a las partes, y que éstas puedan contratar con la mayor libertad. Es un error focalizar la atención en el despido cuando el problema se produce en el momento de la firma del contrato, cuando el empresario ve que la legislación le impone unos costes de transacción al despido que muchas de las veces son difíciles de afrontar.

Otros aspectos importantes de una eventual reforma laboral son los siguientes:

A) Indemnizaciones por despido. La cuantía de la indemnización, que va determinada por un número concreto de días por año de trabajo, no debería estar establecida por ley. En su lugar es plenamente defendible lo pactado por las partes, o también que las cotizaciones de la empresa al fondo estatal de indemnizaciones sean abolidas y dicho fondo sea transferido a fondos privados de contingencia que dispongan de un régimen de cuentas individuales de capitalización. Relacionado con esto está la propuesta del PP para reducir el papel del FOGASA, fondo que se encarga del abono de los salarios pendientes y en tramitación, así como de las indemnizaciones no satisfechas, cuando la empresa se encuentren en situación de quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos o insolvencia. Lo ideal desde el punto de vista de la no intromisión del estado y de la responsabilidad empresarial sería que el Fondo de Garantía Salarial pasase a mejor vida y todo el monto de las cotizaciones empresariales pasase a engrosar los fondos privados suscritos a tal efecto, bajo régimen de capitalización individual. Lo mismo podría determinarse para las cotizaciones destinadas a sufragar las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Se trata, a fin y al cabo, de reducir las obligaciones de la empresa con la Seguridad Social y su sustitución por un sistema de seguros privados.

B) Prestación por desempleo. Economistas centristas como Gregory Mankiw han admitido que el seguro público de desempleo aumenta la cantidad de desempleados del país ya que "la percepción de las prestaciones por desempleo reduce el esfuerzo con que buscan trabajo los desempleados". En lugar del seguro por desempleo, financiado por las cotizaciones que cada trabajador aporta a las arcas de la Seguridad Social, sería viable que un porcentaje del salario mensual de cada trabajador, que vendría determinado por ley -por ejemplo, el 1%-, fuese destinado a una cuenta individualizada de capitalización de la que el trabajador podría disponer desde el día mismo en que se quedase sin empleo. De esta forma no privaríamos de la protección al trabajador, pero al mismo tiempo le daríamos incentivos para que buscase trabajo con la adecuada celeridad, pues el dinero de su prestación por desempleo saldría directamente de su bolsillo.

C) Limitación del ejercicio del derecho de la huelga. Ha sido otras de las medidas propuestas por el PP. En cualquier caso la limitación del ejercicio del derecho de huelga debe venir motivado por consideraciones de orden público. Se trataría de evitar repercusiones indeseadas en la esfera de terceros particulares por huelgas de servicios esenciales para el gran público, como por ejemplo el transporte aéreo, el ferroviario, el personal sanitario o el educativo, así como los empleados de la Administración. Debería establecerse una prohibición sobre el uso de los temidos piquetes, así como eliminarse la obligación de la empresa de abonar las pagas correspondientes a cada trabajador por el cierre patronal -claro que también hay que recordar que los supuestos de cierre patronal son muy limitados-.

D) Ampliación de la edad ordinaria de jubilación de los 65 a los 67 años. Obviamente lo liberal sería que cada trabajador pudiese retirarse a la edad que quisiese. Puede ocurrir que un docente tenga ganas de seguir impartiendo clases hasta los 85 años, del mismo modo que un trabajador del acero sometido a una dura jornada laboral vea la necesidad de tomarse un retiro a sus 55 primaveras. Sin embargo todo esto sería un castillo de naipes sino se trata la eventual reforma del sistema de pensiones.

E) Laboralización del empleo público. Hoy día el empleado público es un trabajador con un contrato de trabajo prácticamente blindado y vitalicio. Que el empleado público pase de gozar de un sobreprotegido régimen estatutario a un régimen laboral fomentaría la eficiencia de la Administración, ya que abriría la puerta a que se pudiese despedir más fácilmente, con menos costes y mayor celeridad a un funcionario díscolo.

F) Sustracción de poder al sindicato. Principalmente habría que prohibir por ley las subvenciones a los sindicatos y a las asociaciones empresariales, así como las cesiones temporales de inmuebles de titularidad estatal recogidas por la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Asimismo debería suprimirse el carácter normativo de los convenios estatutarios, y que estos pasasen a regir para los trabajadores afiliados al sindicato o sindicatos que los han suscrito.

G) Eliminación del salario mínimo. La existencia del salario mínimo reduce la demanda de trabajo al aumentar los costes. El salario debe basarse en el equilibrio de mercado entre la oferta y la demanda de trabajo. Si hay un joven que desea trabajar de camarero por 500€ mensuales en lugar de los 633,30€ establecidos legalmente, ¿es preferible que se quede sin trabajo?

Sin embargo para efectuar tan colosal reforma del mercado de trabajo habría que realizar otras reformas relacionadas directamente; la constitucional -establecer un régimen federal en el que las materias sociales, así como gran parte de los tributos, fuesen competencia de las provincias (las actuales comunidades autónomas), lo cual conllevaría la existencia de mercados regionales de trabajo y sistemas fiscales que competirían entre sí-, la fiscal -pasar de un régimen progresivo a uno proporcional, eliminando impuestos como el de sociedades-, la de las pensiones -reformar el régimen de reparto para que sea un régimen de capitalización individualizada-, la migratoria -favorecer la inmigración legal con contrato de trabajo- y la reforma de la Seguridad Social -pasar del sistema público a un sistema de seguros privados, materia estrechamente relacionada con la inmigración-. Pero para tratar estas otras reformas ya habrá más tiempo y otro lugar.

BANDERAS AL SERVICIO DE LA POLÍTICA

2010-07-30T00:43:00.031+02:00

Miguel de Unamuno, en un artículo publicado por el diario El Sol en octubre de 1932 contestaba a una señorita que se quejaba del alboroto suscitado por la confusión en el izado de la enseña nacional en el Día del Ejército. "Se me queja usted, señora, de que prohiban ostentar la bandera monárquica, llamando usted así a la roja y amarilla. Pero ésta no es ni ha sido monárquica. La bandera roja y gualda era la bandera española", le contestaba a la dama el literato bilbaíno. En verdad tenía razón Unamuno al decir que la bandera bicolor era la bandera española. Había sido enseña naval desde el decreto de Carlos III dictado un 28 de mayo de 1785, su uso había sido generalizado por los doceañistas durante y después de la Guerra de Independencia y finalmente se había convertido en enseña terrestre y nacional con el decreto isabelino de 13 de octubre de 1843. La rojigualda, como le ocurriría, salvando las distancias, a la tricolor, fue el símbolo del que se valieron tanto doctrinarios como exaltados, moderados y progresistas, unionistas y demócratas. Así las cosas no extraña que la bandera en su calidad de símbolo del estado haya sufrido tantos avatares, tantos como cambios políticos y revoluciones ha experimentado la nación.

Retomando las palabras de Unamuno, erraba el vascongado al decir que la rojigualda no era la bandera monárquica. El propio decreto de Isabel II rezaba que la bandera bicolor era "el verdadero símbolo de la monarquía española", y "la unidad de la monarquía española y la actual organización del Ejército y demás dependencias del Estado exigen imperiosamente desaparezcan todas las diferencias que hasta ahora han subsistido sin otro fundamento que el recuerdo a esa división local, perdida desde bien lejanos tiempos". En suma la bandera representaba la síntesis del programa doceañista, reformador y claramente jacobino, sólo que templado por la propia permanencia de la Coroña y de la monarquía parlamentaria a través de la fórmula de la soberanía compartida. Paradójicamente el partido carlista, claramente partidario del esquema del Ancien Régime y defensor de las jurisdiccionales locales, provinciales y señoriales, abrazó la bandera bicolor como propia junto con las tradicionales banderas de la Cruz de San Andrés o de Borgoña, el estandarte carmesí de los Borbones y las enseñas propias de cada regimiento, generalmente de paño blanco, que seguirían como banderas coronelas o batallonas.

Agotado el período isabelino, la Revolución Gloriosa de 1868 no supondría un gran trauma desde el punto de vista político. Prim, Topete y Serrano se apresuraron a subastar, como ironizaban las sátiras de la época, la Corona española, con lo que la alternativa republicana quedaba bloqueada tras la llegada de Amadeo I, no sin antes ver como el candidato preferido por Prim y Bismarck, el alemán Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, era vetado por Napoleón III. Por tanto la bandera no experimentó grandes cambios, salvo si nos referimos a que Prim, catalán de pro, apoyó la inclusión de los blasones de Aragón y Navarra, así como las Torres de Hércules en el escudo. Sin embargo, habiendo abdicado Amadeo I, la única vía posible era la proclamación de la República. Y en efecto el 11 de febrero de 1873 se proclamaba la I República, que además de democrática habría de ser federal. Y así las cosas es en esta época cuando viene al mundo la célebre tricolor. Ya durante los primeros años del Sexenio Democrático, un político e intelectual llamado Ángel Fernández de los Ríos elevaba un informe a las Cortes solicitando la incorporación del color morado a la bandera, que pasaría a tener tres listas horizontales de igual anchura, roja la superior, amarilla la intemedia y morada la inferior. La justificación de Fernández de los Ríos era que la bandera bicolor incluía únicamente los colores "de Cataluña", el rojo y el amarillo, y no los de Castilla, "región ilustre, nervio de la nacionalidad", que se identificaban con el color morado "revolucionario y castellano" del Pendón de las Comunidades, el estandarte que "el desgraciado Juan Padilla tomó como bandera de resistencia a la usurpación que del extranjero sufrieron fueros y libertades". Otra versión propiamente romántica alega que el color morado es el resultante de la mezcla entre los colores de la bandera bicolor y la sangre de los revolucionarios muertos por la libertad.

La significación liberal del color morado no era fruto del revisionismo histórico de la época, afán por redescubrir la historia que dió lugar al culto de intelectuales y políticos republicanos hacia la figura de los Comuneros, de igual forma que incipientes catalanistas como Valentí Almirall buscaban recucitar la memoria de la Corona de Aragón. El color morado ya había sido símbolo liberal, junto con el verde adoptado por Riego, durante los estertores de Fernando VII y la Década Ominosa. Así en el registro de la morada de la activista liberal Mariana Pineda la policía del Reino aprehendió una bandera de paño morado con un triángulo verde en el centro que llevaba bordado en rojo la divisa "Ley, Libertad, Igualdad". Pese a lo que pueda parecer, Pedro Mexía, cronista de Carlos I, señala que durante la revuelta comunera las ciudades rebeldes utilizaban los símbolos reales, desde el sello regio al estandarte con la banda real, y en Villalar las tropas castellanas de Bravo, Padilla y Maldonado portaban el pendón de Castilla, a la sazón, un paño de color carmesí con un castillo dorado en el centro, así como los soldados rebeldes llevaban pintada en el pecho "cruces encarnadas", mientras que las tropas imperiales hacían lo propio pero con "cruces blancas".

Creado el mito y falseada la historia tras el descubrimiento de una añosa bandera comunera cuyo color carmesí, debido al paso de los años, había mudado a morado, numerosas sociedades secretas como la Sociedad Secreta de la Restauración o Los Comuneros habían conformado alrededor de todo lo relacionado con Padilla, Villalar y las Comunidades una imaginería que los revolucionarios de 1868 no dudaron en utilizar. Con todo, una orden circular del gobierno de la República fechada el 2 de octubre de 1873 establece la supresión de todos los símbolos monárquicos, pero sin embargo el gobierno mantiene como enseña nacional la bicolor como muestra de respeto "por encima de partidos y regímenes". Tras el estallido de la revuelta cantonal en el verano de 1873, los cantonalistas y los internacionalistas -los seguidores de las corrientes filosóficas y políticas surgida de la I Internacional- comenzaron a usar la bandera roja del Cantón de Cartagena como bandera de la República. No es de extrañar que el Marqués de Mendigorría, un aristócrata conservador, dijese a la prensa que "la bandera republicana representaba el incendio, la devastación y el robo". Por supuesto que el Marqués se refería a la enseña roja cantonal, ya que, quizá como fiel reflejo del caos de la República, en algún momento llegaron a existir hasta tres banderas oficiales de Estado; por un lado la rojigualda desprovista de la corona real sobre el escudo, la tricolor roja, amarilla y morada y una efímera bandera tricolor roja, blanca y morada.

Sobre esta última, su origen es desconocido, se sabe que fue una enseña adoptada tras un concurso público al que se presentaron varios diseños, resultando ganador el que consistía en una bandera tricolor con tres listas horizontales, de arriba a abajo; roja, blanca y morada. La bandera sólo pudo ser entregada a unas pocas unidades militares. Sin embargo dicho modelo fue tomado por una comisión del Ayuntamiento de Madrid con el encargo de adoptar una enseña republicana, dicha comisión se limitó a seguir la recomendación de Fernández de los Ríos, sustituyendo la franja blanca de la bandera cooficial por una franja amarilla, que era el color que por aquel entonces se había elegido para representar a la Capital. No es por tanto una casualidad fruto de la historia que durante la dictadura de Primo de Rivera los partidos que en 1930 sellarían el Pacto de San Sebastian comenzasen a enarbolar la bandera tricolor que años más tarde sería la bandera oficial de la II República.

Tras el triunfo de los republicanos en las capitales de provincia el 14 de abril de 1931 y la caída inexorable en desgracia de Alfonso XIII, el gobierno provisional adopta como enseña nacional la tricolor propuesta por Fernández de los Ríos. En el decreto de 27 de abril de 1931, sólo trece días después de las elecciones municipales que los republicanos utilizaron para echar el pulso definitivo a la Monarquía, se dice que "una era comienza en la vida española. Es justo y necesario que otros emblemas declaren la renovación del Estado". Es obvio que con la adopción de una nueva bandera, así como de un nuevo escudo y de un nuevo himno nacional, el nuevo régimen pretende una imagen de modernidad, liberalidad y ruptura con todo lo anterior. El presidente del gobierno provisional, Niceto Alcalá-Zamora, explica en el prólogo del decreto que "la República cobija a todos. También la bandera", y de esta forma "el emblema de la República, así formado, resume más acertadamente la armonía de una gran España". Sin embargo la bandera y los demás símbolos no convencen a los monárquicos, que seguirán usando la bandera bicolor junto con la Marcha Real y el escudo de Alfonso XIII, aún a pesar de que su exhibición pública fuese prohibida por las autoridades republicanas. En la izquierda la bandera goza de amplia acogida pese a la popularidad de la roja cantonal, distinta suerte corre el Himno de Riego, desconocido por la mayoría, que canta letras satíricas de composición popular, y denostado por la izquierda socialista y comunista, que prefiere a La Internacional. Pío Baroja afirma que esta falta de identificación popular se debe a que "el himno era callejero y saltarín, la República sesuda y jurídica".

Con el estallido de la Guerra Civil, el líder formal de los sublevados durante el verano de 1936, general Miguel Cabanellas, intenta sin éxito que el pronunciamiento se haga dando vivas a la República y bajo la bandera tricolor. Muchos de los generales sublevados, como el propio Cabanellas, Emilio Mola o Gonzalo Queipo de Llano, eran de filiación republicana, sin embargo con Francisco Franco de jefe político y militar del bando sublevado la tricolor es sucedida por la tradicional bandera bicolor monárquica, que hasta 1938 porta en el centro el escudo republicano. Junto con la tricolor, en el bando nacional convivirán banderas de muy diversa procedencia, quizá la más ilustrativa seña de la heterogeneidad de los apoyos sociológicos del Franquismo. Además de la Cruz de San Andrés, bandera oficiosa del Carlismo desde 1934, están múltiples banderas de temática religiosa como también la bandera roja y negra de Falange Española, que incorpora en el centro el yugo y las flechas de los Reyes Católicos, solo que dichas flechas apuntan hacia arriba y no hacia abajo, un claro simbolismo del carácter belicista del fascismo español. En el bando republicano pervive la enseña tricolor, que comparte penas y glorias con la bandera de la CNT-FAI -roja y negra, como la de Falange, que generará no pocas confusiones-, la roja cantonal propia del PSOE y del PCE, la ikurriña de los gudaris del PNV y la senyera catalana usada por el PSUC.

Así todo es visible a los ojos del más incauto que muchos de los símbolos patrios fueron objeto de apropiación indebida o de una desafortunada manipulación. La Cruz de San Andrés quedó confinada a ser identificada por siempre con el Carlismo desde que Manuel Fal Conde decidiese tomarla como bandera de los tradicionalistas en 1934, ello aún cuando la Cruz que Borgoña fue nuestra primera enseña nacional, presente en Pavía, San Quintín o Breda. Lo mismo podríamos decir del yugo y las flechas, desafortunado expolio obra de Falange, o del águila de San Juan, que por desgracia formará parte eternamente del escudo franquista en la conciencia popular. Igualmente la tricolor no es más que el fruto de una malinterpretación de los hechos históricos, asignando el color morado a Castilla y tomando el amarillo en representación de Madrid. Que ni decir tiene que la bandera bicolor, cuyos orígenes medievales han querido ser probados por muchos historiadores, es la elección arbitraria de un rey que no buscaba más que un pabellón naval cuyos colores resultasen bien visibles en el alta mar. Esa es la historia de los símbolos nacionales, la historia de banderas nacidas al calor de guerras civiles, conjuras palaciegas y revoluciones, la historia de un enorme fraude a la memoria de la nación.

ESPAÑA, EUROPA, EL NACIONALISMO Y LA GLOBALIZACIÓN

2010-07-27T16:47:00.009+02:00

Hace unas cuantas semanas un buen amigo mío me recomendó la lectura de un artículo llamado Teoría del nacionalismo liberal, escrito por Jesús Huerta de Soto en un lejano 1994. Después de seguir la encomiable recomendación y leer dicho artículo me vino a la cabeza la siguiente pregunta; ¿Se puede ser nacionalista y liberal? Semanas antes de recibir la recomendación de mi amigo topé en la biblioteca de mi universidad con un ejemplar de Liberalismo: Una nueva y profunda evaluación del pensamiento liberal, un libro escrito por Pascal Salin en 2000. Pese a que simplemente me limité a leer pasajes elegidos en función del mayor o menor interés de la temática de los mismos, el libro me causó una grata impresión. En uno de los primeros capítulos, en el que se hace trata el tema de la nación, el nacionalismo y la globalización, Salin dice;

Para un liberal, el nacionalismo no es comprensible, pero la nación sí lo es, ya que las comunidades humanas existen y son hechos sociales concretos. Una nación es, en efecto, una realidad inmaterial que resulta de un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad –forjada por la Historia, por la lengua, por los usos-, y la existencia de este sentimiento en las conciencias de un cierto número de personas constituye la nación como red de relaciones interpersonales. No se trata, pues, de negar la nación como objeto de percepción, sino de rechazar la pretensión de elevar la nación a entidad abstracta que tiene exigencias propias, voluntad propia, fines propios; de rechazar también la nacionalización de la nación por obra del Estado, es decir, la pretensión del Estado de representar a la nación, de hablar y actuar en nombre suyo, porque es ilegítimo monopolizar los sentimientos de pertenencia. El Estado-nación, característica de las sociedades modernas, es de por sí incompatible con una sociedad de libertad individual. Por esta profunda razón, la globalización, si contribuye efectivamente a la destrucción de los Estados-nación, sería un bien para la humanidad. Las políticas de integración regional en todos los continentes deben considerarse entonces no como progresos, sino, en cambio, como la respuesta al derrumbamiento ineluctable de las fronteras estatales y como un intento de retrasar la globalización auténtica y la desaparición de los Estados-nación.

El francés nos ilustra la razón por la cual a todos los grandes pensadores liberales la nación les resulta un tema de difícil comprensión, o incluso inabordable desde la teoría científica. Decía Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos que el estado nacional es "es un mito, un sueño irracional, romántico y utópico, un sueño de naturalismo y colectivismo tribal". Realmente sólo los Estados Unidos de América y la Confederación Suiza han sido y son los únicos estados donde el nacionalismo ha pasado, las pocas veces que ha surgido, como un resfriado pasajero. Sin duda creo que ello se debe a que en estas dos naciones la articulación del estado y de la sociedad se ha efectuado a través del principio federativo y democrático, y no en base al principio de nacionalidad o el de la sucesión monárquica. España, y en general todo el continente que llamamos Europa, fueron a partir de la Revolución Francesa el laboratorio donde se consumó el proceso de construcción del estado nacional que hoy día se ve superado por la realidad de la globalización.

Respondiendo a la pregunta planteada más arriba; no, no se puede ser nacionalista y liberal. El liberal siguiendo, como decía, el ejemplo de los Estados Unidos en 1787, o el de Suiza en 1848 aspira reconstituir las naciones en base al principio federativo y democrático. El nacionalista cree en la nación como una comunidad política, económica, cultural e histórica unida por vínculos que derivan de la aplicación del principio de nacionalidad o el de la sucesión monárquica. Así los nacionalistas españoles, si se puede llamar así al nacionalismo castellanista que se escuda detrás de todo lo español, creen que España es la reunión de todos los territorios de habla y costumbre castellana, razón por la cual catalanes, gallegos, vascos o incluso portugueses no son fácilmente encuadrables dentro de ese haz unitario que se llama nación española. De forma idéntica pero cambiando las sensibilidades en juego piensan los nacionalistas catalanes, gallegos, vascos o andaluces. Es por esta razón que el principio de nacionalidad resulta tremendamente peligroso y no tiene en cuenta el sentir de las gentes que habitan los territorios que se pretenden anexionar a una nación mayor o a una separada. El individuo que además de predicarse liberal sienta amor hacia su patria sabe perfectamente que la solución a los problemas identitarios de España y el camino a su engrandecimiento pasa por el federalismo. Así lo entendieron Castelar, Salmerón, Pi i Margall y Almirall, verdaderas islas en pro del federalismo y de la unión ibérica en esa España estatólatra del XIX.

No deja de resultar curioso ver como aquellos que dándose golpes en defensa de la unidad española o a favor de la autodeterminación de sus respectivos países, negando la viabilidad de un estado federal español -por razones dispares, claro está-, apoyaron en su día el Tratado de la Constitución Europea de 2004 diseñado por Giscard d'Estaing, que en suma representaría lo peor que los nacionalistas, nacionales o regionales, podrían esperar. Decía Ludwig von Mises allá por 1927 que “los fautores de la idea paneuropea y los Estados Unidos de Europa conciben la Paneuropa como un organismo más grande que los Estados particulares, en el que éstos deberían disolverse para hacerlo más poderoso que sus distintos componentes. […] En una palabra, el chovinismo francés, alemán y magiar serían sustituidos por el europeo, cuyo venablos se lanzarían contra los extranjeros de turno, […], mientras que en el interior uniría a todos los pueblos europeos”. Como bien apuntaba el ilustre liberal austríaco, la creación de un estado federal europeo bajo el pomposo y poco original rótulo de Estados Unidos de Europa supondría de facto la disolución de las naciones europeas, la renuncia de todos los jefes de estado y la plena transformación de los estados en meras fachadas institucionales dependientes de los burócratas de Bruselas. España, su existencia como nación, sus instituciones democráticas y su Corona, motivo de orgullo para todo nacionalista español –o simplemente para cualquier patriota no partícipe del chovinismo más madridista- no serían más que un débil recuerdo histórico dentro de un estado federal europeo. Lo mismo habría que decirles a los nacionalistas regionales, sean catalanes, bávaros, bretones, vénetos o escoceses; ¿piensan que las regiones y sus poderes intermedios serían más importantes dentro de una Europa gobernada desde Bruselas que como partes integrantes de sus respectivas naciones soberanas, independientes y con voz propia en el mundo? Por patriotismo y por el mantenimiento de un esquema descentralizado a nivel continental, nacional y regional no se puede estar menos de acuerdo con los más entusiastas del proyecto paneuropeo.

Entonces, ¿qué hacemos para evitar los brotes nacionalistas y “asegurarnos la bendición de la libertad”? Huerta de Soto afirma que los estados europeos e incluso la Unión Europea deben abrazar el ideario liberal y practicar los principios de autodeterminación –el derecho a la secesión-, del libre comercio y de la libertad migratoria. Admitimos restrictivamente el derecho a la secesión, compartimos sin límites de ninguna clase el ejercicio de la libertad de comercio y apoyamos la libertad migratoria subordinada a la necesidad de reprimir los crímenes tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Huerta nos dice que “defendamos, por tanto, las naciones en un entorno de libertad de comercio, mercado e inmigración, pues ello es el mejor seguro de vida en contra del dirigismo, la coacción y el intervencionismo. Igualmente, hagamos ver a los miopes nacionalistas de cada Estado que todo lo que no sea el desarrollo del ideal nacional en un entorno de completa libertad va, en última instancia, en perjuicio de la propia idea de nación que ellos dicen defender”. Sin duda que la verdadera globalización pasa por transformar el estado nacional-social en un estado con las competencias mínimas, suficientes e indispensables, constituido democráticamente, federalmente y ampliamente descentralizado -descentralización no sólo dentro de la nación, sino también dentro de cada provincia o región-, que coopere con el resto de naciones y con las organizaciones internacionales a la hora de promover la paz internacional, el libre comercio y los derechos individuales.

DERECHO DE SECESIÓN: UNA DEFENSA MODERADA Y RAZONADA

2010-07-24T01:08:00.012+02:00

En una carta dirigida a su hijo, Robert Edward Lee, quizá el mejor y más popular general de la Guerra Civil, decía que “no podía anticipar mayor calamidad para el país que la disolución de la Unión”. Lee escribía esto en enero de 1861, semanas antes de que seis estados se sumasen a Carolina del Sur, que por aquel entonces ya había declarado la secesión de los Estados Unidos de América. Para Lee, como para cualquier otro ciudadano americano que desde la Guerra de 1812 no había vivido en suelo patrio las miserias de la guerra, la secesión era el preludio de la anarquía y de la destrucción que había devastado Europa desde la Bastilla a Waterloo. Con la vista puesta en la historia plagada de guerras y revoluciones del Viejo Continente, los Padres Fundadores decidieron instituir un gobierno responsable y estable, basado en una “Unión perpetua” con el fin de “establecer la justicia, afianzar la tranquilidad doméstica, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar la bendición de la libertad”. Con este planteamiento los Padres Fundadores evitaron referirse al candente tema del derecho a la libre secesión que teóricamente reposaba en los estados como estructuras institucionales preexistentes con anterioridad a la promulgación de la Constitución.

Desde el punto de vista del derecho internacional convencional, el llamado “derecho a la autodeterminación de los pueblos” o “derecho a la libre secesión” está contenido en la propia Carta de San Francisco de 1945 o en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General. En un derecho como el internacional en que el estado sigue siendo el principal actor de las relaciones internacionales el deber de no intervención en los asuntos internos de los estados, así como el respeto hacia la “integridad territorial” y la “independencia política” de los mismos es una exigencia moral propia del ius gentium; el derecho natural internacional o la costumbre internacional. Sin embargo no pasa desapercibido el hecho de que toda entidad subnacional, sea parte integrante de un estado federal o unitario, carece de la condición necesaria y suficiente para ejercer per se la representación internacional, carece de capacidad para obligarse por una norma o acuerdo internacional, tampoco puede asumir responsabilidades por la comisión de un ilícito internacional. Entonces, ¿cómo va a poder ser sujeto de un etéreo derecho a la secesión una entidad que para las normas que rigen las relaciones entre naciones es irrelevante? En el sentido de lo dicho más arriba, la secesión de Kosovo confirmada por el Tribunal Internacional de Justicia recientemente es contraria al derecho internacional, pues es impuesta a un estado soberano e independiente, y es contraria al derecho interno de los serbios por las razones que serán expuestas continuación. En todo caso los estados son los únicos que pueden ejercer el llamado derecho a la libre secesión, a la secesión unilateral, siempre y cuando la entidad superior tenga competencias atribuidas y no propias, como es el caso de las organizaciones internacionales –de ser competencias propias no hablaríamos de una organización internacional, si no de un estado consecuentemente soberano-.

Desde un enfoque puramente constitucional, esto es, desde el derecho interno de los estados, ningún estado a excepción de la URSS o Yugoslavia -y éstos con la limitación derivada de la naturaleza centralista del estado comunista- ha reconocido en su constitución el derecho a la libre secesión de las partes que lo integran. Incluso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el famoso caso State of Texas v. White (1869), admite que los Estados Unidos se fundan en una “unión indisoluble” y que toda resolución declarando la secesión de un estado, así como los actos dispuestos para hacerla efectiva, son “absolutamente nulos”. La Constitución no hace mención expresa al derecho de secesión, y la jurisprudencia constitucional ha dictaminado que dicho derecho no puede ser válidamente ejercitado por ningún estado, ya que los Estados Unidos son un estado integral -indisoluble- con competencias soberanas propias que emanan de la Constitución.

Muchos autores liberales admitieron y admiten la libre secesión refiriéndose al caso particular de los Estados Unidos de América, argumentando que como dicha nación surgió de la secesión de las Trece Colonias, los estados integrantes de la Unión pueden separarse libremente tal y como hicieron en 1776 de la Corona Británica. Este argumento, mutatis mutandis, es el utilizado para justificar la secesión de los Estados Confederados. El argumento a favor de la libre secesión había sido elaborado por los teóricos favorables a dicho derecho a partir de la lectura sesgada de las Kentucky & Virginia Resolutions, de Thomas Jefferson y James Madison, respectivamente, y sobre todo de la interpretación extremista de la teoría de la nullification; obra de John Caldwell Calhoun. Para los más acérrimos defensores del derecho a la libre secesión, tanto Jefferson como Madison, así como también Calhoun, defendían que toda norma o acto ultra vires dictado por el gobierno federal en detrimento del derecho de los estados era razón suficiente para, en primer lugar, anular –nullify- dicho acto o norma, y en segundo lugar, en caso de que el gobierno federal prosiguiese violando el derecho estatal, proceder a la secesión. Lo cierto es que antes de la secesión y constitución de los Estados Confederados hay antecedentes de estados que ejercieron el derecho a la libre secesión, o al menos lo intentaron. Es el caso de Carolina del Sur en 1832 como motivo de la crisis de la nulificación, o de Massachusetts y otros estados de Nueva Inglaterra durante la crisis de la deuda nacional en los primeros años de la República.

Esta postura proclive a admitir sin paliativos la libre secesión de las partes de un estado fue la defendida en un primer momento por Ludwig von Mises. Mises, en su Liberalismo (1927), argumenta que;

El derecho de autodeterminación en atención a la cuestión de la pertenencia a un estado significa: dondequiera que los habitantes de un territorio en particular, sea un único pueblo, un distrito entero o un conjunto de territorios adyacentes, hagan saber, a través de un plebiscito libre, que en adelante no desean permanecer unidos al estado al que pertenecen en el momento, pero desean por el contrario formar un estado independiente o anexionarse a algún otro estado, sus deseos deben ser respetados y satisfechos. Esta es la única manera factible y efectiva de prevenir revoluciones y guerras civiles e internacionales.

Para Mises el derecho a la libre secesión era la aplicación in extremis del principio democrático, aunque matiza que hablar del “derecho de autodeterminación de las naciones” es un error ya que “no se trata del derecho de autodeterminación de una unidad nacional determinada, sino el derecho de los habitantes de cada territorio de decidir a que estado desean pertenecer”. Para Mises el “derecho de autodeterminación de las naciones” no era sino el pretexto que esgrimían los nacionalistas pangermánicos para anexionarse los territorios suizos y neerlandeses de habla germánica, de igual forma que pretendían los fascistas italianos con los cantones italo-suizos. Salvador de Madariaga advirtió a Mises de que su argumento era un reduccionismo absurdo en lo que se refería a los sujetos legitimados para ejercer el derecho a la libre secesión, pues si se reconocía el derecho de una región o una provincia a autodeterminarse, o incluso ídem a una comarca, una ciudad o un pueblo, ¿por qué no un individuo siguiendo el curioso pero ilustrativo ejemplo del Principado de Hutt River?

Sin embargo, aunque los temores de Robert E. Lee que iniciaban este escrito estén justificados en la inestabilidad política y económica que generaría una situación en que cada estado federado pudiese ejercer a voluntad la secesión, sí cabe una defensa moderada y razonada de la misma en base a los principios generales de Derecho. Así lo entendió Pi i Margall que siguiendo el argumento proudhoniano del pacto federal entre partes iguales y soberanas elaboró una sencilla pero inteligente teoría que justificaba al menos en parte el derecho a la secesión. Pierre-Joseph Proudhon había desarrollado en su libro El principio federativo, publicado en 1863, una teoría democrática sustentada en la existencia de contratos o pactos federales entre los diferentes niveles de estado, contratos o pactos en los que se cedía únicamente aquella porción de poder que se consideraba conveniente para el buen desarrollo de los intereses mancomunados, conservando un espacio de libertad para las partes cesionarias que siempre tendría valor superior al de las obligaciones contraídas. Pi i Margall, visto el fracaso de la I República y la insurrección cantonal, recogió el testigo de su maestro Proudhon y en su obra Las Nacionalidades (1876) nos detalla bajo que condiciones sí cabe admitir el derecho a la secesión;

En la voluntad descansan los contratos y no se anulan y rescinden por la de uno de los contratantes. Por el mutuo consentimiento se formaron, y sólo por el mutuo consentimiento se disuelven cuando no se ha cumplido el fin para que si hicieron ni los afecta ninguno de los vicios que los invalidan. Otro tanto sucede con las confederaciones, que no son más que pactos de alianza. Podrían disolverse por el mutuo consentimiento de los que las establecieron, no por el de uno o más pueblos. Están así en su derecho cuando caen espada en mano contra los Estados que por su sola voluntad intentan separarse. Como el primero y más importante de sus deberes es sostenerse a sí mismas, esto es, mantener unidos los pueblos confederados.

Para Pi el derecho a la secesión en ningún caso podía ser ejercitado libremente, es decir, de forma unilateral. Como la Constitución es en cierto modo un contrato entre los estados federados que deciden instituir un gobierno común, sólo el conjunto de los estados integrantes de la confederación o de la federación pueden decidir a través de la regla de la unanimidad si un estado parte puede separarse definitivamente. Es un criterio con presupuestos ciertamente exigentes, pero al menos Pi no caía en el error que Mises cometió al teorizar de forma feliz sobre el derecho de secesión.

En conclusión, el derecho a la secesión no es en ningún caso una cuestión que se pueda abordar con el corazón ligero o desde una postura claramente oportunista. Woodrow Wilson jamás hubiera imaginado las consecuencias que sus Catorce Puntos tuvieron sobre el atormentado Viejo Continente, que vio como caían Imperios como el alemán o el austrohúngaro, que en cierto modo eran verdaderos guardianes de la estabilidad de un continente tan humanamente diverso como el nuestro. La desaparición del Imperio Alemán o la del Imperio Austrohúngaro fue una de las grandes tragedias del siglo XX pues dejó la puerta abierta a una repetición más virulenta de la Gran Guerra de 1914. La reordenación de las fronteras europeas fue terreno abonado para el nacionalismo totalitario del período de entreguerras. Al igual que la secesión de los estados del Sur, que buscó entre otras muchas razones amparar esa peculiar institution llamada esclavitud, la reordenación de Europa tras la Primera Guerra Mundial, la emancipación de las complejas sociedades asiáticas, la descolonización de África o los procesos de independencia en Oriente Medio o más tardíamente en los Balcanes ponen de relieve una cosa: siempre que los políticos se han llenado la boca con palabras como “autodeterminación”, “independencia” o “separación” el penoso espectáculo de la guerra ha dejado en nuestra memoria inimaginables violaciones de la vida, la integridad y la libertad humanas. Por esa misma razón el derecho a la libre secesión no debe orientarse en aras a satisfacer el deseo de una mayoría, sino a garantizar el derecho de cada individuo a la vida, a la protección de la misma, y a la libertad de autodeterminarse en sociedad. Las naciones no prosperan sumidas en la constante incertidumbre, más bien lo hacen cuando gozan de unas instituciones estables que garantizan la libertad de quienes las han instituido.

EL MITO SUECO DEL ESTADO DE BIENESTAR

2010-07-20T22:48:00.010+02:00

En 1979 Melvin B. Krauss informaba para el Wall Street Journal acerca de la "revolución sueca contra los impuestos más altos de todo Occidente". Decía el autor del artículo publicado en el diario neoyorquino que el estado sueco de bienestar se encontraba en la disyuntiva de optar entre "originar un gasto público cada vez mayor" o satisfacer las demandas de los ciudadanos que se negaban "a cualquier aumento de la presión fiscal". Por lo visto los suecos de 1979 soportaban tal aluvión de impuestos que se habían visto obligados a trabajar menos -el efecto desincentivador sobre el trabajo de los elevados tipos impositivos que Laffer había señalado cinco años antes, en 1974- o a recurrir al trueque, sobre todo en intercambios de servicios entre profesionales liberales. Tradicionalmente Suecia había sido el modelo a medio camino entre el comunismo de la vecina URSS y el capitalismo de los EUA, el experimento socialdemócrata que al menos durante cuatro décadas había servido de guía para todos aquellos países que se habían incorporado tardíamente a la industrialización. Sin embargo en 1976 los ciudadanos suecos pusieron fin en las urnas a la hegemonía de más de cuatro décadas de las políticas socialdemócratas, e incluso desde principios de la década de 1970 se habían iniciado una serie de reformas del estado del bienestar con el objetivo de dar mayor libertad de elección a los ciudadanos suecos a la hora de disfrutar de las prestaciones sociales garantizadas por el estado. En 1991 los partidos a favor de la libertad de elección en la educación, la sanidad y las pensiones habían arrebatado a los socialdemócratas la mayoría parlamentaria.

Suecia ha sido durante décadas hasta hoy día "el Modelo", pero hay que decir que el modelo sueco lleva concretamente tres décadas en proceso de desmantelación Alemania, la patria del estado del bienestar que puso en marcha el autoritario Otto von Bismarck, lleva años debatiendo reformas con las que poner freno al desbocado gasto presupuestario que supone mantener el aparato benefactor estatal sin someter a los contribuyentes alemanes a más subidas de impuestos. Los más acérrimos defensores del estado de bienestar, huérfanos de los suecos y los alemanes han buscado primero en Gran Bretaña y luego en Canadá los nuevos referentes de estado de bienestar, aún a sabiendas de que en ambos países se ha demostrada la ineficiencia de la sanidad pública. Hoy día es normal ver a millares de canadienses cruzar la frontera camino de las clínicas médicas privadas del Estado de Minnesota. Ello es por que el aparato burocrático destinado a proporcional seguridad "de la cuna a la tumba" no cumple con las exigencias de sus usuarios, y por ello tanto en Europa como en Norteamérica la gente prefiere responsabilizarse de su salud, su educación y su futuro recurriendo a servicios privados.

En España esa mentalidad típicamente anglosajona de responsabilidad personal ha calado tan poco que todos los políticos de todas las tendencias ideológicas del arco parlamentario admiten sin discusión la viabilidad y la idoneidad del estado del bienestar. Al igual que los suecos, los españoles deberían replantearse la cuestión; "Seguridad sí, pero, ¿a qué precio?". El precio que todos los contribuyentes tienen que soportar son unos elevados impuestos y un descomunal presupuesto estatal que actualmente representa casi el 50% del PIB del país. ¿No sería más preferible pagar menos impuestos, tener menos estado y disponer de mayor libertad a la hora de elegir unos servicios que sean verdaderamente competitivos? Suecia inició su programa de reformas rebajando los impuestos, eliminando los monopolios públicos y descentralizando la implementación de las medidas destinadas a asegurar la libertad de elección del ciudadano-usuario. He aquí las claves sobre la que orientar la reforma del estado de bienestar.

El gobierno sueco aplicó en primer lugar rebajas impositivas. Una buena medida que supondría la eliminación de gran parte de las políticas redistributivas de la riqueza sería la introducción del impuesto negativo sobre la renta, en combinación con el sistema de bonos o cheques para la libre elección del colegio o el centro médico, para todos aquellos que no pudiesen costearse un colegio o un seguro médico privados. El resto de los contribuyentes pagarían muchos menos impuestos, lo cual, en combinación con una reducción de las funciones y del peso del estado a las competencias tradicionales enumeradas por Adam Smith -defensa nacional, seguridad pública, justicia, obras públicas y provisiones sociales para los más desamparados-, conllevaría que la mayoría de la población podría prescindir de los servicios sociales públicos y acudir a la empresa privada.

Otro aspecto importante de la reforma sueca ha sido la progresiva eliminación de los monopolios públicos, obligando a los servicios públicos a competir en condiciones de mercado con la iniciativa privada. De la competencia se deducen los siguientes beneficios para el ciudadano-usuario; más oferta de servicios de mejor calidad a precios menores. Los servicios públicos deben adaptarse a la nueva coyuntura de la competencia, con lo que dicho sea de paso, obligamos a que los colegios públicos, los hospitales y las universidades del estado se autofinancien en lugar de "socializar pérdidas" con cargo a los presupuestos generales. De la autofinanciación se deriva la independencia a la hora de manejar la gestión de dichos servicios lejos de las injerencias de los burócratas del gobierno. Pareja a dichas medidas fue la reforma sueca del sistema de pensiones, pasando de un sistema totalmente de reparto a uno que incorpora un cierto grado de capitalización y que admite la concurrencia con sistemas de ahorro personales, así como también la aplicación de un abaratamiento de las condiciones de contratación laboral.

En último lugar la reforma sueca ha sido posible gracias a la naturaleza descentralizada del estado sueco. Suecia vive en un régimen unitario, pero dentro de ese régimen unitario las entidades locales, concretamente los municipios, que gozan de potestad legislativa, han desempeñado un papel fundamental a la hora de ensayar los diferentes sistemas de libre elección. En los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá o también España las cuestiones de índole social deben ser reservadas a los entes políticos intermedios, que se encargarían de su regularización. La ejecución y la supervisión de medidas tales como los cheques escolar o sanitario y el impuesto negativo sobre la renta bien podrían atribuirse a los entes locales. De este modo favorecemos la competencia intraestatal tanto en el ámbito fiscal como en el prestacional, e indirectamente también condicionamos los flujos migratorios nacionales y transnacionales -los inmigrantes por lo general prefieren aquellos territorios con un sistema amplio de prestaciones públicas, como demuestra la experiencia californiana en comparación con la tejana-.

Como se puede observar el estado sueco de bienestar y los de su entorno que han sido tan mitificados tanto por socialdemócratas como por demócrata-cristianos han evolucionado hacia modelos donde el estado sigue proporcionando servicios públicos de índole social pero en condiciones de competencia con la empresa privada y con amplias garantías a la libertad de elección del contribuyente-usuario, aproximándose a modelos más liberalizados como el neerlandés o incluso el suizo.

CRISTIANISMO Y LAISSEZ-FAIRE

2010-07-19T00:55:00.010+02:00

Jean-Claude Marie de Vicent de Gournay nos sería prácticamente un personaje desconocido si no fuera por aquella expresión francesa que él mismo popularizó y que hoy día es universalmente predicada por los liberales de todo el mundo; "Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même!" -"Dejad hacer, dejad pasar, el mundo va sólo"-. Hoy día, en estos tiempos de rescates financieros, de gobiernos paternalistas y de globalización del estado, la frase de Gournay ha quedado marcada como el moto principal de la religión que algunos llaman "de la Economía" o "del dios del mercado". Tras la caída del Telón de Acero el capitalismo, o por evitar un término tan injustamente denostado y vilipendiado por parte de las ideologías antiliberales, el librecambismo que defendían Vicent de Gournay o su discípulo Jacques Turgot parecían señalar en el porvenir de la humanidad un futuro de mercados libres, paz internacional y gobiernos responsables en lo económico.

En los 1980 Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Brian Mulroney fueron la punta de lanza de las revoluciones liberales que con mayor o menor intensidad durante la década de 1990 se produjeron por todo el globo. En España no se puede hablar de una verdadera revolución liberal, por que el gobierno de Aznar fue un gobierno ciertamente demócrata-cristiano embarcado en un proyecto de reformas parcialmente liberalizadoras. Thatcher, Reagan y Mulroney eran conservadores sí, pero eran conservadores nacidos en naciones -valga la redundancia- anglosajonas con una arraigada tradición liberal, tanto en lo político como en lo económico, y donde la mayoría social dominante son los White Anglo-Saxon Protestants -WASP-. La España que catapultó a Aznar al poder en el 1996 era a grandes rasgos la misma España del régimen de Franco, de la II República y de la II Restauración; una nación europea-continental, donde el culto al estado se había arraigado tras siglos de nefasta y ponzoñosa influencia francesa y donde la mayoría social se podría definir como íbero-europea católica. La diferencia es que los conservadores anglosajones tradicionalmente han aceptado las libertades civiles, el libre mercado, el gobierno democrático-representativo, limitado, responsable y descentralizado. España, por influencia francesa, era un país donde los conservadores de la etapa del aperturismo franquista intentaban parecerse a la democracia-cristiana de De Gaulle o de Adenauer, pero con el matiz del marcado catolicismo y practicando una concepción económica puramente nacionalista y de ineludible signo autoritario.

¿Es en suma compatible el cristianismo con el liberalismo, con el capitalismo? En primer lugar las iglesias que con la Reforma protestante se escindieron de la Católica mantuvieron siempre una doctrina inclinada a la protección del individuo, de su libertad y de la propiedad, de promoción del comercio y de limitación del papel del estado. No es casualidad que las naciones más avanzadas sean aquellas donde la influencia del luteranismo y del calvinismo se dejó sentir con más fuerza; pero también que países como Alemania, Países Bajos, Gran Bretaña, Suecia, Noruega o Dinamarca llevaban siglos practicando de forma bastante acusada un comercio liberalizado, por ejemplo, organizando la Liga Hanseática allá por el siglo XII.

En España, un país de marcada tendencia católica como muchos otros de Europa, tristemente tuvieron eco aquellas palabras de San Ambrosio donde se decía que "la propiedad privada es un robo". El Papado instauró la prohibición de cobrar intereses a los préstamos, lo que se conoció con el nombre de usura. En el II Concilio de Letrán (1139), presidido por Inocencio II, se afirmó el rechazo de la Iglesia Católica hacia la "detestable e ignominiosa rapacidad insaciable de los prestamistas, rechazada por las leyes humanas y divinas por medio de la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento", mientras que Clemente V sentenció que "si alguno cayere en el error de pretender afirmar pertinazmente que ejercer las usuras no es pecado, decretamos que sea castigado como hereje". Hasta un Papa tan reciente como Juan Pablo II llamó a los fieles católicos a "no practicar la usura, plaga que también en nuestros días es una realidad infame, capaz de estrangular la vida de muchas personas". También dentro de la doctrina católica hubo sitio para los precios justos -parafraseando a Bastiat, "sofismas económicos"-, tal y como lo recogió la primera encíclica de contenido claramente social de la Iglesia Católica, la Rerum Novarum (1891) -De las Cosas Nuevas- publicada por León XIII, o para la crítica al "internacionalismo del dinero" y para la apología de la reforma de la economía a la luz de "la razón iluminada por la caridad cristiana" en Quadragesimo Anno (1931) de Pío XI. Incluso el catolicismo tuvo su "tercera vía" opuesta y equidistante al comunismo y al capitalismo, formulación tan de moda en la España del nacionalcatolicismo donde José Luis Arrese, dirigente de la Falange franquista, diseñó en su libro "Capitalismo, comunismo, cristianismo" las bases de la economía cristiano-católica; defensa de una propiedad privada subordinada a la utilidad social, crítica al individualismo, concepción del trabajo como fuente de creación de la riqueza, necesidad de un estado corporativo que intervenga en los asuntos económicos, rechazo al laissez faire y al "aislamiento entre patrón y obrero".

En respuesta a la pregunta planteada más arriba; "¿Es en suma compatible el cristianismo con el liberalismo, con el capitalismo?", el catolicismo desde luego que no es compatible con el liberalismo económico defensor del laissez-faire. Quizá las iglesias de la Reforma sean más proclives al comercio, y en suma al sistema económico capitalista, pero tampoco hay que olvidar que fue Jesucristo quien expulsó a los mercaderes del Templo de Jerusalén, diciéndoles; "no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre" (Sn. Jn. II, 13-22). Quien sea seguidor de Adam Smith y crea en el dogma de la Santísima Trinidad debe tener esto en cuenta.

LOS COSTES DE LA TRIBUTACIÓN: LAFFER Y REAGAN

2010-07-15T16:43:00.011+02:00

En cierta ocasión un economista que se encontraba reunido ante un selecto grupo de periodistas y políticos en la ciudad de Washington cogió una servilleta de papel y dibujó esto:

Nuestro ingenioso economista se llamaba Arthur Laffer, y explicó que el gráfico que se encuentra sobre estas líneas era una descripción detallada de como unos tipos impositivos demasiado elevados acaban por afectar a los ingresos fiscales. En el año 1974 decía Laffer que en los Estados Unidos los tipos impositivos eran tan altos que de bajarse los ingresos fiscales aumentarían proporcionalmente. Esta curva, renombrada desde entonces como Curva de Laffer -Laffer Curve- llamó la atención del candidato a la presidencia Ronald Reagan. Decía Reagan; "comencé a ganar mucho dinero haciendo películas durante la II Guerra Mundial. Hacías cuatro películas y ya estabas en el tramo superior. Así que cuando hacíamos cuatro películas, todos dejábamos de trabajar y nos íbamos al campo". Este ejemplo aparentemente simple demostraba lo que años atrás había señalado Laffer; los altos tipos impositivos generaban menos trabajo, o lo que es lo mismo, menos productividad.

Reagan, una vez en la presidencia, aplicó la idea de Laffer a su política económica, siendo rebautizada por el asesor presidencial Jude Wanniski como economía de la oferta - Supply-sideeconomics-. Siguiendo esa ley económica que dice que "los individuos responden a los incentivos" Reagan pretendió invertir los efectos de los altos tipos impositivos, proponiendo una reducción de los mismos que según él mejoraría el bienestar económico -la riqueza en manos de los contribuyentes- y aumentaría los ingresos fiscales. Paradójicamente tras la reducción operada disminuyeron los ingresos sobre la renta personal, entre 1980 y 1984, en un 9%, mientras que la renta per capita aumentó en un 4% en el mismo período. Pero el tiempo daría la razón , al menos en parte, a Laffer, puesto que durante toda la década de 1980 los ingresos fiscales derivados de los impuestos sobre las rentas más elevadas aumentaron según se efectuaron reducciones sobre los tipos.

La lección que todos, incluidos los políticos aficionados a las subidas impositivas, debemos aprender es que los impuestos sobre la renta de las personas desincentivan a éstas a trabajar más por más dinero, mientras que los impuestos sobre la renta de las sociedades desincentivan las inversiones de capital, como bien señaló Milton Friedman. Dicho esto conviene decir que unos impuestos altos, o dicho de otra forma, unos "tipos impositivos altos" en una situación de contracción económica desincentivan a cualquiera. Un trabajador de clase media que vea que a pesar de trabajar más horas el estado sigue cobrándole unos impuestos altos pensará: "¿Para qué esforzarse?". Dicho individuo trabajará menos, conformándose con que el estado le quite menos dinero. Los contribuyentes más ricos podrán o bien llevarse su dinero a otro país donde los tipos impositivos para los tramos más elevados de la renta sean más bajos o bien plantearse la posibilidad de defraudar al fisco. En cualquier caso, la renta total disponible en manos privadas y consecuentemente el consumo, la inversión y el ahorro disminuirán en proporción a las subidas impositivas, viendo la Administración tributaria como sus ingresos menguan tanto como continuas y prolongadas sean dichas subidas.

Post scriptum: muy recomendable el siguiente artículo.

CATALUNYA ESCANYADA

2010-07-13T21:22:00.009+02:00

Alfredo Brañas Menéndez (1859-1900), gran patriota galaico, guardaba una poco disimulada admiración hacia Cataluña, modelo de lo que el político, literato, jurista y periodista carballés entendía como una comunidad en permanente lucha por la defensa de sus intereses regionales. Precisamente fue en El Regionalismo, obra publicada en Barcelona, donde Brañas, comparando los sentimientos regionalistas existentes en la Galicia y Cataluña de 1889, dice que Galicia se encuentra “abandonada a sus propios esfuerzos, víctima del desprecio y del olvido a que la condenan sus hijos espurios, y a pesar de esta angustiosa situación, se levanta noble altivez y lucha valerosamente por su perdida independencia regional". Prosigue el político regionalista diciendo que "Galicia y Cataluña son las dos regiones que más se afanan por su independencia y libertad [...], pero mientras Galicia, pobre y desdichada, se yergue del polvo de su humillación y dirige clamorosas protestas a sus verdugos por medio de su sus poetas, Cataluña rica y poderosa no suplica ni llora, exige y manda, no emigra ni se empobrece, se puebla y atesora”.

Y parece sin embargo que la Cataluña poderosa y altiva descrita por el gallego se ha vuelto impotente y dada a la protesta; humillada, dícese, por el engaño sufrido a manos de Rodríguez Zapatero por el alumbramiento –ya era la hora- de la sentencia del Tribunal Constitucional, contraria a los intereses del país que tanto andaban en boca de los regionalistas de antaño. Que no sorprenda al que lea estas líneas el transcurso de los acontecimientos, por que el fallo del Tribunal ha de entenderse dentro de la coyuntura en la que se manejan los fundamentos de derecho de la ya polémica sentencia del Estatut. El Constitucional, por si nadie se ha percatado aún, es un tribunal que actúa al socaire del partido gobernante, que no ha sabido -o no ha querido- corregir los excesos -y defectos- del Estatuto frente a la supremacía constitucional y que guarda un desconcertante concepto del federalismo -si se le puede llamar así- basado en la asimetría entre poderes infraestatales. Teniendo en cuenta esto no sorprende a nadie el mal parto de la sentencia del Estatut, pues con ella los magistrados han querido lograr el conformismo de todos, contentando a unos pocos y decepcionando a la mayoría.

Y es con esas con que Montilla, dándose ínfulas de Rafael Casanova y erigido en defensor de la dignidad catalana, ha salido a la calle a protestar contra una sentencia que, dicen los políticos de la gran casa del catalanismo, viene a tergiversar la voluntad popular de esa dama herida en el orgullo que es Cataluña. Diría, aún a riesgo de llevarles la contraria a los que siempre se rasgan las vestiduras al grito de “¡Es que es la Democracia!”-en mayúsculas, cual diosa pagana-, que habría que empezar a recordar que nuestro sistema además de reunir en un mismo haz al principio democrático y al monárquico, incluye ese tan denostado concepto de “estado de derecho”, “imperio de ley” o “supremacía constitucional”. Por muy válido que sea lo acordado por el Parlamento catalán a través de una ley y por muy válido que sea lo ratificado por el pueblo catalán –si se puede llamar “pueblo” a un 48,85% del censo electoral- en referendum, el contenido material de la ley no puede pretender subvertir los límites impuestos por la Constitución en materia de atribución de competencias a las comunidades autónomas. De ser así los catalanes no vivirían en un “estado de derecho”, sino bajo un “gobierno de masas”, donde, como decía Thomas Jefferson, “un 51% de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%”.

Volviendo al inicio del presente artículo, Alfredo Brañas achacaba la paupérrima situación de la Galicia de finales del XIX a "la carencia de todo sentimiento de unión y fraternidad entre los gallegos, su ausencia de iniciativa y de empresa y la apretada nube de langostas oficiales, un verdadero ejército de muñidores electores, secretarios, escribientes de Municipio y Juzgados, letrados de aldea, recaudadores y misionados, todos ellos dependientes del cacique provincial y este ligado al diputado general a Cortes, dueños de vidas y haciendas gallegas". En cierto modo esta es una perfecta descripción de la Cataluña actual, donde el president Montilla actúa de cacique al servicio de los intereses del Partido –el Socialista se entiende-, dando la espalda a ese 51,15% de catalanes que no tuvieron prisa en ir a refrendar un Estatuto que en nada mejora la libertad y la prosperidad de la que disfruta hoy día Cataluña. Digo que nada se ha ganado en estos tres largos años de espera puesto que los políticos de Madrit y los de la Ciutat Comtal han horadado toda la miga de la discusión y la polémica del Estatut, centrándose en vaguedades como el uso del término “nación”, que a estas alturas del partido resulta totalmente irrelevante, tanto desde un punto de vista meramente material y jurídico, y sólo tiene mayor trascendencia para quienes aborden la cuestión desde un punto de vista sentimental.

Cataluña, evaporado el espejismo de la tierra prometida, sigue igual que ayer, escanyada –asfixiada- por un gobierno ideológicamente populista y nacionalista practicante. La Cataluña actual es vasalla de Rodríguez Zapatero; la despensa de votos del PSOE, presa de un nacionalismo que niega el pasado y el presente de los catalanes, pasto de la elefantiásica Administración. Pocos ven –vemos- a Cataluña como aquella provincia poderosa, rica y liberal que era a finales del XIX, admirada por Brañas, verdadero faro de una España todavía sumida en el oscurantismo.

LAST NIGHT AT THE PROMS 2009

2010-02-04T14:05:00.005+01:00

Fragmentos del tradicional concierto anual organizado por la BBC en el Royal Albert Hall. Incluye música patriótica como el Rule Britannia, el Land of Hope and Glory y el God Save the Queen.

¡MENOS LOBOS!

2010-01-28T18:39:00.011+01:00

Muchos pensarán que la pertenencia de España a la Unión Económica y Monetaria europea es un perjuicio para nuestra economía. Las grandes dificultades que atraviesan las economías de los países de la periferia del continente -Irlanda, España, Portugal, Grecia-, contrastan con la aparente y pronta recuperación de las naciones centroeuropeas, lo cual supone un problema a la hora de decidir el tipo de medidas que aplicará el Banco Central Europeo para dar empuje a la reactivación de las locomotoras europeas, Francia y Alemania, principalmente. Y es que la subida de tipos que supondría un beneficio para el potente eje franco-alemán, por la contra sería un varapalo considerable para los estados todavía inmersos en plena depresión económica, entre los cuales está España.

Sin duda soy de los que ven con cierto escepticismo la existencia de la propia UEM y del BCE, pues soy partidarios del dinero sano; una moneda estable, no inflacionaria y libre de injerencias de los políticos. Pero sin duda he de reconocer que; 1) si España sigue a flote aún hoy es por la pertenencia de nuestra nación a la UEM, lo cual supone de iure y de facto aceptar la política económica y monetaria de mínimos que impone el BCE y por ende, reconocer el poco margen de actuación que los gobiernos de los estados nacionales tienen en la dirección de las directrices monetarias, y 2) un banco central continental gobernado por centroeuropeos es una garantía mayor que un banco central nacional gobernado por íberoeuropeos y en el que los políticos tengan voto sobre que medidas se aplican y que política se establece en materia monetaria. Sin duda, las situaciones extraordinarias y de necesidad vuelven al hombre idealista en el más pragmático de todos.

Sin embargo ciertos expertos en análisis económico se afanan en dibujar negros nubarrones sobre el futuro de aquellas economías más agobiadas por las dificultades, hasta ahora, financieras. Primero fue el turno de Grecia, un país inundado de deudas y con un estado en quiebra. Y ahora le toca el turno a España, uno de los estados integrantes de la UEM con mayor porcentaje de endeudamiento respecto del PIB, una tasa de paro que duplica la media de la eurozona y donde paradójicamente no se ha sentido el desplome de ningún banco importante. Para uno de los economistas del momento, Nouriel Roubini, "la zona del euro podría derivar en una bifurcación, con un centro fuerte y una débil periferia en la que algunos países podrían salir de la Unión Monetaria". Dentro de los países candidatos a quedarse al margen del club europeo está España. Hasta el Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, advirtió de las dificultades que España afrontaría para salir de la crisis, y que gran parte del problema provenía de la adopción del euro como moneda nacional, por lo que deberíamos salir de la UEM y devaluar la peseta.

Ante tal panorama, alguno pensará que la nave zozobra y presta lanzarse por la borda. Sin embargo conviene señalar que quienes lanzan estos funestos pronósticos son meros charlatanes, intervencionistas, agoreros, tremendistas y catastrofistas. En efecto, hablamos de Roubini, el gurú que anunciaba hace unos cuantos meses el rescate gubernamental y la posterior nacionalización de aquellos bancos que, según decía, quebrarían en septiembre de 2009. A fin de cuentas un intervencionista que defendía "las antiguas y tradicionales políticas keynesianas de gasto por parte del Gobierno" en caso de que se contrajese el consumo privado. Que ni decir tiene que Krugman, ese economista merecedor del Nobel y profesor en Princeton, apoyó el Plan Estímulo y una vez visto el fracaso de la política del gasto público y del proteccionismo económico -necesario, decía, para reactivar los diferentes sectores económicos-, argumentó de una forma un tanto improvisada sobre la necesidad de lanzar un segundo Plan Estímulo ya que el primero "era demasiado pequeño desde el principio". En suma todo se reduce a un arriesgado juego de ver quien suelta la profecía económica más apocalíptica. ¡Menos lobos, caperucitas!

¡SORPRESA, SORPRESA!

2010-01-26T22:21:00.005+01:00

Republican Senator-elect Scott Brown disclosed his hope of implementing more government-run health care in a recent post-campaign speech. Brown said he feels that a "basic plan for everyone" is important.

Republican politicians generally do not favor limiting or reducing government. Most Republicans want to increase the size and scope of government. Mr. Brown is an excellent example.

Y no sólo eso, el nuevo senador del Estado de "Taxachussets", además de ser portada de una revista de variedades en el 1982 -que esto sea malo o bueno depende de la moral de cada uno-, se muestra decididamente partidario de la pena de muerte, en cambio es contrario al "matrimonio" homosexual.

Vía Libertarian Party

EL DECRETO EN LA PICOTA

2010-01-22T18:48:00.005+01:00

El decreto del gallego impulsado por la Xunta que preside Núñez Feijóo no contenta a nadie. Galicia Bilingüe acusa poco menos que de "traidor" al líder del PP gallego por faltar a su promesa electoral de devolver a los padres el poder de elegir la lengua en la cual desean que sus hijos sean educados. La plataforma Queremos Galego! y la oposición parlamentaria conformada por PSOE-PSdeG y BNG se muestran decididas a plantar cara al modelo trilingüe que prevé una enseñanza impartida en inglés, castellano y gallego. ¿Y qué opina un servidor de todo esto?

En primer lugar ni dentro del propio partido existe una corriente de opinión unánime acerca de la mayor o menor idoneidad del decreto. Tampoco en la opinión pública, que se ve mediatizada por los medios y la política de Madrid en torno al tema. Sin duda que frente a la propuesta del anterior bipartito, el nuevo decreto es una nueva vuelta de tuerca al ya de por sí enrevesado tema de la libertad de elección de lengua en la enseñanza, y al papel que debe asumir el gobierno a la hora de promover una lengua determinada en el ámbito educativo. Yendo al grano, el decretazo, como se han apresurado a calificarlo algunos, que acaba de parir el ejecutivo regional es un inmenso disparate, un despropósito por el que ya se han interesado los populares de Cataluña, Baleares y Vascongadas; lugares donde no por casualidad existe un conflicto creado por los políticos en torno a los idiomas en la educación. Sin duda alguna es una ingenuidad pensar que dicho modelo trilingüe ayudará a mejorar la calidad de nuestra maltrecha educación. Para empezar, ni siquiera después de transcurridas dos décadas de las políticas de normalización lingüística de Fraga Iribarne, nuestros escolares saben manejar con soltura y de forma correcta las dos lenguas cooficiales de la Comunidad. Que nadie espere que sepan darle uso adecuado a la lengua de Shakespeare, si ni tan siquiera lo hacen con la de Cervantes y la de Rosalía.

Por otro lado el susodicho decreto no garantiza de ningún modo el derecho a los padres a elegir el idioma en que sus hijos serán educados. Personalmente considero que el decreto no hace más que añadir una dosis adicional de confusión al ya de por si caótico estado de la enseñanza gallega. ¿Alguien se imagina que los centros privados, concertados y públicos cumplirán con el deber de impartir un 33% de materias en inglés y otro tanto en gallego y castellano? Por eso mismo el decreto está condenado al fracaso, de igual forma que contribuirá al empeoramiento de la calidad de la enseñanza, limitará drásticamente el derecho de los padres a elegir el idioma en el cual se formarán y educarán sus hijos y lo peor de todo es que no contentará las aspiraciones de nadie.

Para evitar males mayores de los que sufrimos abogo por la plena libertad educativa, reduciendo de forma paulatina las intervenciones de los gobiernos central y regional en este punto. Idealmente planteo la posibilidad de abolir la competencia del estado central en materia educativa, también la de las comunidades autónomas, dejando en último caso dicha potestad en manos de los entes locales. Del mismo modo me opongo a la existencia de un deber del ciudadano de conocer bien alguna o las dos lenguas cooficiales. Sé que a los que apoyen el decreto y a los que se opongan al mismo por entender que pone en una paupérrima situación al idioma gallego no les gustarán estas medidas. Sin duda les pido que reflexionen; ¿Contribuirá la providencial mano del estado a solucionar el problema que se le antoja a cuatro chauvinistas quemabanderas? ¿O será la responsabilidad de cada padre respecto de sus hijos en pro de una mejor educación, más libre, más universal, más equitativa, y a fin de cuentas, más humana?

PI I MARGALL SOBRE LA GUERRA HISPANO-AMERICANA

2010-01-15T21:46:00.003+01:00

Genial artículo de Francisco Pi i Margall oponiéndose a la guerra declarada el 25 de abril de 1898 entre el Reino de España y los Estados Unidos de América. Dicha guerra, que sería la continuación de la guerra cubana iniciada en 1895 con el Grito de Baire, supuso la liquidación del remanente de las posesiones de ultramar que por aquel entonces España mantenía en el Caribe -Cuba, Puerto Rico- y el Pacífico -Filipinas, Guam; cedidas a los useños, y las Marianas, las Carolinas y el archipiélago de Palau; vendidas al Imperio Alemán en 1899-. La nación perdió influencia internacional, pasando a ser una potencia menor con un teatro colonial reducido exclusivamente al norte de África y el Golfo de Guinea, la marina de guerra, fruto de un ambicioso programa de expansión naval de la época isabelina, fue reducida a la nada, el comercio exterior, fuertemente protegido con aranceles por Cánovas del Castillo, entró en crisis una vez perdidos los recursos y las divisas procedentes de los territorios ultramarinos. La guerra del 98, como fue conocida, contribuyó al nacimiento de esa ilustre generación de literatos regeneracionistas y marcó de forma indeleble en las páginas de nuestra historia los nombres de lugares tan tristemente recordados como Cavite, Santiago de Cuba, las Colinas de San Juan, Baler o El Caney.

Otros, aun entre los republicanos, han cubierto de infamia a nuestros enemigos; no nosotros, que hemos visto siempre en aquella República la cuna de la democracia. En 1776, trece años antes de la Revolución francesa, había hecho Virginia en Williamburgo la declaración de los derechos que se ha mirado después como las tablas de la Nueva Ley.

Contra la guerra con los Estados Unidos

Por Francisco Pi i Margall

Publicado en el semanario El Nuevo Régimen el 14 de Mayo de 1898

"CLINTON NO ERA TAN MALO"

2010-01-12T22:21:00.007+01:00

David Boaz, vicepresidente del Cato Institute, comienza hablando de la etapa de Clinton al frente de la presidencia de los Estados Unidos como "una especie de Edad de Oro". Expone Boaz que el período de Clinton en la Casa Blanca se tradujo en numerosos avances en materia de contención del gasto público federal, la eliminación de barreras al comercio exterior, la desregulación de mercados como el bancario o el de las telecomunicaciones o una tibia disminución del peso del welfare state -dice Boaz que existen indicios de que Clinton planeó una privatización parcial de la Seguridad Social antes de que el famoso escándalo Lewinsky saltase a la luz pública-. Además el denominado como divided government -la cohabitación de un presidente de determinado partido con un congreso dominado por la oposición- es el sistema capaz de poner freno a un programa de gobierno inicialmente demasiado ambicioso. Tal y como apunta Boaz, tras la pérdida de la mayoría demócrata sobre las cámaras legislativas, a Clinton no le quedó más remedio que proclamar "el fin de la era del gran gobierno". Todo lo contrario ocurre con Obama, a quien la hegemonía de su partido tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado le supone el indudable beneficio de aplicar sus políticas sin grandes sobresaltos, con la vista puesta en un mayor dirigismo gubernamental -"Government must lead the way", en palabras de Obama-. En suma, finaliza el autor;

Come back, Bill, all is forgiven. Or most, anyway. As long as you bring a Republican Congress with you.

We Miss You, Bubba

por David Boaz

ONE BIG AWFUL MISTAKE AMERICA

2010-01-08T01:12:00.001+01:00

Benjamin Franklin, político, hombre de ciencia, inventor de numerosos ingenios que hoy día nos resultan de lo más corriente y uno de los Padres Fundadores de la República, dijo en cierta ocasión que "la democracia son dos lobos y un cordero votando sobre que se va a comer". Ciertamente al bueno de Franklin no le faltaba razón al pronunciar esas palabras, aunque dichas en el contexto actual serían calificadas como propias de la "ultraderecha". En España sabemos muy bien como una mayoría equivocada de ciudadanos puede condicionar la mejor o peor economía de todo el conjunto de la nación, ahí tenemos al premier Zapatero, que muchos se empeñan en poner en un pedestal que esté a la altura de Barack Obama. Aunque Obama tenga una mejor planta intelectual y moral que la que tiene el leonés, los perfiles se asemejan por la demagogia y el populismo que ambos han empleado para malvender a la opinión pública un mal programa electoral como si se tratase de una pócima milagrosa.

Desde aquel magnífico presidente llamado Ronald Reagan que volviendo al espíritu de los Padres Fundadores logró sacar al país de la desidia en que Jimmy Carter había instalado a los Estados Unidos de América allá por la segunda mitad de la década de 1970, no ha habido ningún presidente que haya reunido grandes cualidades dignas de mención. Con G. W. Bush en el Despacho Oval la República tocó fondo. Obama se presentó a la elección general como un hombre dotado del don de poder ofrecer soluciones al alcance de todos, revestido de un aura mesiánica que inspiraba ilusión. He de reconocer que el mayor valor de Obama es su carisma, ese toque de superhéroe obstinado objeto de deseo de las volubles masas, algo de lo que su rivales directos -Clinton, Edwards en las primarias y el malparado McCain en las generales- carecían. Sin embargo transcurridos casi doce meses desde su acceso a la Casa Blanca, Obama se ha revelado como una gran decepción, un vendedor de humo más preocupado de las buenas intenciones que de la solución a los problemas, empeñado en ofrecer a la población los efectos inmediatos y superficiales de una política económica oportunista, al tiempo que pervierte el alma de una nación concebida en libertad.

Para los que pensaban que el mandato de Obama sería un antes y un después en la historia de los Estados Unidos, el plan estímulo, el gobierno rescatador de bancos y empresas automovilísticas, la socialización de la medicina o el envío de 20.000 militares al teatro de operaciones en Afganistán -movilización que paradójicamente ordena el premio nobel de la Paz 2009- demuestran que el giro copernicano respecto de la etapa Bush era un mero espejismo.

Los 10 desastres de la Administración Obama (2009)

Subvenciones para la compra de vehículos
Escalada bélica en Afganistán
Reforma sanitaria para extender la cobertura médica
Grandes pérdidas del Servicio de Correos
Plan Estímulo
Expansión de la doctrina de los "secretos de estado", recorte de derechos civiles en aras de la seguridad nacional
Elevado aumento del desempleo
Timothy Franz Geithner, el rescatador, nuevo Secretario del Tesoro
Gasto público federal disparado
Inmenso déficit federal

Ahora compárese con su antecesor;

Los diez mayores desastres de las Administración Bush (2001-2008)

Ayudas al sector automovilístico
Guerra en Iraq
Extensión desmedida de la cobertura sanitaria a mayores -programa Medicare- sufragada por el gobierno
Pérdidas del Servicio de Correos
Incentivos para estimular ciertos sectores económicos
Patriot Act
Gran incremento del desempleo
Henry Paulson, otro rescatador, al frente de la secretaría del Tesoro
Gasto público federal disparado
Elevado déficit federal

Como se puede comprobar, poco o nada ha cambiado respecto de las medidas tomadas por Bush en su mandato presidencial. Intervención estatal en empresas y bancos, gasto público galopante, enormes masas de población desempleadas, brutal endeudamiento y todo ello con el país metido en dos guerras que distan mucho de estar a punto de concluir.
O. B. A. M. A.: One Big Awful Mistake America.

IDOLATRÍA DE LA DESCENTRALIZACIÓN

2010-01-04T12:25:00.007+01:00

Marruecos camino de la descentralización de sus provincias

Esta regionalización será el preludio a una nueva dinámica de reforma institucional profunda y una confirmación democrática de la singularidad del reino alauí - Mohamed VI de Marruecos.

Hasta una autocracia revestida de una fachada democrática estudia desparramar el poder público creando provincias autónomas. Y mientras en España los adalides del centralismo, los amigos del estado, haciendo apología de una Administración pública fuerte, intervencionista y concentrada.

Ramón Parada Vázquez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, jacobino, estatista, eurófilo e idólatra de la centralización;

Vivimos en una época de idolatría de la descentralización.
Las administraciones que antes estaban unidas por el centralismo, se van dispersando, se van alejando unas de otras, sin lazos de superioridad unas de otras, lo cual crea un sistema muy complejo para gobernar.
Yo soy afrancesado, como siguiente creo en el centralismo, ojalá Europa estuviera ya fuertemente centralizada

Sin duda hoy día algunos ponen por modelo a la República francesa, paradigma del centralismo en Europa, tótem y fetiche de estos adoradores de la elefantiásica y fatal arrogante burocracia que padecemos en nuestra patria, aún cuando en Francia llevan años con la vista puesta en la regionalización del país y la descentralización de su agarrotada administración pública. Lo mismo ocurre en Italia o en nuestro hermano y vecino Portugal, donde se discute una segunda descentralización de tipo político que reste poder al gobierno de Lisboa y genere dinamismo en las debilitadas administraciones locales.

AMISTADES PELIGROSAS

2010-01-01T19:19:00.012+01:00

Si hay cosa más irritante en política que los reduccionismos acompañados de estereotipos, la desconozco. Bueno, que las habrá, y mucho peores. El caso es que personalmente no deja de sentirme peor que una patada al diccionario el reduccionismo izquierda-derecha que se ha generalizado entre la opinión pública y la clase política española, con la inestimable ayuda de los medios de información afines a uno u otro partido. Y por si no fuera ya sangrante el que te cuelguen la etiqueta de progre o rojo, facha o carca, tenemos un variado catálogo de estereotipos como guarnición. Por increíble que suene hay alternativas a la derecha y a la izquierda, al PP o al PSOE.

Sin embargo los que nos consideramos liberales -old whigs en términos clásicos, libertarians en el lenguaje actual- ya partimos de la base de que por alguna u otra razón estamos en tierra de nadie. Por la izquierda se nos acusa de favorecer a los ricos, a los poderosos, de privatizar y de querer acabar con todo lo que huela a educación pública, Seguridad Social o redistribución de la riqueza. En la derecha somos los parias, partidarios de dar al traste con la herencia espiritual y la reserva moral del mundo occidental, condescendientes con la homosexualidad o la inmigración, indiferentes en cuanto al "colapso nacional" por culpa de ese diablo que es nuestro sistema territorial. Enemigos de la libertad los hay a ambos flancos, razón por la cual los liberales no nos debemos de aliar con aquellos que, utilizando el estado o la moral, en aras del progreso o de la tradición, pretenden convertir a sus compatriotas en un rebaño de borregos encerrados dentro de un corral cada vez más axfisiante.

Especial crítica merece la tradicional alianza ideológica y política entre liberales y conservadores. Es una alianza contraria a los principios del liberalismo, en primer lugar por que a la inversa de lo que pueda parecer el conservadurismo no es una ideología afín a la defensa del libre cambio. En este sentido, Friedrich A. von Hayek nos mostró en el epílogo ¿Por que no soy conservador? los camaleónicos principios de los conservadores en función del sector económico que examinemos. De esta forma Hayek explica de forma clara y concisa actitudes como la de hace unos días, cuando Rajoy salió, racimo de tomates en mano, defendiendo los intereses del sector agrario español frente a los de sus competidores norteafricanos;

La esfera económica nos sirve para constatar como la oposición conservadora al exceso de poder estatal no obedece a consideraciones de principio, sino que es pura reacción contra determinados objetivos que ciertos gobiernos pueden perseguir. Los conservadores rechazan, por lo general, las medidas socializantes y dirigistas cuando del terreno industrial se trata, postura ésta a la que se suma el liberal. Ello no impide que al propio tiempo suelan ser proteccionistas en los sectores agrarios. Si bien la mayor parte del dirigismo que hoy domina en la industria y el comercio es fruto del esfuerzo socialista, no es menos cierto que las medidas restrictivas en el mercado agrario fueron, por lo general, obra de conservadores que las implantaron aún antes de imponerse las primeras. Es más: muchos políticos conservadores no se mostraron inferiores a los socialistas en sus esfuerzos por desacreditar la libre empresa.

La incompatibilidad entre liberalismo y conservadurismo llega hasta lo político y social. En cuestión de derechos civiles y libertades individuales es donde más se acentúa el descrédito de ese rare animal que son los denominados como "liberales conservadores", una suerte de combinación de la defensa del libre cambio con el conservatismo político y social. La defensa que los conservadores españoles hacen de una mayor centralización política y jurídica de entes subestatales como la región o el municipio hacia el estado, y de éste hacia institutiones supranacionales con aspiraciones y objetivos tan ambiguos como los de la Unión Europea, es costumbre particular de este país, hecho que contraviene las convenciones conservadoras existentes en Europa o en Norteamérica. La apuesta por una decidida intervención y un fuerte control gubernamental sobre la inmigración o las drogas, de igual forma que la negativa de otorgar un reconocimiento jurídico a la homosexualidad o de ser permisible con una práctica a veces necesaria como el aborto, ponen al descubierto la obsesión enfermiza que los conservadores focalizan hacia todo aquello que no se ajusta al patrón moral tradicional o el orden social establecido. El sentimiento nacionalista es una constante en el conservadurismo, que en España se identifica con lo castizo, el uniformismo de la nación y la monarquía.

¿Por qué es un peligro esta alianza entre conservadores y liberales? Principalmente por que supone un descrédito hacia los principios liberales y hacia las medidas que pretendemos exponer y aplicar. De igual modo, en los partidos políticos de masas, formados por concentración de partidos de ideologías tan dispares como el liberalismo -en todos sus formatos-, el conservadurismo y todas sus subespecies o el radicalismo, los principios se diluyen por el afán demagógico y populista inherente a todo régimen democrático. Con lo cual al final no quedan ya principios que defender de manera coherente, razón por la cual surgen partidos como el Partido Popular, con origen en un partido minoritario de poso ideológico identificable que fagocita a partidos más pequeños, cada uno con su ideología y su programa político particular. Es el destino que corrió el Partido Liberal de Enrique Larroque o la Unión Liberal de Pedro Schwartz -en la cual se inició Esperanza Aguirre-, formaciones que acabaron engullidas por la Alianza Popular de Fraga.

Las amistades en la política son terreno de arenas movedizas. Así le ocurrió a Ron Paul, a quien sus escarceos con la derecha paleoconservadora americana -Pat Buchanan, Thomas Woods y especialmente Lew Rockwell- le han salido bastante caros de cara a la galería en general y a su nutrido grupo de admiradores. Ahí tenemos, sin ir más lejos, el escándalo de las cartas homófobas y racistas. Como dice el autor del artículo enlazado, David Boaz -vicepresidente de Cato Institute-; "los liberales -libertarians- debemos dejar claro que la gente que escribió esas cartas no son nuestros camaradas, ni de nuestro movimiento, ni tampoco de la tradición de John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill, William Lloyd Garrison, Frederick Douglass, Ludwig von Mises, F. A. Hayek, Ayn Rand, Milton Friedman, y Robert Nozick. Que la vergüenza caiga sobre ellos". Amén a eso.

PROSIT NEUJAHR!

2009-12-31T13:53:00.006+01:00

Final del tradicional concierto de Año Nuevo de 1987, amenizado por la Filarmónica de Viena bajo la batuta del gran Herbert von Karajan para mayor júbilo del respetable que abarrota la Salonorchester Alt Wien. Como es costumbre, el cierre es ejecutado con los primeros acordes de la Marcha Radetzsky, obra del ilustre compositor vienés Johann Strauss I, con la inestimable contribución del público que animado por el director de orquesta arranca en aplausos siguiendo el compás de la marcha.

¡Feliz Año Nuevo! Prosit Neujahr!

JEFFERSON VS. HAMILTON

2009-12-29T17:02:00.008+01:00

Desde hace un par de días contemplo algo asustado y asombrado como alguno que otro hace una defensa airada de Alexander Hamilton, político americano de finales del XVIII y uno de los autores -junto a James Madison y John Jay- de El Federalista, reinvidicando dicha figura y sus planteamientos como acordes al liberalismo clásico, al tiempo que lanza una serie de críticas contra Thomas Jefferson -unos de los Founding Fathers de los Estados Unidos de América-, al que califica como (cito textualmente) "campesino agrario y pijo esclavista, filo-revolucionario afrancesado". Sin duda una crítica un tanto injusta -a la par que simplista- de un hombre con una personalidad tan compleja y una carrera tan prolífica. Entregado a la política, la economía, la arquitectura o la ingeniería agraria, el Jefferson que redactó la Declaración de Independencia es un hombre inteligente, polifacético, capacitado para negocios de todo tipo y sobre todo dotado de un incuestionable liderazgo político. Sólo alguien como él ha sido quien de influir los pasos de movimientos tan dispares como los conservadores sureños (a.k.a States'Rights, Dixiecrats, Jeffersonian Democrats) o la Jefferson School of Social Science -la teoría marxista revolucionaria-.

Como puede el lector observar, la persona de Thomas Jefferson constituye por su complicación en vida una suerte de puzzle nada fácil de encajar. Si a ello le sumamos su variada obra científica y su papel principal en los primeros años de la naciente República americana, es comprensible que su legado pueda ser reinvindicado por tantas ideologías opuestas entre sí -de igual forma que le sucede a Pi i Margall-. Para sus detractores Jefferson fue un simple escritor de tres al cuarto, un charlatán más interesado en la teoría que en la praxis. Por el contrario, Hamilton es para muchos el hombre de acción, pragmático y constructivo, capaz de articular la Administración central, instituir la deuda nacional u organizar el Primer Banco Nacional. Sin embargo lo verdaderamente extraordinario de las ideas jeffersonianas es que después de haber sido formuladas hace más de dos siglos siguen gozando de una amplia vigencia y aceptación. Como diría el padre de la Escuela Austríaca, Murray Newton Rothbard -traducción propia de "Jefferson's Philosophy", en la publicación Faith & Liberty (1951)-; "es absurdo decir que las medidas financieras de Hamilton fueron en comparación tan importantes como lo fueron la Declaración de Independencia o las Resoluciones de Virginia y de Kentucky".

La verdadera importancia y significación del gran debate entre jeffersonianos y hamiltonianos estriba en el contraste entre los principios políticos que defendían cada uno. La filosofía política jeffersoniana y su concepto de estado pueden ser condensados, parafraseando a Henry Louis Mencken, en el aforismo: "un gobierno que apenas sí es un gobierno". Bajo la filosofía jeffersoniana yace la teoría constractualista que John Locke plasmó en su Segundo Tratado sobre el gobierno civil, pues Jefferson toma ineludiblemente el testigo del filósofo empirista al decir que el hombre es agraciado por Dios con ciertos derechos naturales -que son concedidos a todos y a cada uno de los individuos, no a los reyes, ni a la nobleza ni tampoco a los gobernantes- y que la seguridad de tales derechos es garantizada por un gobierno constituido por y sobre los hombres, derivándose sus poderes justos y necesarios del consentimiento de los gobernados. Para Jefferson la legitimidad del poder reside en el consentimiento popular, con lo cual en caso de que el gobierno se vuelva peligroso y destructivo para la consecución de sus fines, el pueblo tiene el derecho de cambiar o abolir el gobierno, dándole la forma que mejor acuerde. Por el sentido de sus planteamientos políticos, Jefferson es visto con cierta simpatía por anarquistas de la talla de Murray N. Rothbard o Benjamin Tucker; que llegó a escribir en Socialismo de Estado y anarquismo: en qué coinciden y en qué difieren que "los anarquistas son, simplemente, demócratas jeffersonianos hasta las últimas consecuencias y sin miedo de éstas".

La defensa de los derechos naturales que hace Jefferson tanto en sus obras de divulgación científica como en su carrera política -fue el 3er Presidente de los Estados Unidos y el 2º Vicepresidente-, comienza por el primer derecho fundamental, el de la vida, que se basa en la legitimidad moral que tiene cada individuo para preservar su vida sin la intervención coercitiva de terceros -lo cual está en completa sintonía con el axioma de no agresión-. Como derechos derivados de la propia existencia, Jefferson contempla el derecho a la libertad de trabajo, de industria y de comercio, el derecho a la propiedad y finalmente el derecho a la "persecución de la felicidad". Cualquier extralimitación por parte del gobierno sobre estos derechos le convertirá en "el mayor tirano y ladrón de todos", con lo cual los ciudadanos deberán ejercer su "derecho natural a la autodefensa; la defensa de la propia vida, la libertad y la propiedad de cualquier ataque invasivo". Al gozar el gobierno del virtual monopolio de la fuerza, su potencialidad para hacer el mal se potencia más que el de cualquier otra institución, razón por la cual los individuos han de mantener al gobierno limitado y descentralizado, pequeño y local.

En materia de las relaciones de la República con el concierto de las demás naciones la postura jeffersoniana se basa en la idea de que ningún gobierno ha sido provisto para, ejerciendo el uso de la fuerza, rehacer el mundo a imagen y semejanza de su propia nación. La idea de jefferson se basa en una coexistencia pacífica entre las naciones, la cual se contrapone a la política imperialista que en la época practicaba la Gran Bretaña. In substantiam, la política exterior que Jefferson practicó durante su mandato presidencial se puede resumir en su célebre frase: "paz, comercio y honesta amistad con todas las naciones, entablando alianzas con ninguna".

En el ámbito económico, en contra de los argumentos esgrimidos por muchos de sus detractores que lo señalan como un anticapitalista, Jefferson se muestra favorable al libre cambio y a la libertad de empresa, negando la intervención gubernamental en aras de la regulación de los mercados y la concesión de monopolios. En cambio, en sus escritos sobre la moneda, los bancos y los ciclos económicos muestra su rechazo al papel moneda y a la organización de un banco central. Como otros muchos autores han señalado, las teorías económicas jeffersonianas no son anticapitalistas, en cualquier caso son el reflejo de una preferencia personal de la tranquilidad y la sencillez del campo sobre la actividad frenética y la vida moderna de las ciudades.

Hamilton, personaje antitético de la figura de Thomas Jefferson, personalista, proclive al enfrentamiento dialéctico y a las veleidades fruto de sus rivalidades políticas, muerto por las heridas causadas por arma de fuego a manos del vicepresidente Aaron Burr durante un duelo, fundador y presidente del Partido Federalista, dentro del cual se enfrentó al moderado James Madison, árbitro en el conflicto de aquél con Jefferson y los antifederalistas, fue sin duda uno de los principales ideólogos y promotores del proceso federalista que culminó en la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de América el 17 de Septiembre de 1787, fruto del esfuerzo conciliador entre las distintas facciones hecho por James Madison, 4º presidente americano. Hamilton puede ser definido, ante todo, como un estatista, entusiasta de la mayor acumulación de competencias en manos del gobierno federal, partidario de una hábil política internacional de signo imperialista entablando alianza con el Reino Unido, favorable a un elevado presupuesto militar, organizador del Primer Banco Nacional, defensor de los aranceles a las importaciones y de un feroz proteccionismo económico, así como del endeudamiento federal, impulsor de un programa de cuantiosos impuestos federales directos y gran valedor de los grandes proyectos federales de obras públicas. Por si no bastara, Hamilton y sus elevados gravámenes sobre bebidas alcohólicas de cierta graduación fueron los causantes de la conocido como Rebelión del Whiskey de 1794.

El debate pues, se presenta mucho más substancial de lo que aparentemente pueda parecer. Rothbard -con cuyos puntos de vista difícilmente suelo estar de acuerdo- señala acertadamente que "la importancia de la confrontación entre Jefferson y Hamilton ha sido desafortunadamente oscurecida. Es una contienda que, de una u otra forma, ha marcado a la nación desde sus comienzos. Hamilton y los Federalistas creían en la constante expansión del poder del gobierno federal, en una miríada de regulaciones gubernamentales, controles, y especiales privilegios en lo económico, el colapso de los Estados, y la limitación de los derechos del individuo. Su ideal era el modelo británico, un rey poderoso dominando el país en aras del bienestar general, truncada la adopción del monarca, un presidente fuerte que actúe como un déspota benevolente. En política exterior, los Federalistas vieron al Imperio Británico como amigo y aliado. El federalismo hamiltoniano fue, en el sentido más profundo, antiamericano; representaba un golpe de timón intencionado hacia el modelo imperialista británico, una perpetuación del típico sistema europeo con un gobierno central poderoso y una economía planificada semisocialista" (extracto de "Jefferson's Philosophy", en el Faith & Liberty de marzo de 1951. Traducción propia).

Hoy por hoy, lo liberal es decantarse por Jefferson y por la Constitución de 1787, fruto de la diplomacia desplegada por un comprometido James Madison que fue capaz de desterrar los extremismos, condenar los excesos y tender un fino cordón umbilical entre los Antifederalistas jeffersonianos y los Federalistas hamiltonianos.

ESPAÑA Y EL ABSOLUTISMO

2009-12-24T18:16:00.011+01:00

Se hace difícil hablar de absolutismo en la historia española a no ser que nos adelantemos en la línea temporal hasta bien entrado el siglo XVIII, coincidiendo con el momento del reinado de Carlos III de Borbón y el surgimiento de esa corriente filosófica ilustrada que en España se conoce bajo la denominación de «despotismo ilustrado», y que tuvo como principal figura al Conde de Floridablanca. Con el punto de partida en la unión de las Coronas de Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos, y la posterior anexión militar de Navarra siendo monarca Fernando -V de Castilla y II de Aragón- se amplían las prerrogativas del poder real, que por esta época ya marca una acusada tendencia autoritaria, impronta de las políticas de Isabel I (de Castilla). Sin embargo el autoritarismo de los Reyes Católicos y de quienes los sucederan en el trono no aspira, prima facie, tumbar el peculiarismo de la Monarquía, a saber, el orden político y jurídico particular de cada territorio, aún cuando dichos poderes se presenten en constante pugna con la figura del monarca.

Por ello, y por el matiz que impone la existencia de un reino, el de Portugal, que pese a ser independiente de las Coronas castellana y aragonesa, se venía considerando a sí mismo como español, los monarcas hispánicos no se titularán «reyes de España», si no como reyes y señores de los dominios que forman parte del conjunto de la Monarquía. El gobierno común del monarca para todos los territorios, y el carácter pluralista de la Monarquía ocasionan la debilitación de las Coronas y, al contrario, el fortalecimiento de las entidades menores, como los reinos. Así mismo, el monarca, cuyo título variará en función de la naturaleza jurídica de cada territorio, será la autoridad suprema pero estará imposibilitado para gobernar de forma homogénea sobre todos los territorios, ya que el poder regio se ejercerá con mayor o menor intensidad y extensión dependiendo del lugar. Por poner un ejemplo concreto, al rey le será más fácil imponer su criterio en Castilla -corona de reino unidos; mismas instituciones administrativas, mismas Cortes y mismo derecho- que en Aragón, donde existía una estructura política, administrativa y jurídica separada para cada territorio -que se mantendrá hasta la derrota austracista y la imposición de los Decretos de Nueva Planta en 1715-. Por esta razón el ejemplo aragonés e incluso el modelo de la Monarquía han sido puesto en comparación con la Commonwealth y con el propio Reino Unido; hecha la salvedad del desfase histórico-temporal.

No son difíciles de adivinar los motivos que esgrimieron los promotores del absolutismo regio para acabar con el pluralismo político y jurídico que actuaba como contrapeso de las pretensiones uniformistas de los reyes. Con fecha en 1624, el Conde Duque de Olivares presenta a Felipe IV el famoso Gran Memorial en el cual el hábil valido que solicita al rey que se imponga el título de Rey de España con todos los efectos que ello supone;

Tenga V. Majestad por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey de España; quiero decir, señor, que no se contente V. Majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, si no que que trabaje y piense, con consejo maduro y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si V. Majestad lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo.

Lo que el Conde Duque pretendió, y que fue llevado hasta las últimas consecuencias en 1715, con la implantación del esquema político-jurídico castellano a los territorios aragoneses, y en 1876, con la supresión parcial de los fueros vasco-navarros al término de la III Guerra Carlista, es lo que viene conociendo como la castellanización de España, o por ser más explícitos, la reducción del heterogéneo orden jurídico, administrativo y político de la Monarquía al propio de Castilla. Olivares no buscaba tal fin bajo un afán simplemente centralizador o un acentuado sentimiento nacionalista, pues como él mismo decía; «no soy nacional, que es cosa de muchachos». En todo caso, a Olivares habrá que achacarle el ser un fiel y devoto estadista al servicio de su rey.

En conclusión, el absolutismo no triunfó de forma tan rotunda en España, al contrario de lo que ocurrió en otros países, por el mero hecho de la existencia de poderes por debajo de la estructura estatal. En ese sentido es válido afirmar que el modelo político y jurídico de la España de los Austrias actuó como cortapisa a las pretensiones regias de establecer un poder omnímodo, como demuestra el hecho de que hasta finales del XIX, y hecha la matización de los fueros de Vascongadas y Navarra que todavía hoy se mantienen, no se logró al completo el uniformismo político y jurídico de la nación entera.

Nación y "nacionalidades"

2009-12-17T20:13:00.000+01:00

Lúcida opinión de Julián Marías sobre el modelo territorial que cristalizaría en el Título VIII de la presente Constitución en el tiempo en el cual el reinado del reformista Juan Carlos I y la joven democracia española echaban a andar.

Nación y "nacionalidades" - Publicado en el diario El País en 15 de enero de 1978.

España ha sido la primera nación que ha existido, en el sentido moderno de esta palabra; ha sido la creadora de esta nueva forma de comunidad humana y de estructura política, hace un poco más de quinientos años -si se quiere dar una fecha representativa, sería 1474- Antes no había habido naciones: ni en la Antigüedad, ni en la Edad Media habían existido; ni fuera de Europa. Ciudades, imperios, reinos, condados, señoríos, califatos; naciones, no. Poco después de que España llegara a serlo, lo fueron Portugal, Francia, Inglaterra; con España, la primera promoción más adelante, Holanda, Suecia, Prusia; en un sentido peculiar, Austria, y desde fines del siglo XVII empieza a germinar algo así como una nación dentro de Rusia. Italia y Alemania no llegan a ser naciones hasta hace un siglo (aunque se sentían ya así, social si no políticamente, mucho antes, y verdaderamente lo eran). Políticamente, las expresiones Monarquía española y Nación española han precedido largamente a España. El Tesoro de la lengua castellana o española, de Sebastián de Covarrubias (1611), da esta definición: «NACION. Del nombre latino natio, is, vale reyno o provincia estendida, como la nación española.» Ricardo de la Cierva, en un artículo impecable, acaba de recordar lo que ha sido siempre, cuantitativamente incluso, el uso constitucional de las expresiones «Nación» y «Nación española».

Hasta hace unos días, el anteproyecto de Constitución recién elaborado arroja por la borda, sin pestañear, la denominación cinco veces centenaria de nuestro país. Me pregunto hasta dónde puede llegar la soberbia -o la inconsciencia- de un pequeño grupo de hombres, que se atreven, por sí y ante sí, a romper la tradición política y el uso lingüístico de su pueblo, mantenido durante generaciones y generaciones, a través de diversos regímenes y formas de gobierno.

En la época en que el nombre «nación» se usa abusivamente -Naciones Unidas- por todos los países que son o se creen soberanos, desde los más grandes hasta los que apenas se encuentran en el mapa, con estructuras sociales y políticas que nada tienen que ver con la de la nación, resulta que la más vieja nación del mundo parece dispuesta a dejar de llamarse -y entenderse así. El anteproyecto recurre a cualquier arbitrio imaginable con tal de escamotear el nombre «nación»: «sociedad», «pueblo», «pueblos» y, sobre todo, «Estado español» -la denominación que puso en circulación el franquismo por no saber bien cómo llamarse, que ha ocupado tantos años los membretes de los impresos oficiales- Pero ocurre que estos conceptos no son sinónimos; y usarlos como si lo fueran significa una falta de claridad sobre las realidades colectivas, disculpable en la mayoría de los hombres, pero no en los autores de una Constitución.

Ahora que la Iglesia -sabiamente- ha añadido a los pecados de pensamiento, palabra y obra los de omisión, la de la palabra Nación en el texto constitucional propuesto resulta difícilmente perdonable. En él, en efecto, nunca se dice que España es una nación, lo cual equivale a decir que España no es una nación, ya que en ese texto era necesario decirlo. Me gustaría computar -en caliente, directamente- lo que de ello piensan los españoles, si se dan cuenta de lo que se intenta hacer con su país, es decir, con ellos (y con sus descendientes).

Pero no es esto sólo. La idea nacional se cuela en el anteproyecto, como de pasada, en el artículo dos, que dice así: «La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.» Yo no sé qué quiere decir que la Constitución «se fundamenta en la unidad de España»; entendería que la reconozca o la afirme o la proclame; pero esto no es demasiado grave. Sí lo es que el texto diga que integran España «nacionalidades y regiones». Explicaré por qué me parece así.

Esta Constitución, tan enemiga de toda discriminación, la practica aquí en las más serias cuestiones. Según ella, hay en España dos realidades distintas, a saber, «nacionalidades» y «regiones». En una Constitución, habría que decir cuáles son -y me gustaría saber quién se atreve a hacerlo, y con qué autoridad-. Pero lo más importante es que no hay nacionalidades –ni en España ni en parte alguna-, porque «nacionalidad» no es el nombre de ninguna unidad social ni política, sino un nombre abstracto, que significa una propiedad, afección o condición. El Diccionario de Autoridades (1734) dice: «NACIONALIDAD. Afección particular de alguna nación,. o propiedad de ella.» Y la última edición (1970) del Diccionario de la Academia la define así: «Condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación. 2. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación.»

Es decir, España no es una «nacionalidad», sino una nación. Los españoles tenemos «nacionalidad española»; existe la «nación España», pero no la «nacionalidad España» -ni ninguna otra-. Con la palabra «nacionalidad», en el uso de algunos políticos y periodistas en los últimos cuatro o cinco años, se quiere designar algo así como una «subnación»; pero esto no lo ha significado nunca esa palabra en nuestra lengua. El artículo del anteproyecto no sólo viola la realidad, sino el uso lingüístico.

Algunos defensores de esa acepción espúrea de la palabra «nacionalidad» invocan el precedente del famoso libro Las nacionalidades, publicado hace poco más de un siglo por D.Francisco Pi y Margall, catalán, republicano federal, uno de los presidentes del poder ejecutivo de la efímera I República Española (febrero de 1873 a enero de 1874). Ahora bien, al invocar ese libro demuestran no haberlo leído. Porque Pi y Margall no llamó nunca «nacionalidades» a ningún tipo de unidades político-sociales, ya que sabía muy bien la lengua española en que escribía –en que escribió tan copiosamente- Las «nacionalidades» de que habla son, no Francia, España, Alemania, Suiza o Estados Unidos, sino la nacionalidad francesa, la española, la alemana, la suiza, la norteamericana, etcétera. Usa la expresión en el sentido en que -todo el siglo XIX habló del «principio de las nacionalidades». A las naciones, Pi y Margall las llamaba «naciones»; y a lo que solemos llamar «regiones», casi siempre las denominaba con la vieja palabra romana, de amplísima significación, «provincias». Lo que pasa es que resulta más cómodo leer títulos que libros, y los antiguos, ni siquiera solían tener las socorridas solapas que tantas veces simulan un conocimiento inexistente.

Al hablar -con entusiasmo- del principio federalista, que Pi y Margall pretendía aplicar a todos los niveles, desde el municipio hasta Europa, escribe, por ejemplo: «Yerra el que crea que por esto se hayan de disolver las actuales naciones. ¿Qué había de importar que aquí, en España, recobraran su autonomía Cataluña, Aragón, Valencia y Murcia, las dos Andalucías, Extremadura, Galicia, León, Asturias, las Provincias Vascongadas, Navarra, las dos Castillas, las islas Canarias, las de Cuba y Puerto-Rico, si entonces como ahora había de unirlas un poder central, armado de la fuerza necesaria para defender contra propios y extraños la integridad del territorio, sostener el orden cuando no bastasen a tanto los nuevos Estados, decidir las cuestiones que entre éstos surgiesen y garantizar la libertad de los individuos? La nación continuaría siendo la misma. Y ¿qué ventajas no resultarían del cambio? Libre el poder central de toda intervención en la vida interior de las provincias y los municipios, podría seguir más atentamente la política de los demás pueblos y desarrollar con más acierto la propia, sentir mejor la nación y darle mejores condiciones de vida, organizar con más economía los servicios y desarrollar los grandes intereses de la navegación y el comercio; libres por su parte las provincias de la sombra y tutela del Estado, procurarían el rápido desenvolvimiento de todos sus gérmenes de prosperidad y de riqueza: la agricultura, la industria, el cambio, la propiedad, el trabajo, la enseñanza, la moralidad, la justicia. En las naciones federalmente constituidas, la ciudad es tan libre dentro de la provincia como la provincia dentro del cuerpo general de la República.»

Pi y Margall extiende la misma Consideración a otras naciones: «Otro tanto sucedería en Francia si se devolviese a sus provincias la vida de que disfrutaron, y en Italia, si se declarase autónomos sus antiguos reinos y repúblicas, y en la misma Inglaterra, si lo fuesen Escocia e Irlanda... Inglaterra, Italia y Francia seguirían siendo las naciones de ahora.» Pi y Margall habla constantemente de «grandes naciones» y «pequeñas naciones»: ni a unas ni a otras se le pasa por la cabeza llamar «nacionalidades». Y el libro III de Las nacionalidades se titula La Nación española.

¿De dónde viene entonces este uso caprichoso e inaceptable de la palabra «nacionalidad»? Es, simplemente, un anglicismo, de los que tanto gustan los que no tienen mucha familiaridad con la lengua inglesa. Si no me equivoco, procede de John Stuart Mill, que en su tratado sobre Representative Government (1861) usó la palabra nationality en su recta significación y, además, de manera imprecisa, como designación de una comunidad. Mill habla de feeling of nationality (sentimiento de nacionalidad), French nationality (nacionalidad francesa), etcétera. Pero también dice, por ejemplo-, «A portion of mankind may be said to constitute a Nationality if they are united among themselves by common sympathies which do not exist between them and any others, etcétera.» («Puede decirse que constituye una Nacionalidad una porción de humanidad si están unidos entre sí por simpatías comunes que no existen entre ellos y otros cualesquiera, etcétera.»).

Por esta vía -una teoría política inglesa de mediados del siglo XIX- ha entrado en nuestra lengua una moda recentísima, imprecisa, que aparece con alguna frecuencia en nuestros periódicos y en los discursos de algunos políticos que acaso no saben muy bien de qué hablan. Parece demasiado que tan livianos motivos determinen la Constitución de la Nación española, introduzcan una arbitraria desigualdad entre sus miembros y pongan en peligro la articulación inteligente y fecunda de un sistema de autonomías eficaces, fundadas en la realidad, no en oscuros rencores o en la confusión mental.

ROBIN HOOD Y SU BANDA DE ALEGRES MARXISTAS

2009-12-12T22:55:00.003+01:00

Una liberal Lady Marian expone lo absurdo de la política socialista de Robin Hood y sus compinches.

¿REFORMAR LA CONSTITUCIÓN?

2009-12-07T16:07:00.003+01:00

Sin duda que mejor modelo para la reforma de nuestra ley fundamental;

We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. - Preamble to the U.S. Constitution

MÖLLENDORFER PARADEMARSCH Nr. 1

2009-11-01T13:44:00.005+01:00

Interpretada en la NATO Military Tattoo Kaiserslautern 2007, participando las bandas de la Luftwaffe, del Ejército Checo, del Ejército de Rumania, de la Armée de l'Air francesa, del Prinsens Livregiment danés, de la USAF Europe y del Principado de Liechtenstein y con representación de todas las naciones integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

LA URNA DE VOTOS Y EL SUPERMERCADO

2009-10-26T15:40:00.010+01:00

Desde que amanece nos rodea un mar de normas e intervenciones estatales. El agua del embalse local nos es suministrada por una empresa que actúa con una concesión administrativa de tipo monopolística. La leche de granjas gallegas que consumimos en el desayuno está sometida a unas estrictas cuotas de producción, sobre el café colombiano y las bananas centroamericanas que compramos ayer en la tienda de la esquina pesan unas elevadas barreras de entrada en forma de aranceles a las importaciones. Cogemos nuestro coche de fabricación sueca -cuya compra está actualmente subvencionada por el gobierno- y nos dirigimos a la estación de ferrocarril. Compramos un billete para un viaje en tren regional, servicio que nos presta un organismo público en calidad de único operador en el sector -es decir, un monopolio con todas las de la ley-. Tras llegar a nuestro destino, compramos un sabroso bocata de tortilla, producto sobre el cual repercute un impuesto al consumo del 16% del valor total. Como se puede comprobar el gobierno nos aplasta con un tsunami de regulaciones e intervenciones que se extienden desde las cosas más elementales, como la ordenación de la edificación, hasta las más nimias, por ejemplo el cine español subvencionado o el idioma que han de utilizar nuestros hijos en la escuela -pública o privada-.

Habrá quien piense que hay motivos para tolerar un gobierno tan paternalista, o quien entienda que tanto micromanagement estatal se justifica en el interés general, el bien común o el progreso nacional. Algunos entendemos que el dominio de la mayoría, el mandato popular, la voluntad nacional; a fin de cuentas el triunfo del criterio de muchos sobre la opinión de unos pocos, debe constreñir la acción gubernamental a cuatro aspectos: la defensa nacional y la seguridad pública, el diseño del marco normativo básico para el desarrollo de unas relaciones humanas de tipo voluntario, así como una correcta administración de la justicia para la solución de conflictos, la ejecución de obras de interés general y, por fin, la protección de personas incapaces e incapacitadas, pero siempre evitando entrometerse en materias que son fácilmente configurables por la voluntad autónoma y libre de dos o más individuos. O como vino a decir Milton Friedman:

El gobierno de la mayoría es un recurso necesario y deseable. Sin embargo, es muy diferente al tipo del libertad que un individuo tiene cuando va a comprar a un supermercado. Cuando votamos una vez cada año, apoyamos ideas generales y no propuestas específicas. Si formamos parte de la mayoría, en el mejor de los casos obtendremos las propuestas que apoyamos y aquellas a las que nos opusimos, pero que en conjunto consideramos menos importantes. En general, al final nos solemos encontrar con algo diferente de lo que pensábamos que estábamos votando. Si formamos parte de la minoría, debemos someternos al voto de la mayoría y esperar a que llegue nuestro turno. Cuando votamos cada día en el supermercado, conseguimos exactamente lo que hemos votado, y lo mismo hacen todo los demás. La urna de votos da lugar a un conformismo sin unanimidad; el supermercado, por el contrario genera unanimidad sin conformismo. Por esta razón, es importante utilizar las urnas, si es posible, sólo para las decisiones donde el conformismo resulta esencial.

Dedicado a mi amigo y colega Artur.

CUESTIÓN DE LIBERTAD

2009-10-21T22:11:00.022+02:00

El pasado domingo se manifestaban en Santiago unas cuantas personas entre las que se contaban personalidades gubernamentales como el señor alcalde de la ciudad, el secretario general del PSOE-PSdeG o el excelentísimo Ministro de Justicia -no voy a entrar en el baile de cifras, eso queda para la amarillista prensa patria- bajo un directo eslógan: Queremos gallego. Dejando de lado las motivaciones de cada cual para optar por acudir a la susodicha manifestación, o quedarse en casa, y obviando ciertas actitudes fascisto-comunistoides como los abucheos a los reporteros de la RTVG o el lanzamiento de pintura contra establecimientos del grupo Inditex, la problemática de la coexistencia más o menos armónica de dos lenguas habladas por una población en un mismo territorio que goza de instituciones político-administrativas propias sigue siendo un tema tabú que parte de la sociedad se empeña en utilizar de forma demagógica como un arma política.

Pero lo cierto es que a la inmensa mayoría del país no le supone ni una nimia alteración del sueño las cuestiones identitarias que blancos y negros pretenden camuflar bajo supuestos ataques a una u otra lengua. La inmensa mayoría de los gallegos no tienen grandes problemas de comunicación entre sí aún a pesar de utilizar registros lingüísticos distintos, los roces vienen, como de costumbre, por causa de una intervención gubernamental que en este ámbito, como en otros tantos, llega a ser ridícula. Es totalmente un despropósito que sectores minoritarios de uno y otro lado estén substanciando sus pugnas partidistas usando a las lenguas, y al derecho que los ciudadanos tienen de usarlas, como escudo y como puerta de entrada para una cada vez mayor desmesurada e invasiva regulación estatal.

Realmente no estoy por la oficialidad de una u otra lengua en el seno de la administración, que es el principal canal de relación entre gobernante y gobernado. Creo que en estas cuestiones debe imperar el sano sentido del pragmatismo, y que por ello, en un territorio donde una mayoría rural habla el gallego y una minoría urbana es castellanohablante, el gobierno no debe entrometerse en cuestiones tan de uso social, y sobre todo individual, como los idiomas. Es del todo lógico que un paisano de, vamos a decir, Quiroga, esté en el derecho de que un agente de policía, un juez o un inspector de hacienda se dirijan a él en gallego. Lo mismo para un provinciano natural de Coruña que tenga por lengua vehicular o franca el castellano.

Si la cuestión ya es delicada entre personas libres y responsables, ni que decir tiene que las cosas se complican en el tema de la educación; imagínense. Para los que defendemos la plena responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, el hecho de que el gobierno sea el que decida en que idioma van a estudiar los menores es algo ciertamente peligroso. Decretar la obligación de aprender en gallego o en castellano, o ambos de forma paritaria, es atentar contra la libertad de educación. Claro que ni los más hooligans de ambos bandos se han parado a pensar en todo lo que conlleva esa palabreja que se empeñan en reivindicar hasta la saciedad en sus arengas panfletarias y sus aquellarres multitudinarios: Libertad, la libertad con mayúsculas que posibilita a cada cual actuar conforme a su propio criterio y según lo que considere más beneficioso para su persona, sin más límite que el que señala el aforismo latino Alterum non laedere -no dañar a otro-. Hoy por hoy, debe primar la libertad de cada individuo frente a las pretensiones colectivistas o chovinistas. Por que el idioma, como tantas otras facetas del ser humano, es cuestión de la libertad de cada uno.

ESTADO Y SEGURIDAD PRIVADA

2009-10-15T20:39:00.005+02:00

¿Por qué se han de enviar unidades militares pagadas por el contribuyente -y destinadas por mandato constitucional a la defensa y seguridad nacional- a un conflicto remoto donde España no tiene ningún interés legítimo que esgrimir contra un tercer estado?

Desde luego que los buques con pabellón del Reino de España merecen una protección frente a la piratería somalí, pero, ¿Qué es más adecuado? ¿Que el gobierno envíe unidades militares o que los armadores de los atuneros vascos recurran a una empresa de seguridad privada como Blackwater para garantizar la integridad de sus buques en un escenario lejano y peligroso?

La soberanía estatal es puramente territorial, del mismo modo que el particular que viaja a cierto país tiene la opción de contratar un seguro o incluso una escolta privada para su mayor seguridad personal, los buques que deseen faenar en una zona marítima peligrosa están en su derecho a embarcar contingentes de mercenarios o de seguridad privada para hacer frente a los secuestros y abordajes de grupos de criminales descontrolados. Por que no nos engañemos, en Somalia no hay ningún estado o gobierno que ejerza las funciones básicas de control del territorio, y por ende, no hay sujeto que desde el punto de vista del Derecho Internacional sea responsable de los daños causados a particulares y a bienes de nacionalidad española. En la propia Somalia se han venido instruyendo, a falta de una policía y un ejército estatal, unos cuerpos de seguridad privada contratados por las empresas dedicadas al turismo para garantizar la indemnidad de los complejos hoteleros del país -por cierto, dicen, que de los mejores de África-. Sin duda la mejor solución que tienen hoy por hoy las empresas armadoras que trabajan en los caladeros próximos a la costa somalí es la seguridad privada. La lección es simple, donde el estado carece de jurisdicción -o de medios- para imponer su ley a través de fuerzas militares proliferan las soluciones de la empresa privada, a los efectos mucho más rentables desde el punto de vista económico que las sufragadas por unos incautos ciudadanos a quienes no se les ha perdido nada en las aguas del Índico.

VIVA CHILE

2009-10-11T13:19:00.003+02:00

Tradición militar prusiana y arte folclórico hispano. Curiosa y bonita combinación del Himno del Ejército de Chile, que abre la exhibición, un baile y canción popular del país y un himno recopilatorio de varias canciones e himnos militares chilenos.

*Nota: El uniforme militar de gran gala del Ejército de Chile es prácticamente el mismo que el prusiano, luego alemán, variando sólo los distintivos nacionales propios como el escudo que incorpora el pickelhaube (casco de pincho) en su frontal.